Ya son 3 los profesores universitarios juzgados en tribunales militares
Empleo de justicia militar contra 
civiles representa el máximo nivel de criminalización contra profesores universitarios21 de febrero. Santiago Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo, recluido en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar.
10 de mayo. Sergio Contreras, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Recluido en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar.
19 de mayo. Jorge Machado, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, recluido en ramo verde.
La noche del viernes 19 de mayo fue detenido del profesor de filosofía política, de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Jorge Enrique Machado Jiménez, cuando una delegación policial no identificada lo interceptó en la Avenida Boyacá de Caracas. Siendo detenido de forma arbitraria, abrupta e ilegal sin el cumplimiento del debido proceso. Posteriormente fue trasladado a la sede del Servicio Bolívariano de Inteligencia (Sebin), impidiéndole todo tipo de asistencia por parte de los abogados quedando aislado durante toda la noche del viernes día de su detención.
Para la mañana del domingo 21 de mayo se fijó su audiencia ante tribunales militares, la cual no se realizó sino hasta el lunes 22 de mayo donde fue acusado por delitos de traición a la patria e incitación a la rebelión.
Criminalización de la protesta en un nuevo nivel
El proceso de criminalización en contra de miembros de la comunidad académica, estudiantes y profesores universitarios, llegó a un grado superior con el uso de la justicia militar. Ya no le basta al Gobierno someter y reprimir a miembros de la comunidad académica con el uso excesivo de la fuerza, sino que también los criminaliza por sus opiniones y discrimina de forma sistémica en actos frecuentes de abuso de poder y sometimiento a la justicia militar,
El artículo 261 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Y como bien indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU los civiles no pueden cometer delitos militares, sólo los militares activos y en funciones.
Por su parte, según el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) los tratados internacionales tienen rango constitucional y por ello prevalecen sobre cualquier Ley.
En consecuencia se exige el respeto al debido proceso, devolver las competencias al Ministerio Público titular de la acción penal en el país, la libertad para los profesores universitarios tenidos en el país por expresar sus opiniones: Santiago Guevara (UC), Sergio Contreras (UCAB) y Jorge Machado (UCV), así como la garantía de sus derechos humanos como muestra del respeto que debe existir en una sociedad democrática.
Prensa Aula Abierta Venezuela
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