Aula Abierta documenta 31 potenciales incidentes que vulneran los derechos humanos tras los terremotos en Venezuela
Venezuela | La organización no gubernamental Aula Abierta documentó un total de treinta y uno (31) potenciales incidentes que vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, registrados entre el 24 de junio y el 6 de julio de 2026, tras los terremotos y sus posteriores réplicas telúricas.
A través del monitoreo, la organización constató el empleo de patrones de control y restricción estatal contra organizaciones de la sociedad civil. Estas acciones afectaron directamente la labor de los grupos rescatistas independientes, las comunidades universitarias, equipos de prensa y la seguridad jurídica de los ciudadanos en las zonas impactadas, contraviniendo las medidas de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia.
Balance de las afectaciones
La documentación realizada por Aula Abierta durante la contingencia post-sísmica desglosa las afectaciones globales en siete eventos de obstaculización táctica y militar a equipos de rescate independientes y misiones humanitarias internacionales, cuatro clausuras forzosas o actos de hostigamiento contra centros de acopio y redes civiles de voluntariado, y cuatro episodios de instrumentalización y cooptación político-propagandística de personal de salvamento especializado.
Asimismo, se registró un caso de opacidad y desvío de insumos clínicos, dos casos de detenciones arbitrarias y retenciones policiales a estudiantes universitarios y a un trabajador de la prensa, tres posibles casos de corrupción confirmados, ocho agresiones directas dirigidas a limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información, y dos casos que vulneran directamente a la universidad venezolana.
Limitaciones o restricciones a la libertad de reunión y asociación
En contextos de emergencia humanitaria y desastres de origen natural, el pleno ejercicio de las libertades fundamentales adquiere una dimensión crítica, pues se materializa a través del derecho a defender derechos, organizar esfuerzos cívicos de socorro y coordinar el despliegue de asistencia técnica independiente para salvaguardar la vida y la integridad de las poblaciones vulneradas.
Sin embargo, el levantamiento de información en el escenario post-sísmico de junio de 2026 evidencia una grave contracción del espacio cívico por parte del Estado venezolano. Como se expone en el informe preliminar presentado por Aula Abierta, el Estado ha instrumentalizado narrativas infundadas de seguridad nacional y control territoriales, tales como presunciones de «espionaje» o exigencias burocráticas discrecionales, para justificar la paralización de operaciones de búsqueda y salvamento, la confiscación arbitraria de logística humanitaria y la revocación de salvoconductos a misiones médicas especializadas. Este patrón restrictivo se manifestó en los siguientes hechos:
El 28 de junio, Aula Abierta registró la cancelación del despliegue del Equipo Médico de Emergencia Nivel 1, coordinado por el International Search and Rescue Advisory Group (ISAR) de Alemania y la Federación Samaritana de Trabajadores de Austria (Samariterbund). Pese a que el Estado venezolano había manifestado previamente la necesidad de asistencia, el Ministerio del Poder Popular para la Salud revocó los permisos de ingreso cuando el contingente de 41 especialistas se encontraba movilizado en el Aeropuerto Militar de Wunstorf, Alemania.
Esta misma dinámica de bloqueo a la ayuda externa se replicó internamente contra el movimiento estudiantil y el voluntariado civil, quienes han enfrentado barreras de acceso a las zonas de desastre. El mismo 28 de junio, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) interceptaron y retuvieron en el sector Pueblo Seco una caravana de 15 vehículos organizados por miembros de la comunidad de la Universidad Simón Bolívar (USB) con suministros de emergencia destinados a Naiguatá y la costa del estado La Guaira, obligando a los voluntarios a remover físicamente los obstáculos colocados en la vía.
Asimismo, el 29 de junio, cuando la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) denunció la interceptación por parte de la GNB de siete vehículos de carga pesada con insumos humanitarios provenientes de la Gran Sabana hacia el centro de acopio de la UCV en Caracas, desconociéndose el paradero de los vehículos y de los conductores. De forma simultánea a estos cercos logísticos contra la comunidad universitaria, se reportó que la GNB impidió el acceso de cargamentos de agua potable recolectados de manera autónoma por iniciativas vecinales en el sector Parque del Oeste (Gato Negro), en Caracas.
Hostigamiento a rescatistas bajo argumentos de «espionaje»
Más allá del bloqueo en el transporte de insumos, las restricciones estatales se tradujeron en interferencias directas contra los equipos operativos en el terreno. El 29 de junio, el representante de la organización internacional Topos de Chile, Francisco Lermanda, denunció que funcionarios militares armados interrumpieron las labores de búsqueda en estructuras colapsadas para exigir reiteradamente la documentación al personal bajo el argumento de “sospechas de espionaje”, demorando operaciones críticas contrarreloj. Durante los procedimientos, se reportó además la confiscación del teléfono celular de un rescatista tras fotografiar a un joven de 14 años atrapado con síndrome compartimental, con el fin de realizar una consulta médica externa.
Por otro lado, la ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció que el 1 de julio, agentes del CONAS, el SENIAT y grupos civiles armados impusieron un bloqueo perimetral en los refugios supervisados por el Equipo de Coordinación y Atención Médica Francisco Pimentel. Las autoridades restringieron el ingreso de alimentos, fórmulas infantiles y agua potable de la sociedad civil, manteniendo bajo llave los salones de almacenamiento. Asimismo, los damnificados alertaron sobre el suministro de alimentos en estado de descomposición y la existencia de amenazas para evitar protestas por las condiciones de salubridad.
Exigencias al Estado venezolano
Ante los casos documentados, Aula Abierta enfatiza que el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación —garantizado en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y los artículos 52, 53 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela— constituye un pilar fundamental para la operatividad de la sociedad civil, adquiriendo una dimensión crítica durante emergencias humanitarias.
A criterio de la organización, la respuesta estatal se ha caracterizado por implementar un patrón sistemático de obstrucción de facto, militarización del auxilio y criminalización de la solidaridad, distanciándose del principio de complementariedad de la ayuda humanitaria estipulado en los estándares internacionales. La instrumentalización de narrativas de seguridad nacional, controles territoriales e imposición de trabas burocráticas anula el ejercicio del activismo humanitario y de la libre asociación, además de dejar en estado de vulnerabilidad a las víctimas de los terremotos. Por ende, la organización advierte que esta política de monopolización restrictiva frente a la contingencia configura una violación interseccional que incrementa de forma deliberada el riesgo de morbilidad y mortalidad de las víctimas que permanecen afectadas en las zonas de desastre.
En consecuencia, la organización exige al Estado venezolano, en primer lugar, el cese inmediato de los actos de hostigamiento, vigilancia y amedrentamiento ejecutados por los cuerpos de seguridad contra defensores de derechos humanos, rescatistas independientes, traductores voluntarios, equipos internacionales y activistas universitarios en las zonas vulnerables, centros de acopio y refugios.
Asimismo, se insta a la garantía del libre tránsito y acceso de suministros humanitarios mediante el levantamiento de barreras aduaneras, policiales o militares en fronteras y carreteras nacionales, permitiendo a los equipos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil el ingreso y traslado de insumos directamente a las comunidades.
Por otra parte, se solicita la derogación inmediata de las directrices de censura aplicadas por ministerios u Oficinas de Información Regional que restringen o condicionan la labor de la prensa en la cobertura de la emergencia.
Finalmente, la organización demanda una rendición de cuentas e investigación transparente, articulada en conjunto con comisiones gremiales y la sociedad civil, sobre el destino y la localización de las toneladas de insumos médicos de asistencia humanitaria internacional cuya ubicación regular no ha sido precisada dentro de la red hospitalaria pública.
- Sobre el impacto post-sísmico en las universidades venezolanas, Aula Abierta realizará una próxima publicación.
