Escalada de violencia, ataques armados y amenazas atentan contra las universidades de Latinoamérica
Aula Abierta publicó su Boletín Informativo N.º 44, titulado “Situación de la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos de los universitarios en Latinoamérica”, correspondiente al período julio-septiembre de 2026. El boletín sistematiza hallazgos y denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades académicas en 10 países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.
Durante el trimestre analizado, el monitoreo identificó un patrón crítico de restricciones, agresiones físicas, asfixia presupuestaria e injerencia estatal contra la educación superior pública y privada en Latinoamérica. Dentro de este contexto, Aula Abierta visibiliza con especial alarma los hechos enmarcados en el patrón de violencia, hostigamiento e inseguridad en entornos universitarios, el cual engloba ataques físicos, presencia de grupos de choque, violencia armada, amedrentamiento paramilitar y vulneraciones graves a la integridad de los campus. A continuación presentamos los casos documentados:
Destrucción de la memoria histórica y vandalismo
En Argentina, el 24 de julio de 2026, miembros de la comunidad universitaria denunciaron presuntos actos de vandalismo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Durante la incursión de un grupo de encapuchados, fueron dañadas con pintura en aerosol las placas en homenaje a estudiantes desaparecidos en las décadas de los años 70 y 80, así como el mural en memoria del Che Guevara, banderas representativas de los pueblos originarios y consignas relativas a la situación en Palestina, sobre las cuales se estamparon mensajes y expresiones de carácter discriminatorio. Dichas acciones sucedieron a un incidente previo ocurrido el 7 de julio, en el cual un docente intervino el mural de la mencionada facultad.
Ante los hechos documentados, Aula Abierta alerta que los ataques deliberados contra los espacios universitarios intentan socavar el pluralismo, la libertad de pensamiento y la convivencia democrática en el sector. En respuesta, se exhorta a las autoridades del Estado argentino a realizar una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales y aplicar las sanciones correspondientes para evitar la impunidad.
Asimismo, resulta imperativo recordar los postulados fundamentales de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO (1995), instrumento indispensable para la preservación de la democracia y la paz social, cuyo Artículo 1 establece:
1.1 La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz.
1.2 Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás; en ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados.
1.3 La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo (comprendiendo el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de Derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.
1.4 Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas; significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas; significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. También significa que uno no ha de imponer sus opiniones a los demás.
La vigencia de estos principios exige que las autoridades garanticen la protección de los campus universitarios como espacios de encuentro, debate diverso y memoria, erradicando toda forma de violencia ideológica o dogmatismo que atente contra el Estado de Derecho.
Amenazas, violencia física y persecución sindical en Colombia
Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) vivió hechos de amedrentamiento y agresiones. El 30 de junio de 2026, la Rectoría emitió la Declaración No. 15 tras conocerse denuncias de amenazas de muerte contra un estudiante en la Sede Bogotá por parte de personas identificadas como integrantes del grupo paramilitar «Águilas Negras». Frente a estos actos, Aula Abierta enfatiza que, de conformidad con los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades académicas mediante investigaciones celeres y eficaces que desarticulen los factores de riesgo.
Posteriormente, el 29 de julio de 2026, personas encapuchadas ingresaron al campus de la UNAL Sede Bogotá y agredieron con armas cortopunzantes a tres estudiantes en el marco de disputas por la retirada de pancartas con contenido ideológico.
Asimismo, el 12 de agosto de 2026, el Sindicato Mixto de Trabajadores de Universidades Públicas Nacionales (SINTRAUNAL) denunció una escalada de persecución sistemática que incluyó amenazas de muerte grabadas dirigidas a la directiva, hostigamiento presencial por parte de individuos armados, perfilamiento de afiliados, destrucción de material informativo y la emisión de panfletos de estructuras paramilitares declarándolos objetivo bélico. Al respecto, Aula Abierta alerta sobre la grave vulneración del derecho a la libertad de asociación y a la libertad sindical garantizados en el PIDCP y los Convenios de la OIT, exigiendo entornos seguros y la resolución de conflictos a través de vías pacíficas e institucionales.
Amenazas a la seguridad de los campus en Ecuador
De igual forma, en Ecuador se registraron alertas graves que atentaron contra la tranquilidad de la comunidad académica. El 2 de septiembre de 2026, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Quito dispuso la evacuación preventiva de sus instalaciones y la suspensión de clases presenciales tras recibir una amenaza contra la seguridad del recinto. De manera concurrente, en la Facultad de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador (UCE) se activaron protocolos de emergencia ante antecedentes de mensajes intimidatorios.
Ante los hechos registrados, Aula Abierta manifiesta su profunda preocupación por las amenazas e incidentes de violencia que vulneran a la comunidad universitaria. La situación descrita compromete el derecho a la educación en un entorno seguro. En este sentido, se recuerda que es obligación del Estado garantizar la seguridad ciudadana e implementar programas y estrategias integrales de prevención y resguardo, tanto en los recintos universitarios liderados por la comunidad académica, como en sus zonas periféricas y vías de acceso, asegurando las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de las actividades académicas y el resguardo de la comunidad universitaria.
Grupos de choque y uso de armas de fuego en Guatemala
En Guatemala, el 1 de julio de 2026, se registraron actos de violencia armada en las adyacencias del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Durante las protestas en rechazo a la reelección del rector Walter Mazariegos, «grupos de choque no identificados» dispararon armas de fuego y proyectiles contra los estudiantes, provocando que un manifestante resultara herido en el rostro por el impacto de un mortero lanzado desde el interior del recinto, mientras efectivos de la Policía Nacional Civil se mantuvieron al margen.
Aula Abierta alerta que el empleo de armas de fuego y la presencia de grupos de choque armado dentro o alrededor de las instalaciones universitarias atenta contra los derechos humanos de los universitarios. De conformidad con los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, el principio de autonomía exige la protección estricta e inviolabilidad de los espacios universitarios frente a agresiones de actores estatales o no estatales. Las autoridades públicas y de las casas de estudio tienen la obligación de salvaguardar el campus como un entorno seguro e inmune a actos de coacción.
Violencia feminicida contra universitarias en México
Finalmente, en el estado de Morelos, México, se documentó un patrón crítico de violencia con perspectiva de género que afecta a las estudiantes. El 12 de septiembre de 2026, una estudiante de la Universidad de Granada (España) que cursaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) falleció en Cuautla tras sufrir un asalto con arma blanca. Este crimen representó el cuarto homicidio registrado en 2026 contra estudiantes de la UAEM, sumándose a los feminicidios de tres jóvenes ocurridos en los meses de febrero, marzo y junio en distintos municipios del estado.
Ante esta preocupante realidad, Aula Abierta manifiesta su alarma por los patrones de violencia machista en los entornos universitarios y sus rutas de acceso, exigiendo al Estado mexicano investigar estos crímenes con debida diligencia y perspectiva de género, así como diseñar medidas de prevención y seguridad reforzada para garantizar el derecho de las mujeres a una educación superior en condiciones de seguridad e igualdad.
Lea el Boletín N° 44 completo aquí:
