Allanamientos e intervenciones estatales vulneran la autonomía universitaria en Latinoamérica
Aula Abierta presenta su Boletín Informativo N.º 44, titulado “Situación de la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos de los universitarios en Latinoamérica”, en el que sistematiza hallazgos y denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos en 10 países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela; entre julio y septiembre de 2026.
En este marco, Aula Abierta visibiliza con especial preocupación el patrón de injerencia estatal, vulneración de la autonomía e irrupción policial/judicial, el cual comprende el ingreso no autorizado o desproporcionado de cuerpos de seguridad, allanamientos armados, intervenciones administrativas por órganos gubernamentales y proyectos ejecutivos que violan el autogobierno institucional.
Protocolo ejecutivo podría autorizar el ingreso de la Fuerza Pública en recintos de Colombia
En Colombia, el 14 de septiembre de 2026, el Ejecutivo Nacional hizo público un nuevo protocolo de seguridad presuntamente orientado a autorizar el ingreso de la Policía Nacional a las instituciones públicas de educación superior en los casos donde las manifestaciones deriven en alteración del orden público. Bajo la premisa de que la autonomía universitaria «no está por encima del orden público», la medida establece causales para la intervención directa de la Fuerza Pública dentro de los predios universitarios.
Ante esta decisión, Aula Abierta manifiesta su profunda preocupación y advierte que el argumento del Ejecutivo construye un relato que podría criminalizar los espacios académicos y amenazar el derecho a la reunión pacífica. Esta orden ejecutiva vulnera el Artículo 69 de la Constitución de Colombia, el cual garantiza la autonomía universitaria y faculta a las casas de estudio a darse sus propias directivas y estatutos.
Intervención administrativa y suspensión de autoridades en Ecuador
Por otro lado, en Ecuador, el Consejo de Educación Superior (CES) resolvió el 15 de julio de 2026 iniciar un proceso de intervención por 90 días en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UAW). La medida dispuso la suspensión de sus máximas autoridades e instituyó una Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) para asumir la rectoría y administración temporal del centro de estudios.
Sobre este caso, Aula Abierta invoca el Principio IV de los Principios Interamericanos de la CIDH, recordando que la autonomía implica una garantía sustancial de autogobierno e independencia funcional. Los Estados tienen la obligación de respetar las estructuras de gobierno interno, impidiendo que los mecanismos administrativos o las presiones financieras sean utilizados como vía indirecta de control e interferencia sobre la misión institucional.
Allanamientos e irrupción armada de la fiscalía y la policía en Guatemala
De igual manera, en Guatemala, entre la tarde del 18 y la madrugada del 19 de septiembre de 2026, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil ejecutaron un allanamiento e inspección dentro del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Durante el operativo, autorizado por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, las autoridades incautaron equipos informáticos, inspeccionaron bases de datos y detuvieron a un trabajador administrativo sin orden formal de aprehensión, generando denuncias por el despliegue desproporcionado de armamento y uso coercitivo de la fuerza.
Ante estos hechos, Aula Abierta expresa su profunda alarma frente a la irrupción de organismos estatales armados dentro del recinto universitario. El despliegue de operativos policiales y judiciales con uso coercitivo de la fuerza atenta contra la inviolabilidad de los recintos de enseñanza superior, transgrediendo el artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los Principios II y VI de los Principios Interamericanos de la CIDH.
Imposición de autoridades e interinatos prolongados cooptan la autonomía en Venezuela
Finalmente, en Venezuela, el informe visibiliza una sistemática erosión del autogobierno democrático en múltiples casas de estudio. En la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora» (UNELLEZ), el Ejecutivo Nacional formalizó mediante la Resolución N.º 011 la designación de un rectorado interino sin consulta ni comicios democráticos. De forma paralela, el 16 de septiembre de 2026, la comunidad de la Universidad Simón Bolívar (USB) exigió la realización inmediata de elecciones rectorales para poner fin al interinato de autoridades nombradas unilateralmente por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Asimismo, el 30 de septiembre de 2026, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) denunciaron que llevan 14 años sin procesos electorales, recurriendo a figuras provisorias de «encargados».
Frente a esta coyuntura, Aula Abierta alerta que la imposición y prolongación indefinida de autoridades interinas por órganos gubernamentales constituye una anomalía institucional que vulnera el Principio II de la CIDH y el Artículo 9 de la Ley de Universidades de Venezuela. La organización condena las medidas de cooptación y exige al Estado venezolano garantizar las condiciones legales para que las universidades convoquen elecciones rectorales libres, transparentes y plurales que restituyan el derecho de las comunidades a dirigir su propio destino.
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