Rectores venezolanos alertan sobre crisis estructural en universidades: menos del 5 % del presupuesto y caída de capacidades clave
Las principales universidades autónomas de Venezuela enfrentan recortes presupuestarios extremos, con asignaciones que no superan el 5 % de lo solicitado para el funcionamiento, lo que ha impactado en su infraestructura académica. No obstante, los rectores de estas casas de estudio subrayan la resiliencia de la actividad formativa, el esfuerzo de adaptación institucional y la importancia de la universidad en la defensa del espacio cívico, democracia y libertad académica.
Crisis presupuestaria extrema con asignaciones inferiores al 5 % de lo solicitado
El rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago, señala que la crisis presupuestaria de las universidades públicas en Venezuela no es nueva, pero ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años. Como dato central, destaca que para el ejercicio fiscal 2024-2025 la UCV recibió menos del 5 % del presupuesto solicitado, una cifra que calificó como “insólita” y absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de funcionamiento.
El impacto de esta restricción financiera afecta áreas críticas fundamentales. Entre las más desatendidas se menciona el deterioro de la infraestructura y la planta física, la falta de equipamiento y actualización tecnológica, y la insuficiente dotación de espacios académicos, especialmente laboratorios. También se ven gravemente comprometidos los servicios estudiantiles, el mantenimiento de áreas verdes y patrimonio universitario, así como programas esenciales como becas, comedores, salud y apoyo académico. En este contexto, plantea la necesidad de que la universidad desarrolle fuentes alternativas de financiamiento, fortaleciendo vínculos con la sociedad civil, los sectores productivos y la cooperación internacional, lo que implicaría adquirir nuevas capacidades institucionales para adaptarse a los desafíos actuales.
Por su parte, la Universidad de los Andes (ULA) recibe solo el 30 a 40% del presupuesto solicitado lo que impide garantizar providencias estudiantiles en su totalidad». En este sentido, el rector Bonucci revela que «para 2026, la asignación total, incluyendo pago de personal, es de 3.325 millones de bolívares. En enero, para gastos operativos, excluyendo personal, que se paga vía Plataforma Patria, debieron recibir 162,8 millones, pero solo llegaron 500 mil bolívares. En providencias estudiantiles, la situación es similar: debían recibir 8,1 millones y apenas llegaron 4,091, es decir, un 50% del monto esperado».
La partida destinada a providencias cubre comedor, ayuda médica, deportes, entre otros, donde el 44,32% se destina solo al comedor. Enfatizó que «la ULA tiene una matrícula de 20,000 estudiantes, pero con el presupuesto actual solo se logra cubrir el 0.29% del alumnado en el comedor universitario».
De igual forma, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, advierte que la institución ha pasado de contar con presupuestos que permitían una planificación sostenida a largo plazo a operar en condiciones de extrema precariedad. Para el período 2024-2025, la asignación recibida cubrió apenas entre el 2 % y el 5 % de las necesidades reales estimadas por las facultades, lo que refleja una brecha crítica en la capacidad operativa. En contraste con la década de los 2000, cuando los recursos permitían inversiones en renovación tecnológica y mantenimiento de envergadura, actualmente la universidad enfrenta un déficit acumulado superior al 95 %, lo que limita severamente su funcionamiento y desarrollo.
Falta de recursos, opacidad en información y fuga profesoral
El rector de la ULA sostiene que desde la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se cuestiona el control externo sobre el pago de salarios a través del sistema Patria y advierte que, con un financiamiento adecuado, no serían necesarias iniciativas gubernamentales complementarias que, aunque útiles, no resuelven las carencias estructurales.
Por otra parte, Bonucci expresa preocupación por la falta de transparencia en el sistema nacional de admisión gestionado por la OPSU, señalando que las universidades desconocen los criterios y algoritmos utilizados para asignar cupos. También advierte sobre asignaciones de estudiantes que superan la capacidad real de las instituciones, lo que agrava las limitaciones operativas.
La UCV atraviesa una situación crítica debido a la casi inexistente asignación presupuestaria en 2025, comparable a la precariedad del resto de los programas académicos. El rector Rago sostiene que, aunque se han recibido aportes puntuales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estos han sido limitados, sin continuidad ni capacidad de sostener el desarrollo científico. En paralelo, la universidad enfrenta un severo proceso de despoblamiento. Según cifras generales del rector, tanto la matrícula estudiantil como la planta profesoral se han reducido en aproximadamente un 50 %, fenómeno que también afecta al personal administrativo y obrero. El impacto es aún más profundo en el ámbito cualitativo, ya que la diáspora profesoral ha afectado principalmente a docentes jóvenes y de mediana edad, comprometiendo seriamente el relevo generacional en áreas críticas como Ingeniería y Medicina.
Mientras que en la Universidad de Carabobo, la rectora Jessy Divo, señala que actualmente no existe una asignación presupuestaria formal para la investigación, por lo que los laboratorios y centros dependen de convenios, alianzas estratégicas y mecanismos de autogestión para mantenerse operativos. En cuanto a la matrícula estudiantil, explica que entre 2020 y 2025 se registró una caída significativa, con niveles de deserción que llegaron a rozar el 40 % en algunas facultades, influenciados por la pandemia y la migración. Sin embargo, en el último año se ha observado un proceso de estabilización e incluso retorno de estudiantes, motivado por la revalorización del título universitario como herramienta clave de movilidad social.
Fortalecer la internalización y defender la libertad académica en universidades
El rector de la UCV cree que la internalización de la universidad la define como un objetivo estratégico dentro del proceso de transformación institucional de la universidad venezolana. Considera que esta debe contribuir a fortalecer la libertad académica y a mejorar el desempeño universitario en el contexto global, mediante la revisión de la oferta formativa y la reorganización de la actividad académica en torno a la producción intelectual.
Afirma que la resiliencia del movimiento universitario venezolano se fundamenta en la convicción profunda de que la universidad es un elemento indispensable para el desarrollo del país. Señala que, aunque esta idea es ampliamente compartida dentro del ámbito académico, no siempre ha sido plenamente asumida por la sociedad como un bien propio y esencial para la construcción de su futuro. Insiste en la necesidad de reforzar la vocación deliberativa de la universidad mediante el debate académico y la libre discusión de los temas nacionales e internacionales, así como de impulsar una mayor participación de la sociedad civil en el espacio público.
Por su parte, la rectora Divo señala que la internacionalización de la Universidad de Carabobo ha permitido establecer convenios académicos que fortalecen la formación de profesionales, amplían las oportunidades de investigación y consolidan redes de cooperación internacional. Destaca que, en los últimos cinco años, la UC ha egresado a más de 15 mil profesionales que hoy se desempeñan en sectores clave como la salud, la educación, la empresa privada y la administración pública.
La universidad venezolana es clave en el proceso de reconstrucción nacional
El rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago enfatiza que la defensa del espacio cívico es una responsabilidad central de la universidad. Por ello, la institución se concibe como un lugar abierto al debate plural y al encuentro entre distintos sectores de la sociedad, promoviendo el diálogo para buscar soluciones a la crisis nacional.
Por su parte, el rector de La Universidad de los Andes (ULA), Mario Bonucci, plantea que cualquier proceso de reconstrucción nacional requiere la participación de la universidad. A su juicio, el énfasis principal debe estar en la reconstrucción del tejido social. Destaca que las universidades cuentan con herramientas concretas para impulsar este cambio, como el servicio comunitario, que en el caso de la ULA impacta a cientos de miles de personas, así como instancias como observatorios de derechos humanos, cátedras y medios de comunicación. En este sentido, sostiene que así como Venezuela necesita un proceso de renovación, las universidades también. El rector subraya la importancia de realizar elecciones universitarias como mecanismo esencial para fortalecer la democracia interna y promover la participación de nuevas generaciones.
Crisis y rigidez normativa frenan la transformación universitaria
El exrector de la Universidad Metropolitana (UNIMET), Benjamín Scharifker, la capacidad de adaptación es un elemento esencial para garantizar el funcionamiento en contextos de crisis. Advirtió que las universidades públicas en Venezuela enfrentan severas limitaciones estructurales que dificultan estos procesos de transformación, en gran medida debido a marcos regulatorios rígidos y a la incidencia de instancias como el Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuyas decisiones, según indicó, suelen imponerse de forma unilateral sin el consenso pleno del sector universitario. Subrayó que el sistema universitario en su conjunto requiere con urgencia reformas orientadas a fortalecer la gobernanza, agilizar la toma de decisiones y mejorar su capacidad de respuesta ante la asfixia presupuestaria, con el fin de asegurar su sostenibilidad y pertinencia en el tiempo.
Asimismo, el exrector de la Universidad del Zulia (LUZ), Angel Lombardi sostiene que “el proceso de documentación no solo implica un acto de resiliencia, sino que es una obligación esencial de la universidad como garante de la memoria histórica del país”. Plantea que este trabajo debe institucionalizarse mediante mecanismos formales y centros de investigación autónomos. Subraya que este “escudo documental”, basado en testimonios y registros verificables, es clave no solo para proteger la identidad del movimiento académico frente a la estigmatización, sino también para servir como insumo en futuros procesos de justicia transicional en Venezuela.
