Nuevo informe de Aula Abierta alerta sobre política de Estado dirigida a asfixiar el espacio cívico de la comunidad universitaria en Venezuela
Venezuela | La libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela y la región latinoamericana han dejado de ser un elemento secundario en las crisis políticas para convertirse en el blanco estratégico de regímenes autoritarios que buscan desarticular el pensamiento crítico y el activismo de las organizaciones de la sociedad civil. Así lo demuestra la organización internacional de derechos humanos Aula Abierta en su más reciente informe de investigación titulado “Universidades bajo presión: espacio cívico, libertad académica y resiliencia en Venezuela y América Latina”.
A partir del monitoreo del contexto venezolano en una visión comparativo con Cuba, Nicaragua y Argentina entre los años 2020 y 2025, la investigación devela una política de Estado en Venezuela dirigida a asfixiar el espacio cívico de la comunidad universitaria. Esta ofensiva —que se ejecuta mediante el uso de la fuerza, leyes restrictivas y la persecución judicial— traspasa las fronteras venezolanas y se presenta como un modelo que puede copiarse en otros países con instituciones débiles, lo que representa un golpe directo a las bases sociales que sostienen a la democracia en la región.
La investigación integra una revisión documental de leyes nacionales, decisiones judiciales y datos presupuestarios, contrastada empíricamente con 20 entrevistas a académicos, líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos. Asimismo, el proceso incorporó la realización de grupos focales y tres talleres de validación colaborativa con expertos de Argentina, Cuba y Nicaragua. Los informes técnicos y las recomendaciones de políticas públicas derivados de este estudio serán presentados formalmente ante los Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Política de Estado orientada a la captura institucional
El informe de Aula Abierta demuestra que la universidad autónoma venezolana ha operado como uno de los últimos bastiones del espacio cívico dentro de un entorno de cierre democrático sistemático, caracterizado por la CIDH como de «ausencia del estado de derecho» y donde la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado crímenes de lesa humanidad.
Para contrarrestar esta función cívica, en el estudio se ha identifica una política de Estado coordinada por los tres poderes públicos:
Asfixia financiera extrema (Poder Ejecutivo): Durante el periodo evaluado, las asignaciones a las principales universidades autónomas cubrieron menos del 3% de lo solicitado. El Rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci Rossini, denunció que para el año 2026 la institución cuenta con una asignación de entre 3 y 3.32 millones de bolívares; sin embargo, en enero de 2026 el Ejecutivo debía transferir 162,8 millones de bolívares exclusivamente para gastos de funcionamiento y la universidad recibió apenas 500.000 bolívares (un ínfimo 0,31% de lo correspondiente). Esta asfixia se complementa con la centralización de nóminas en el Sistema Patria, la imposición de «protectorados» y la intervención inconsulta de infraestructura a través de la Gran Misión Venezuela Bella.
Arquitectura legal represiva (Poder Legislativo): El uso de la Ley Orgánica de Educación para alterar ilegalmente la gobernanza interna, sumado a la tríada punitiva de la Ley contra el Odio, la Ley Anti-ONG y la Ley Antiterrorista, ha instrumentalizado el marco legal para criminalizar la cooperación internacional y la investigación científica. El experto José Vicente Haro advirtió que para una efectividad real de cualquier amnistía y la reconstrucción del espacio cívico, es imperativo derogar esta legislación de control.
Persecución judicial (Poder Judicial): El informe destaca la Sentencia N.º 0324 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como la máxima expresión de la anulación de la autonomía democrática universitaria. A través de este dictamen, el Poder Judicial ha bloqueado de forma sistemática la realización de procesos electorales internos en instituciones relevantes como la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad de Carabobo (UC), impidiendo la renovación legítima de sus autoridades. En escenarios aún más críticos, como el de la Universidad Simón Bolívar (USB), la imposición de autoridades rectorales mediante mecanismos totalmente irregulares y de espaldas a la comunidad académica ha sustituido la voluntad soberana del campus, consolidando un patrón de captura institucional que asfixia la gobernanza democrática desde los tribunales.
Criminalización de los universitarios bajo la narrativa del «terrorismo»
La dimensión más severa de esta persecución se traduce en una política de estigmatización y violencia política. Aula Abierta documentó que, entre enero y octubre de 2025, al menos 22 personas de la comunidad académica fueron detenidas arbitrariamente bajo narrativas de terrorismo, registrándose el uso de la desaparición forzada en más de la mitad de los casos. La tasa de universitarios judicializados bajo cargos de terrorismo ascendió alarmantemente del 20% en 2024 al 37% en 2025.
Como hito de esta violencia intramuros, el informe reseña el hostigamiento sufrido el 12 de febrero de 2026 por el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguel Ángel Suárez, quien tras liderar una movilización pacífica por el Día de la Juventud para exigir una amnistía general, fue acosado por cuerpos de seguridad y civiles no identificados dentro del propio campus universitario.
Diálogo regional y riesgo de «contagio normativo»
En el marco de la validación del informe, el programa radial institucional de Aula Abierta, titulado “Universidad, espacio cívico y democracia”, congregó a destacados académicos de la región conducidos por los profesores David Gómez Gamboa y Ricardo Villalobos. El panel de expertos de Cuba, Nicaragua y Argentina concluyeron que el riesgo de «contagio normativo» del modelo restrictivo venezolano es real y visible en la región, operando como una alerta temprana para los sistemas de educación superior de América Latina. En este sentido, el académico nicaragüense Ernesto Medina coincidió en evaluar el impacto de estas políticas restrictivas como un asalto directo a la infraestructura social de las democracias continentales.
Pese al asedio, el informe destaca que las universidades han desarrollado un repertorio de estrategias de resiliencia articuladas por la comunidad académica, tales como la memoria histórica, la internacionalización proactiva de las denuncias, la autogestión y las alianzas con la sociedad civil (como la plataforma FEDEHU). Expertos como Juan Barreto, Miguel Barone y Ligia Bolívar enfatizaron que la documentación técnica con rigor científico eleva el costo político de la represión y sitúa los derechos universitarios firmemente en la agenda internacional. Asimismo, el exrector de la Universidad del Zulia ( LUZ) Ángel Lombardi planteó que, ante una futura transición, la reconstrucción operativa sostenible de la academia debe proyectarse en un cronograma realista de uno a cinco años.
Finalmente, Aula Abierta formula algunas recomendaciones esenciales de política pública regional:
Primero, exigir a los Estados integrantes de los mecanismos regionales de derechos humanos, reconocer expresamente a la universidad autónoma como un actor cívico fundamental cuya protección es una obligación de derechos humanos.
Segundo, solicitar a la CIDH, a sus Relatorías Especiales y a los diferentes órganos de tratados y mecanismos especiales del sistema de la ONU —especialmente ahora que comienza el nuevo ciclo de evaluación de Venezuela en el Examen Periódico Universal (EPU)— que incorporen indicadores específicos para vigilar la asfixia presupuestaria deliberada y la criminalización académica. Asimismo, se hace un llamado a otros organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional en general para que adopten estas alertas como parte de sus agendas de protección.
Tercero, instar a redes regionales de universidades a diseñar protocolos de solidaridad internacional ante escenarios de alerta temprana.
Cuarto, habilitar líneas de financiamiento internacional específicas para universidades asediadas financieramente. Y por último, promover la exportación de las metodologías venezolanas de documentación, defensa del voto y monitoreo ciudadano como patrimonio de resiliencia para el movimiento universitario latinoamericano.
Reflejando el espíritu de resistencia institucional recogido en el informe: “Ninguna universidad cerró sus puertas durante los años de mayor dificultad Venezuela; los consejos académicos y facultades continuaron funcionando a través de mil mecanismos para salvaguardar el pensamiento libre”.
