Informe de Aula Abierta alerta que la corrupción estatal ha capturado la educación superior autónoma en Venezuela y ha erosionado derechos humanos entre 2004 y 2026
Aula Abierta presentó el informe “El impacto de la corrupción estatal en el sistema de educación superior autónoma en Venezuela (2004-2026)”, en el que documenta cómo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han desplegado, durante más de dos décadas, una política de Estado dirigida a desmantelar la autonomía universitaria, la libertad académica y el derecho a la educación de calidad. El estudio muestra que prácticas de corrupción institucional de los Poderes Públicos han sido utilizadas para obtener beneficios privados económicos y políticos, mediante la asfixia presupuestaria, la captura de la gobernanza universitaria y la instrumentalización de la ley y del sistema de justicia, con impactos directos sobre derechos humanos fundamentales de la comunidad universitaria.
Hipótesis central: corrupción como beneficio económico y político
El informe adopta la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos según la cual la corrupción es el desvío y abuso del poder público para la obtención de un beneficio privado, que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el acceso a los derechos humanos. A partir de este marco, Aula Abierta plantea la hipótesis de que en Venezuela se han desarrollado prácticas de corrupción institucional contra el sistema de educación superior que generan: A) un beneficio económico, sustentado en una administración opaca de los recursos públicos universitarios y en la canalización de fondos a través de programas como la Gran Misión Venezuela Bella, sin licitaciones transparentes ni control de las propias universidades; y B) un beneficio político, orientado a la perpetuación en el poder mediante el desmantelamiento financiero e institucional de las universidades autónomas y la persecución de su comunidad crítica.
Según el informe, estas dos dimensiones se combinan en un ecosistema de captura estatal que reduce drásticamente la producción de conocimiento científico, alimenta la deserción estudiantil y la fuga de talento profesoral, y debilita la participación de la comunidad universitaria en el debate público, afectando derechos como la libertad académica, la libertad de expresión, la participación en asuntos públicos y el acceso a una educación superior de calidad.
Marco normativo: Constitución, Ley de Universidades y estándares interamericanos
Aula Abierta recuerda que la Constitución venezolana reconoce la educación como un derecho y obligación del Estado, garantizando el acceso, la permanencia y la culminación en el sistema educativo, así como la inversión prioritaria para asegurar una educación de calidad. Además, el artículo 109 consagra la autonomía universitaria como principio y jerarquía para que profesores, estudiantes y egresados se dediquen a la búsqueda del conocimiento, otorgando a las universidades la potestad de dictar sus normas de gobierno y administrar eficientemente su patrimonio.
La Ley de Universidades (1970) detalla estas dimensiones de autonomía organizativa, académica, administrativa y financiera, y también define la composición del claustro universitario para la elección de autoridades con profesores, estudiantes y egresados. El informe contrasta este marco con los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria y concluye que las prácticas estatales documentadas constituyen una vulneración estructural de las obligaciones internacionales en materia de libertad académica, educación superior y de derechos humanos.
Contenido del informe: capítulos y ejes de análisis
El informe se estructura en varios capítulos que combinan análisis normativo, documentación de hechos y contraste con estándares internacionales. Tras una introducción y un capítulo de marco conceptual y normativo, el estudio examina, en secciones diferenciadas, las prácticas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que constituyen potencialmente corrupción en el ámbito de la educación superior, así como sus impactos sobre la autonomía universitaria, la libertad académica, los derechos laborales y las condiciones de vida de estudiantes, profesores, investigadores y personal universitario en general.
Entre los capítulos centrales se encuentran: i) prácticas del Poder Ejecutivo (asfixia presupuestaria, desvío de recursos hacia universidades paralelas, apropiación y centralización opaca de recursos a través de programas y misiones, protectorado y “Sistema Patria”, precarización laboral y control salarial); ii) prácticas del Poder Legislativo (Ley Orgánica de Educación de 2009 y otras normas utilizadas para restringir la autonomía y la libertad de expresión); iii) prácticas del Poder Judicial (sentencias que reforman de facto la gobernanza universitaria, intervienen procesos electorales y eliminan garantías de debido proceso); y iv) conclusiones y exigencias al Estado venezolano.
Poder Ejecutivo: asfixia presupuestaria y uso político de los recursos
Uno de los ejes más desarrollados del informe es la asfixia presupuestaria selectiva contra las universidades autónomas agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), aplicada al menos desde 2004. Aula Abierta ha documentado de manera sistemática la implementación de una política de Estado por parte del Ejecutivo Nacional dirigida a reducir drástica y progresivamente el presupuesto y la gobernanza universitaria, con especial enfoque en aquellas instituciones cuya comunidad académica mantiene una postura crítica frente a las vulneraciones a los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en el país. El estudio documenta que las asignaciones presupuestarias se han situado, durante largos periodos, entre el 30% y el 50% de lo solicitado, y que entre 2019 y 2021 el déficit promedio superó el 95% en instituciones como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Oriente (UDO), reduciendo la operatividad a niveles críticos y afectando gravemente la docencia, la investigación y la extensión.
El informe sostiene que esta política no responde a una mera falta de recursos, sino a un patrón de discriminación política y de castigo a las universidades críticas, mientras se prioriza financieramente a instituciones afines al oficialismo, como las adscritas a la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL) y universidades creadas en el marco de proyectos como la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este desvío de recursos hacia un sistema paralelo, en desmedro de las universidades autónomas, configura un uso partidista de bienes públicos que afecta el derecho a la igualdad, al acceso a la educación superior y a la libertad académica de quienes estudian y trabajan en las instituciones tradicionales.
Impacto en derechos humanos: educación, libertad académica y condiciones de vida
La asfixia presupuestaria y la opacidad en la ejecución de fondos tienen consecuencias directas sobre los derechos de estudiantes y trabajadores universitarios. El informe muestra que servicios esenciales como comedores y transporte han sufrido recortes drásticos: por ejemplo, en la UCV el comedor pasó de atender alrededor de 5.000 personas diarias a solo 1.000, y en otras universidades se registran cierres prolongados o una oferta que cubre una fracción mínima de la población estudiantil, lo que afecta el derecho a la alimentación adecuada y limita la permanencia en los estudios.
En materia de becas, Aula Abierta documenta montos cercanos a 5 dólares mensuales en 2025, muy por debajo del costo de subsistencia estimado para un estudiante, en un contexto donde la mayoría de la población se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema. Estas políticas, sumadas a salarios docentes que oscilan entre centavos y poco más de un dólar mensual, han generado una precarización laboral extrema, la migración masiva de profesores, la deserción estudiantil y una virtualización forzada de la educación sin condiciones tecnológicas adecuadas, vulnerando el derecho a un salario digno, a la educación de calidad y a la no discriminación por razones socioeconómicas.
Programas y plataformas estatales como mecanismos de captura y clientelismo
El informe examina cómo programas como la Gran Misión Venezuela Bella y el “Plan Universidad Bella” han centralizado partidas de mantenimiento e infraestructura que, según la Ley de Universidades, corresponden a las propias instituciones, creando una estructura paralela de decisión y ejecución. Aula Abierta advierte sobre la ausencia de rendición de cuentas y la posible adjudicación opaca de contratos a empresas vinculadas al poder político, así como el uso de las obras de rehabilitación como plataforma de propaganda y proselitismo en los campus, lo que compromete la neutralidad de los espacios académicos y la libertad de pensamiento.
Adicionalmente, la migración de nóminas y beneficios sociales al “Sistema Patria” es analizada como un mecanismo de control político y financiero que expropia a las universidades de su autonomía económica y facilita prácticas de discriminación y control social sobre trabajadores y estudiantes, condicionando el acceso a derechos laborales y educativos a la inscripción en una plataforma estatal. Desde la perspectiva de derechos humanos, el informe concluye que estos dispositivos de centralización vulneran la autonomía universitaria, la libertad académica, la igualdad y la transparencia en la administración de recursos públicos.
Poder Legislativo: leyes para capturar la autonomía y restringir la expresión
En el capítulo dedicado al Poder Legislativo, Aula Abierta identifica la Ley Orgánica de Educación de 2009 como un instrumento clave de captura institucional. La norma modifica de facto la arquitectura constitucional de la autonomía universitaria al redefinir el claustro e incluir al personal administrativo y obrero en el padrón electoral, bajo una noción de “democracia protagónica” que contradice la Constitución y la Ley de Universidades, y ha servido de base para decisiones judiciales que han bloqueado por años la renovación de autoridades en las universidades autónomas.
El informe también advierte sobre el uso de disposiciones ambiguas que prohíben contenidos que “inciten al odio” o vulneren las “buenas costumbres”, las cuales fueron posteriormente reforzadas por la Ley contra el Odio de 2017. Según testimonios recogidos, este marco se ha utilizado para criminalizar voces críticas, fomentar la autocensura y restringir la libertad de expresión y la difusión de información en el ámbito universitario, con efectos directos sobre la libertad académica y el derecho de los universitarios a participar en la discusión de los asuntos públicos.
Poder Judicial: decisiones que reforman de facto la universidad y limitan derechos
El informe dedica un capítulo al análisis de más de cincuenta decisiones judiciales que afectan la autonomía universitaria y la libertad académica. Entre ellas destaca la sentencia N.º 0324 de la Sala Constitucional, que impuso un nuevo esquema de elección de autoridades que incorpora sectores no previstos en la Constitución ni en la Ley de Universidades, fijó un plazo impracticable para realizar comicios y abrió la puerta a la suspensión indefinida de procesos electorales, al tiempo que mantiene a las autoridades en interinato con competencias limitadas.
Aula Abierta documenta otros fallos que obligan a las universidades a aceptar asignaciones de cupos estudiantiles por parte de la OPSU por encima de su capacidad, intervienen elecciones estudiantiles y avalan la designación de autoridades y comisiones de seguimiento por parte del Consejo Nacional de Universidades, desplazando las decisiones de los consejos universitarios. En conjunto, estas decisiones evidencian, según el informe, un uso del sistema de justicia para consolidar la captura institucional de la universidad y restringir el ejercicio de derechos como la participación, la libertad de asociación estudiantil, la libertad académica y el autogobierno universitario.
Corrupción estructural, desfinanciamiento y precarización extrema
El análisis comparativo de la gestión financiera en la UCV, ULA, LUZ y UDO revela una política de Estado orientada a la desarticulación de la educación superior autónoma. Desde el año 2009, se evidencia una transición de presupuestos deficitarios hacia una parálisis operativa total, caracterizada por un incremento progresivo del déficit que, para el periodo 2019-2021, superó en promedio el 95% de los requerimientos institucionales, transformando la autonomía financiera en una dependencia absoluta de créditos adicionales y plataformas de pago centralizadas. La estructura del gasto universitario para 2025 confirma que la mayor parte de los recursos se consume en remuneraciones de subsistencia, con una inversión de capital insignificante para el desarrollo científico, mientras que un profesor titular a dedicación exclusiva percibía un salario mensual equivalente a 5,5 dólares.
Según Aula Abierta, este esquema salarial de pobreza, sumado a la opacidad en la ejecución de fondos destinados a infraestructura a través de entes centralizados, constituye una práctica de aprovechamiento de los recursos públicos para la obtención de un beneficio político, al vulnerar la autonomía de disposición de las universidades y supeditarlas a planes gubernamentales sin una clara rendición de cuentas, lo que anula las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de la libertad académica.
Conclusiones y exigencias en clave de justicia transicional
En sus conclusiones, Aula Abierta sostiene que los hechos documentados configuran un patrón de corrupción estatal en sentido amplio, en el que el poder público se desvía de sus fines legítimos para generar beneficios privados políticos y económicos a favor de quienes detentan el gobierno. El resultado es un ecosistema que facilita la perpetuación en el poder mediante el desmantelamiento de la educación superior autónoma, la reducción de la producción científica, la desmovilización de la comunidad universitaria y la restricción del espacio cívico y democrático en Venezuela.
El informe exige al Estado venezolano investigar y sancionar los actos descritos, cesar los ataques contra la autonomía universitaria y la libertad académica, y poner fin a la persecución y hostigamiento contra autoridades, profesores, estudiantes y organizaciones que defienden la universidad como espacio de pensamiento crítico y plural. En el marco del actual contexto de transición venezolano, se insta a las autoridades a garantizar el derecho a la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición frente a las violaciones de derechos humanos y las prácticas de corrupción estatal que han impactado al sistema de educación superior
Asimismo, Aula Abierta recomienda la conformación de un grupo de trabajo de universitarios para el estudio de las políticas, legislación y decisiones judiciales que han afectado el ejercicio de la libertad académica, la educación, los derechos laborales y otros derechos humanos, con el fin de proponer acciones legales y de políticas públicas que faciliten la restitución de la independencia institucional y la reconstrucción material del sistema de educación superior venezolano. Finalmente, el informe propone la creación de una institución destinada a determinar las causas y responsables de las políticas, legislación y decisiones judiciales que han violentado los derechos de las y los venezolanos en los últimos 27 años, incorporando expresamente una visión diferenciada sobre las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y medidas apropiadas para su restitución
