Aula Abierta documenta 34 incidentes que vulneran los derechos humanos tras los terremotos en Venezuela
Venezuela | La organización no gubernamental Aula Abierta publicó un informe preliminar en el cual sistematiza un total de treinta y cuatro (34) incidentes que vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, registrados entre el 24 de junio y el 15 de julio de 2026 en el marco de la contingencia post-sísmica.
El reporte expone la existencia de patrones de control y restricción estatal que contravienen los principios de transparencia, rendición de cuentas y manejo eficiente de los recursos para la asistencia humanitaria, así como agresiones que afectan la labor de rescatistas, el ejercicio del periodismo y la acción de las comunidades.
Hallazgos documentados
De acuerdo con el monitoreo implementado por Aula Abierta, los 34 eventos documentados se desglosan de la siguiente manera:
- Obstaculización a la asistencia humanitaria (9 casos): Se registraron impedimentos institucionales a equipos de rescate independientes y misiones humanitarias internacionales, tales como la revocación de permisos de ingreso al «Equipo Médico de Emergencia Nivel 1» coordinado por ISAR Alemania y la Federación Samaritana de Trabajadores de Austria; trabas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a un contingente universitario de la Universidad Simón Bolívar (USB) en La Guaira; hostigamiento militar bajo acusaciones de «espionaje» a la organización Topos de Chile; y la retención por parte de la GNB de siete vehículos de carga pesada con insumos gestionados por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV).
- Cierre de centros de acopio y plataformas civiles (4 casos): Se evidenció la restricción del espacio cívico mediante la prohibición del funcionamiento de receptorías independientes por la Alcaldía del municipio Campo Elías (Mérida); el impedimento por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a un centro de recolección de estudiantes de la Universidad Santa María (USM) en Caracas; el hostigamiento y vigilancia fotográfica en un centro de acopio autónomo en Cumaná (Sucre); y la suspensión definitiva de la plataforma digital de enlace lingüístico Interp-Aid debido al seguimiento de organismos de inteligencia a sus traductores voluntarios.
- Instrumentalización política y propagandística (4 casos): El monitoreo identificó la paralización temporal de actividades operativas de salvamento de brigadas internacionales para incorporarlas a agendas protocolares con fines mediáticos; la cooptación de espacios de coordinación técnica; denuncias de adjudicación indebida de donaciones privadas por parte de funcionarios de la Alcaldía de Caracas en La Pastora; y presiones de medios estatales contra el líder de la brigada Topos Azteca de México para forzar declaraciones alineadas a narrativas gubernamentales.
- Opacidad en la infraestructura de salud (1 caso): Se denunció la falta de información estatal respecto al destino de 71 toneladas de insumos clínicos humanitarios suministrados en febrero de 2026, lo cual profundiza la crisis sanitaria estructural de los hospitales públicos para dar respuesta oportuna a los pacientes lesionados por los sismos.
- Detenciones y retenciones arbitrarias (3 casos): Se documentó la privación temporal de libertad, como mecanismo de intimidación, contra dos estudiantes de la USB que trasladaban apoyo logístico desde la frontera con Colombia; la retención temporal del periodista Luis Hugas y confiscación de sus equipos de trabajo en Chacao; y la incomunicación por 48 horas y posterior excarcelación con medidas cautelares del rescatista voluntario Wilmer Cruz en La Guaira, luego de haber declarado públicamente sobre la escasez de personal especializado en la zona costera.
- Presuntos actos de corrupción (3 casos): En contraste con los estándares interamericanos de la CIDH, se documentó la confiscación arbitraria de insumos en un centro de acopio civil por parte de funcionarios de la Alcaldía del municipio Arístides Bastidas (Yaracuy), y la pérdida de tres bultos de un cargamento de asistencia hospitalaria procedente de España en el Aeropuerto de Valencia (Carabobo), prácticas interpretadas bajo criterios analíticos de clientelismo y desvío de bienes para el control político.
- Limitaciones a la libertad de prensa y expresión (8 casos): Se registraron restricciones físicas, hostigamientos verbales y coacción a reporteros de medios de comunicación (tales como Efecto Cocuyo, Venevisión, Televen y Radio Fe y Alegría) en centros de salud y perímetros públicos de Caracas, Falcón y Bolívar. Adicionalmente, el Ministerio de Comunicación (Minci) suspendió por 48 horas el acceso de agencias internacionales a La Guaira, y la Oficina de Información Regional de la Gobernación de Sucre emitió directrices de censura previa prohibiendo a los medios locales difundir datos estadísticos o listas de damnificados independientes.
- Afectaciones a la universidad venezolana (2 casos): La Universidad Central de Venezuela (UCV) sufrió afectaciones estructurales en la Plaza Cubierta del Rectorado, el Paraninfo y la Facultad de Arquitectura producto del sismo, eventos atendidos de emergencia mediante apuntalamientos técnicos y que evidencian la vulnerabilidad financiera institucional ante la falta de presupuesto. Asimismo, se reportaron campañas fraudulentas en plataformas digitales orientadas a la usurpación de la identidad financiera de dicha casa de estudios.
Exigencias y recomendaciones
Ante los hallazgos descritos, la organización formula las siguientes exigencias al Estado venezolano:
- Cese inmediato de los actos de hostigamiento, vigilancia y amedrentamiento contra rescatistas, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la comunidad universitaria.
- Garantía de libre tránsito y eliminación de barreras burocráticas, aduaneras o militares que impidan el ingreso y traslado de la asistencia humanitaria.
- Derogación inmediata de las directrices administrativas de censura que limitan el libre ejercicio del periodismo independiente y el acceso a la información pública.
- Rendición de cuentas transparente sobre la localización y distribución de los insumos clínicos destinados a la red asistencial pública.
Por último, Aula Abierta exhorta a los organismos internacionales de protección a desplegar misiones de monitoreo in situ, adoptar medidas urgentes de protección para los actores humanitarios en el terreno y requerir la suscripción de un Memorando de Entendimiento Operativo que preserve los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia operativa en la gestión del desastre.
