Asfixia presupuestaria, salarios irrisorios y colapso de providencias asedian la educación universitaria en Latinoamérica
Durante el trimestre julio – septiembre de 2026, Aula Abierta monitoreó un patrón crítico de restricciones, agresiones físicas, asfixia presupuestaria e injerencia estatal contra la educación superior pública y privada en Latinoamérica. En este contexto, la ONG visibiliza con especial preocupación el patrón de asfixia presupuestaria, precarización laboral y deterioro de providencias estudiantiles, el cual comprende recortes drásticos de partidas financieras, salarios docentes por debajo de la subsistencia, fraccionamiento de beneficios socioeconómicos y la parálisis de servicios esenciales para la educación universitaria.
Recorte fiscal masivo amenaza a la Universidad Indígena Amawtay Wasi en Ecuador
En Ecuador, en junio de 2026, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UAW) alertó que solo contaba con capacidad financiera para operar hasta el 30 de junio debido a una reducción presupuestaria del 69% ejecutada por el Ministerio de Finanzas. Esta supresión de fondos recortó el presupuesto de USD 12 millones en 2025 a USD 3,7 millones para 2026, comprometiendo la continuidad laboral de 251 trabajadores (mayoritariamente docentes) y el derecho a la educación de más de 2.200 estudiantes matriculados.
Ante esta crisis, Aula Abierta invoca el Principio IV de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la CIDH, el cual establece que la autonomía exige la garantía sustancial de suficiencia financiera. Los Estados tienen la obligación internacional de proveer recursos económicos adecuados, continuos y suficientes, impidiendo que los recortes o la discrecionalidad en la asignación de fondos sean utilizados como un mecanismo indirecto de ahogo, control o sofocación institucional que impida a los pueblos indígenas acceder a la educación superior.
Reformas restrictivas a becas y recortes a la educación artística en Perú
Por otro lado, el 15 de julio de 2026, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y colectivos estudiantiles rechazaron la propuesta de modificación del Reglamento del PRONABEC (Resolución Ministerial N.° 365-2026-MINEDU), al contemplar nuevas exigencias y causales retroactivas de pérdida del beneficio que elevan el riesgo de deserción de miles de becarios de Beca 18 y Beca Hijos de Docentes. Asimismo, el 17 de agosto de 2026, comunidades de seis instituciones públicas de educación artística se movilizaron contra el Decreto Supremo N.° 155-2026-EF, el cual recortó S/ 10,7 millones a sus partidas operativas y docentes.
Sobre estos hechos, Aula Abierta alerta que la reducción de asignaciones a la educación pública y la imposición de barreras a los programas socioeducativos vulneran el derecho a la educación de calidad y el principio de no regresividad. Asimismo, se contraviene la garantía de suficiencia financiera asociada a la autonomía universitaria consagrada en los estándares internacionales, por lo que se exige al Estado peruano asegurar presupuestos previsibles que protejan a los estudiantes vulnerables y sostengan la formación cultural y científica.
Destrucción salarial, fraccionamiento de bonos y denuncias gremiales en Venezuela
En Venezuela, la investigación expone una condición de precarización laboral extrema que destruye el tejido académico. El 9 de julio de 2026, gremios como la APUCV y APUFAT-UCV rechazaron el pago fraccionado en cuotas del «Bono Especial de Vacaciones», fijado en el equivalente a $63,6 (apenas el 8,2% de la Canasta Alimentaria Familiar de $772,74). Posteriormente, el 5 de agosto de 2026, la FAPUV acudió a la Defensoría del Pueblo para denunciar la pérdida de más del 95% del poder adquisitivo salarial, la política de bonificaciones no salariales que excluye a jubilados y la ausencia de contratos colectivos.
Esta realidad fue corroborada tras las declaraciones oficiales emitidas el 16 de septiembre de 2026, donde representantes universitarios y gremiales desmintieron al Ministerio de Educación Universitaria y ratificaron que el sueldo base mínimo de un profesor universitario no llega a 2 dólares mensuales, representando apenas el 0,02% del costo de la canasta alimentaria familiar de 755,36 dólares calculada por CENDAS-FVM.
Parálisis de servicios estudiantiles y colapso operativo en la UNET
Aunado al ahogo salarial, la falta de asignaciones presupuestarias mantiene en parálisis las providencias estudiantiles en Venezuela. El 30 de septiembre de 2026, dirigencias estudiantiles de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) denunciaron el severo deterioro de los servicios básicos: el comedor universitario opera únicamente dos días a la semana exigiendo un copago a los estudiantes, mientras que el transporte público institucional funciona de forma intermitente con solo dos rutas. Esta escasez de recursos presupuestarios ha forzado la paralización de actividades a las 2:00 p.m. y el recorte de contenidos curriculares.
Frente a esta situación socioeconómica, Aula Abierta manifiesta su alarma por el incumplimiento sistemático del Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual exige un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas. La organización también exige restituciones presupuestarias urgentes, la salarización de los ingresos, el respeto a las convenciones colectivas y la reactivación de los servicios estudiantiles esenciales para detener la migración y deserción en las universidades públicas.
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