Aula Abierta visibiliza el impacto post-sísmico en las universidades venezolanas: entre daños estructurales, asfixia presupuestaria y detenciones temporales
Venezuela | Tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio de 2026 y sus posteriores réplicas telúricas, la organización no gubernamental Aula Abierta expuso las afectaciones directas que ha sufrido la comunidad universitaria en Venezuela.
En el informe preliminar titulado “Vulneraciones a los derechos humanos en el contexto post-sísmico en Venezuela” revela una crisis multidimensional donde las casas de estudio afrontan daños de carácter estructural en su planta física, vulneraciones a su seguridad digital y detenciones arbitrarias temporales contra sus miembros, en medio de una situación preexistente de asfixia presupuestaria.
Asimismo, Aula Abierta constató patrones de restricción que limitan el espacio cívico en el país, contraviniendo las disposiciones de la Constitución Nacional y las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección de los derechos humanos.
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Diagnóstico de la infraestructura: Daños en la Universidad Central de Venezuela
El 29 de junio de 2026, se notificó el cierre preventivo y la clausura de la Plaza Cubierta del Rectorado de la UCV tras inspecciones especializadas de arquitectos e ingenieros que detectaron fallas de compresión y fracturas en columnas de soporte fundamentales. Comisiones técnicas atendieron de emergencia el desplazamiento horizontal y descenso de 7 centímetros de una losa de concreto sobre el área de los sanitarios del Paraninfo, estructura que debió ser sobreelevada mediante un gato hidráulico y apuntalada con refuerzos metálicos.
Asimismo, se reportaron daños en los sistemas de columnas en la salida hacia el estacionamiento de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU).
El decano de la Facultad de Ingeniería de la UCV, Dr. Julio Molina, confirmó que si bien el campus no sufrió una afectación estructural generalizada de gravedad, se han apuntalado zonas vulnerables del pasillo cubierto para estabilizarlas ante las réplicas.
Además, el docente aclaró que la universidad no cuenta con partidas presupuestarias institucionales para atender esta contingencia, por lo que próximamente se realizará una evaluación a profundidad sobre los daños y se discutirá un plan para abordar la situación.
Vulneración digital y usurpación de identidad financiera
Paralelamente a los daños físicos sufridos en su planta arquitectónica, la UCV enfrentó una agresión en su entorno virtual que afectó su seguridad digital. A raíz de esta situación, las autoridades universitarias y las representaciones estudiantiles alertaron sobre la circulación de campañas falsas y fraudulentas de recolección de fondos monetarios en plataformas digitales, promovidas por personas no identificadas que usurpan la denominación oficial de la casa de estudios.
Frente a este escenario de desinformación, la UCV emitió un comunicado oficial aclarando que la casa de estudios no solicita ni ha autorizado a terceros la recepción de recursos económicos en moneda nacional o divisas. En su lugar, la institución ratificó que el apoyo civil se canaliza de forma exclusiva mediante insumos físicos recolectados en el centro de acopio principal de la Plaza del Rectorado, bajo la gestión autónoma de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV).
Incidentes de seguridad y retención de estudiantes de la USB
En el ámbito de la seguridad de los integrantes de la comunidad académica, la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (FCEUSB) y la Asociación de Profesores (APUSB) denunciaron la detención temporal de los estudiantes Abraham Alfonzo de Jesús Ascanio y Ariana Isamar, el pasado 27 de junio de 2026.
El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de seguridad del Estado en el paso fronterizo de Ureña, estado Táchira, cuando los ciudadanos trasladaban desde Colombia un cargamento de asistencia humanitaria (dos plantas eléctricas, 100 metros de cableado técnico y 30 luminarias) adquirido lícitamente para apoyar a comunidades desprovistas de energía eléctrica en Caracas y La Guaira. Aula Abierta confirmó que los estudiantes fueron liberados horas después del incidente y se permitió el ingreso regular de los donativos.
Activación de la autonomía universitaria y aportes de la academia
Pese al cerco financiero y a las restricciones estatales, diversas instituciones de educación superior en Venezuela activaron sus protocolos de emergencia y redes de solidaridad desde el inicio de la contingencia.
En el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), los estudiantes acompañados por las autoridades establecieron en la sede de la FCU el punto de recepción y distribución de donaciones físicas más grande del país. Asimismo, su cuerpo de Bomberos Universitarios planificó campamentos de asistencia en La Guaira, mientras que comisiones de estudiantes y profesores de la Escuela de Ingeniería Civil iniciaron despliegues logísticos para ejecutar inspecciones de infraestructura en edificaciones civiles del Distrito Capital.
La Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) activaron sus sedes y núcleos como centros de acopio. Además, la ULA movilizó a su cuerpo de Bomberos Universitarios hacia Caracas para incorporarse a las tareas de búsqueda y salvamento.
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) también activó mecanismos de respuesta humanitaria,como la atención en primeros auxilios psicológicos a las víctimas de los terremotos, donación de suministros básicos y peritajes técnicos en edificaciones afectadas.
Exigencias al Estado venezolano
Ante los casos documentados, Aula Abierta enfatiza que el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación —garantizado en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y los artículos 52, 53 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela— constituye un pilar fundamental para la operatividad de la sociedad civil, adquiriendo una dimensión crítica durante emergencias humanitarias.
A criterio de la organización, la respuesta estatal se ha caracterizado por implementar un patrón sistemático de obstrucción de facto, militarización del auxilio y criminalización de la solidaridad, distanciándose del principio de complementariedad de la ayuda humanitaria estipulado en los estándares internacionales. La instrumentalización de narrativas de seguridad nacional, controles territoriales e imposición de trabas burocráticas anula el ejercicio del activismo humanitario y de la libre asociación, además de dejar en estado de vulnerabilidad a las víctimas de los terremotos. Por ende, la organización advierte que esta política de monopolización restrictiva frente a la contingencia configura una violación interseccional que incrementa de forma deliberada el riesgo de morbilidad y mortalidad de las víctimas que permanecen afectadas en las zonas de desastre.
En consecuencia, la organización exige al Estado venezolano, en primer lugar, el cese inmediato de los actos de hostigamiento, criminalización, vigilancia y amedrentamiento ejecutados por los cuerpos de seguridad contra activistas universitarios, estudiantes en labores de voluntariado, profesores, rescatistas independientes y defensores de derechos humanos que operan en las zonas vulnerables, fronteras, carreteras nacionales, centros de acopio y refugios.
Asimismo, se insta a la asignación y transferencia urgente de un presupuesto digno y extraordinario para las universidades públicas afectadas, con el objeto de que las comisiones técnicas autónomas puedan ejecutar las obras de reparación, apuntalamiento y reconstrucción necesarias en su planta física e infraestructura patrimonial, revirtiendo la política de asfixia presupuestaria que compromete la seguridad de la comunidad académica.
Por otra parte, se demanda la garantía del libre tránsito y acceso de suministros recolectados por las casas de estudio, mediante el levantamiento definitivo de barreras policiales o militares que impiden al movimiento estudiantil y profesoral trasladar de forma autónoma equipos de rescate y donaciones hacia las comunidades damnificadas.
Finalmente, se solicita la derogación de las directrices de censura que condicionan la labor de la prensa en la cobertura de la emergencia, junto a una rendición de cuentas transparente que precise el destino de los insumos médicos desaparecidos en la red hospitalaria pública, permitiendo que la comunidad científica y universitaria participe activamente en la contraloría y peritaje de la respuesta técnica ante el desastre.
