Comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios en defensa al estado de derecho, a la vida y a nuestra comunidad universitaria

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se dirige a la opinión pública en general ante la grave situación del país y de la institución universitaria, con ocasión a la alteración y ruptura del orden democrático por parte del Poder Ejecutivo y demás Poderes Públicos y muy especialmente del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas últimas actuaciones contenidas en las sentencias números 155 y 156 y la írrita convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, violatoria de los derechos contemplados en los artículos 21, 68, 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se traducen en una flagrante transgresión al estado democrático y social de derecho y de justicia.

Es un hecho público, notorio y comunicacional el uso de la fuerza desmedida por parte de los órganos de seguridad del Estado en manifestaciones cívicas y pacíficas, ocasionando el fallecimiento de más de 60 ciudadanos, en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios. Esta Asociación exige el respeto a la vida de todos los venezolanos y denunciamos la violación de tal derecho fundamental por parte de dichos órganos de seguridad. Los cuerpos policiales y la Guardia Nacional han irrumpido y allanado los recintos universitarios y hogares domésticos, han juzgado inconstitucionalmente a ciudadanos civiles ante la jurisdicción militar, soslayando el deber de cumplir con los procedimientos de investigación con imparcialidad y celeridad, ya que su omisión propicia un clima de impunidad y establece corresponsabilidad, violando de igual forma el principio del juez natural.

En tal sentido la AVERU rechaza la infracción del estado de derecho al ingresar a las instalaciones de nuestras casas de estudios, violentando la autonomía universitaria y utilizando armas de fuego de forma abusiva lo que ha ocasionado la muerte de jóvenes estudiantes, numerosos heridos y destrucción de bienes públicos afectando los servicios fundamentales que se presta a la población venezolana. No podemos obviar que en días recientes fueron allanadas la Universidad de Carabobo (UC) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en ambos casos se produjo un saldo de heridos con armas de fuego por parte de las fuerzas de represión del Estado.

El acoso desmedido contra los grupos estudiantiles ha llegado a límites tan inaceptables -como ocurrió en las Universidades CARABOBO, UCAB-Guayana, UPEL-Maracay, EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA-Coro, UNEXPO-Barquisimeto, UNIMET y ORIENTE-Núcleo Ciudad Bolívar-, que han impedido la asistencia médica de los lesionados dentro del recinto universitario, demostrando con ello un comportamiento cruel e inhumano, contrario a todo principio humanitario establecido en los Convenios de Ginebra sobre Derechos Humanos.

Es inocultable que los tiempos de violencia y conflictividad social suscitada por la clara intención del gobierno de hacer caso omiso al clamor popular ante la grave crisis económica, política y social que vive el país, ha traído como consecuencia lamentables pérdidas humanas, criminalización de la protesta, arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de la sociedad civil indefensa, multiplicidad de heridos, detenciones arbitrarias de estudiantes universitarios y actos vandálicos en contra de la propiedad privada.

Ante esta situación es ineludible por parte de la AVERU fijar una posición categórica acerca de la situación que vive el país y específicamente respecto a los acontecimientos acaecidos durante las últimas semanas, hechos todos de suma gravedad que han menoscabado la vida, la dignidad, el respeto, la integridad y el bien común que está vulnerado ante la reiterada violación del orden democrático por parte de personeros del Poder Público Nacional; hechos que, como Rectores de las Universidades de gestión pública y privada denunciamos ante la Comunidad Nacional e Internacional por el flagrante desconocimiento del orden constitucional y la clara violación de los derechos humanos fundamentales, que atentan contra la dignidad humana y de nuestra comunidad universitaria.

Conminamos a la Defensoría del Pueblo como garante de la promoción, vigilancia y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) para que de manera inmediata emprenda acciones que aseguren la protección a favor de los estudiantes universitarios y de toda la ciudadanía venezolana; requiriendo además a los órganos de seguridad del Estado cesen en el uso desproporcionado de la fuerza en control de manifestaciones públicas con el fin de respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales.

Exigimos el respeto y cumplimiento pleno de la Constitución, la desaplicación inmediata del Plan Zamora en todas sus fases, la derogación del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que lo sustenta, así como de toda resolución o acto que transgreda el ordenamiento jurídico venezolano y estándares internacionales en la materia, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU, 1990).

Exhortamos a los órganos internacionales custodios de derechos humanos a hacer un llamado contundente al Gobierno venezolano exigiendo el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia del uso de la fuerza pública, de la no criminalización de la protesta, así como de la garantía y respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.

En nuestra condición de Rectores universitarios, lamentamos que ante la grave situación de violencia institucional y la pérdida de vidas de jóvenes venezolanos, la única política académica implementada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Consejo Nacional de Universidades (CNU) y Oficina de Planificación del Sector Universitario ( OPSU) sea el silencio cómplice ante los vergonzosos crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana, así como el hostigamiento constante a las autoridades rectorales, ello a consecuencia de que han cedido sus espacios para favorecer agendas de índole ideológicas-partidistas, tal es el caso del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en cuya última sesión pretendió convocar a las Universidades para discutir el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, proceso éste que vulnera la soberanía originaria que reside intransferiblemente en el pueblo de Venezuela.

AVERU ratifica la actitud de hacer oposición a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos y que conculque los derechos humanos. Las consideraciones antes expuestas son las que fundamentan nuestra ausencia a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades celebrado en fecha 30 de mayo próximo pasado, reiterando que las Universidades mantienen sus puertas abiertas para realizar los aportes que como Institución pueda dar, para que nos unamos y trabajemos por Venezuela con apego a la democracia, la pluralidad y con los instrumentos que prevé la Constitución, en la búsqueda de soluciones en pro del bien común de la Nación.