El Poder Ejecutivo venezolano ha institucionalizado una política que utiliza la reducción progresiva y selectiva del presupuesto universitario como un mecanismo de control político dirigido a castigar a universidades con comunidades académicas críticas a violaciones de derechos humanos y al debilitamiento democrático. Desde Aula Abierta se advierte que estas prácticas implican asfixia financiera, opacidad, falta de transparencia y manejo discrecional...