Nace el Observatorio de Universidades y Ambiente para visibilizar ataques ambientales contra las universidades
Desde Aula Abierta, en un trabajo colaborativo con distintos profesores e investigadores de diversos institutos y centros universitarios a lo largo y ancho del país, se creó el Observatorio de Universidades y Ambiente con el objetivo de visibilizar los ataques que han sufrido las áreas ambientales de las universidades, durante los últimos años.
Como primer trabajo del Observatorio de Universidades y Ambiente se publicó el Informe preliminar sobre la situación de los espacios universitarios de conservación ambiental en Venezuela. (Enero- Diciembre 2019), donde se visibilizan invasiones en espacios universitarios, incendios y deforestaciones de áreas verdes, e incluso el peligro que corren algunas especies como el mono araña.
En este informe también se habla del estado actual de las cátedras, institutos y programas de investigación ambiental universitarios desde la óptica de los derechos humanos. Además, se resalta que la asfixia presupuestaria, de hasta 99% en algunas universidades, también ha incidido en el hecho de que no se puede cuidar de manera adecuada las áreas verdes de los recintos.
Aula Abierta muestra su preocupación ante estos hechos que representan un grave ataque contra los derechos ambientales en Venezuela, los cuales aparecen en la Constitución venezolana de 1999, especialmente porque las universidades necesitan espacios físicos que sean sede principal de su quehacer. Los ataques contra espacios verdes de las casas de estudio superior del país fueron denunciados incluso en el 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), desarrollado el pasado mes de marzo en Haití.
Invasiones contra la Reserva Forestal Caparo
La Reserva Forestal Caparo (EEC), que se vincula a la Universidad de los Andes (ULA) desde 1968, perdió desde el 2004 hasta la actualidad, aproximadamente 900 hectáreas de las 7000 que estaban en resguardo de esta casa de estudios desde 1983. Las causas fueron las sucesivas invasiones, la falta de interés y compromiso de las autoridades y el ministerio público –así como otros entes judiciales– de velar por el cumplimiento de las normas.
La primera invasión ocurrió en 2004, en el sector Palma Pintada, por 34 familias que ocuparon aproximadamente 30 hectáreas cada una, para deforestar, quemar y vender los lotes cercados. En aquel entonces, la ULA realizó el procedimiento legal que ameritaba el caso y en 2007 hubo una decisión judicial de desalojo que nunca fue cumplida: los ocupantes argumentan que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) no cumplió con la reubicación.
Con el tiempo surgieron otros incidentes de inseguridad parecidos. Uno de ellos ocurrió el 2 de enero de 2018, liderado por Asociación Cooperativa Embajadores de Cristo 777, la cual llevó a 265 familias a vivir a los terrenos de una de las estaciones, ocasionando un grave deterioro ambiental y poniendo en riesgo a las poblaciones del mono araña, además de años de investigación forestal y producción maderera.
Muchas organizaciones a nivel nacional e internacional alzaron la voz en nombre de la defensa de la EEC y la Asamblea Nacional, único órgano constitucional de Venezuela, exhortó a las autoridades del Ministerio del Ambiente a decretar la zona como área de investigación y docencia ambiental con el fin de eliminar las amenazas presentes y futuras, con el objetivo de garantizar la preservación del último relicto de bosques alisios de los llanos occidentales de Venezuela.
Mono araña y jaguar: Especies en peligro
Los ataques contra la Estación Experimental Caparo afectaron a distintas especies que hacen vida en ella, como el mono araña o el jaguar.
La bióloga Adriana Duque, encargada del proyecto “Mono Araña” que se desarrolla en la estación Caparo, afirmó que “los principales hechos que afectan la conservación de la Estación Caparo han sido las invasiones y la falta de voluntad política para enfrentarlas, dichos hechos han afectado mucho el bosque natural (selva alisia) y su fauna”.
“Una de las invasiones fue la del 2004, donde se perdieron 900 hectáreas de bosque, aunque hubo intentos de desalojo no se logró sanear el área. Esta invasión afectó a la fauna, especialmente, al mono araña (Ateles hybridus), especie en peligro de extinción. De ese proceso de destrucción fueron quedando aislados dos grupos de monos, que actualmente viven en dos fragmentos muy pequeños”, afirmó Duque.
“Uno de ellos lo deforestaron aún más el año pasado (2019), por lo que el grupo migró a la zona boscosa de un caño cercano. Esta área no es apta para su supervivencia a largo plazo y está en riesgos la sobrevivencia de estas poblaciones naturales”, agregó.
En ese sentido, denunció que se han presentado casos de especímenes cazados producto de las invasiones de Caparo: “En la invasión del 2018, hubo cientos de ejemplares cazados durante todo un año por los invasores. Fue muy lenta la respuesta por lo que durante todo un año se afectó el bosque con cientos de personas, cazando y talando. Luego, en febrero de 2019, hubo un incendio forestal del cual no hubo ayuda ni de parte de las autoridades universitarias ni de las autoridades ambientales, ya que las únicas personas que estaban trabajando durante más de un mes para controlar el fuego, fueron los trabajadores contratados por el Proyecto Mono Araña”, detalló.
Sobre el jaguar, la última investigación de campo data del año 2013, cuando los investigadores Izabela Stachowicz y sus colegas estuvieron en la estación de Caparo. Stachowicz declaró a Aula Abierta que durante su investigación de campo pudo observar cómo individuos no autorizados se encontraban en Caparo realizando actividades que podían ocasionar el desplazamiento del Jaguar de la estación. Señaló que se presume que esta especie ya no se encuentre en Caparo debido a la presión antropogénica.
Un Herbario paralizado
El Herbario “Víctor M. Badillo”, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en Maracay, es uno de los más importantes del país al tener una colección de aproximadamente 136.000 especímenes, lo que evidencia que es significativa y representativa en cuanto a la flora nacional. Hoy este Herbario atraviesa una crítica situación que implica la afectación de los servicios públicos básicos, así como actos de delincuencia.
El profesor Pedro Torrealba, encargado del Herbario “Victor M. Badillo”, expresó al equipo de Aula Abierta que este espacio “está a punto de perderse producto de los ataques por parte de la delincuencia hacia las instalaciones de la facultad”.
“Hoy en día el herbario no cuenta con energía eléctrica, equipos de oficinas ni aires acondicionados. Por tanto, no tiene las condiciones óptimas para mantener la colección de plantas, así como tampoco está apto para la docencia e investigación; afectando directamente a la cátedra de Botánica Sistemática a lo largo de todo el dictado de las clases”, dijo.
“Han ocurrido episodios de robo en 2017 y 2018 pero solo se hicieron denuncias al CICPC y no se cuenta con material de soporte, tampoco se tomaron fotos del herbario porque la humedad acumulada lo convierte en amenaza de infección por hongos a las personas en caso de no contar con equipo de seguridad”, añadió.
El profesor Torrealba detalló, además, que el herbario tiene cuatro años sin funcionar, así como su biblioteca, una de las más importantes en materia de botánica en nuestro país.
El CEO a la deriva
El Centro de Estudios Oceanológicos (CEO) de la Universidad Simón Bolívar fungió como un lugar de encuentro para trabajar con todos los investigadores relacionados al área de marina y pesquería de otras universidades e instituciones del país, donde se confluía para adquirir y generar conocimiento tanto en el ámbito académico como en el personal.
Pero hoy en día este centro se encuentra a la deriva. Según afirmaciones de la profesora Ruth Ramos, el CEO fue víctima de acciones que atentaron en contra de la infraestructura, como desmantelación y extracción de materiales utilizados para efectuar las diferentes actividades académicas.
Fueron varios los esfuerzos por salvaguardar no solo la integridad física del lugar, sino la seguridad de los profesores, investigadores, personal administrativo y obrero que querían asistir para hacer uso de las instalaciones o realizar mantenimiento. Con el pasar del tiempo, debido al recorte del presupuesto en la Universidad Simón Bolívar, la estación biológica quedó sin resguardo y protección.
En el 2014, fue la última que se intentó visitar este espacio y se registró un atraco donde fueron víctimas los estudiantes y profesores.
Actualmente el CEO, con 50 años de fundado, solo es un espacio completamente abandonado; un patrimonio nacional perdido no solo en infraestructura, sino en su capacidad de generar de conocimiento.
El CIEG en crisis
El Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán (CIEG) de la Universidad de Oriente ha sido asaltado en varias oportunidades, lo que se ha unido a otros incidentes de inseguridad tales como actos de piratería y narcotráfico, que hacen que este espacio sea un sitio inseguro para realizar labores científicas y educativas.
Aunado a ello, existe una línea de transmisión eléctrica que corre a través de un istmo que separa la Laguna de Chacopata y el mar, donde diariamente mueren aves marinas por choque o electrocución, sin que el Estado haya resuelto el problema, a pesar de que la situación ha sido denunciada desde hace décadas.
Preocupaciones finales
La asfixia presupuestaria de hasta un 99% contra las universidades públicas venezolanas, inducida por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ha ocasionado la ausencia de presupuesto para espacios universitarios de conservación ambiental.
Al menos existen 14 predios, que pueden ser considerados como áreas conservadas donde las universidades tienen relación directa o indirecta, que arrojaron graves problemas en relación a incidentes de inseguridad, falta casi absoluta de presupuesto para su funcionamiento y mantenimiento.
La crisis que atraviesan estas áreas conservadas e institutos afecta cátedras relacionadas con estudios universitarios de pregrado y postgrado, afines a la labor de preservación ambiental.
Mientras tanto, los cuerpos de seguridad del Estado no han atendido oportunamente las denuncias realizadas por las autoridades universitarias relacionadas con actos de vandalismo en detrimento de las áreas conservadas.
