Inició el Programa «Construyendo Ciudadanía» que formará a jóvenes del Zulia
Con el propósito de capacitar a la juventud universitaria del estado Zulia, la organización Aula Abierta dio inicio formal este 6 de octubre al programa de formación “Construyendo Ciudadanía”. La iniciativa se estructura en cuatro ejes temáticos fundamentales —conocer, comprender, dialogar y liderar— que se desarrollarán a lo largo de seis sesiones enfocadas en el estudio y debate de temas clave como democracia, derechos humanos, pluralismo, modernización y ética.
El arranque del programa, realizado mediante una sesión virtual, estuvo a cargo de David Gómez Gamboa, abogado, profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) y director de Aula Abierta, en compañía del también jurista y docente universitario Romer Rubio Flores. Durante la apertura, los facilitadores destacaron que el plan académico busca dotar a los jóvenes de las herramientas esenciales para entender la dinámica democrática, ejercer sus derechos y deberes, y asumir un rol activo como impulsores de la transformación social en el país.
El itinerario formativo contempla un total de 18 horas académicas combinadas en clases teórico-prácticas. El calendario de sesiones virtuales se extenderá durante las semanas del 6, 13, 20 y 27 de octubre, así como el 3 de noviembre, culminando el próximo 14 de noviembre con un encuentro presencial en Maracaibo, donde los participantes recibirán la acreditación correspondiente por parte de Aula Abierta
Concepto y elementos existenciales del Estado
Gómez Gamboa presentó una síntesis informativa sobre la Estructura del Poder Público en Venezuela, fundamentada en la Constitución de la República (CRBV) para fortalecer el conocimiento ciudadano sobre las competencias de los órganos del Estado y promover la comprensión de los principios constitucionales que rigen la administración pública.
Reiteró que el artículo 136 de la CRBV establece que el Poder Público Nacional se organiza en cinco ramas con funciones propias que deben colaborar entre sí: el Poder Legislativo (Asamblea Nacional), encargado de dictar leyes y controlar al Estado; el Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República; el Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales), responsable de administrar justicia; el Poder Ciudadano (Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República), enfocado en la defensa de los derechos y la vigilancia de la gestión pública; y el Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral), encargado de los procesos electorales.
Por otra parte,recordó que la Carta Magna establece la distribución territorial del poder en el nivel vertical, dividido en tres instancias de gobierno: el Poder Nacional, que abarca todo el territorio de la República; el Poder Estadal, correspondiente al ámbito de los estados; y el Poder Municipal, enfocado en la administración de los municipios. Esta división asegura una delimitación clara de responsabilidades a lo largo y ancho del país. También, destacó que la base constitucional del Poder Público busca garantizar la participación, el equilibrio y la cooperación entre sus distintas instancias.
Conceptos fundamentales de democracia: Derechos, límites al poder y ciudadanía
La directora de Acceso a la Justicia y abogada, Laura Louza, procedió a presentar su ponencia sobre los conceptos fundamentales de la democracia, los derechos y los límites al poder. Afirmó que no puede existir democracia sin Estado de derecho y que la elusión progresiva de sus controles constituye un camino seguro hacia la pérdida del sistema democrático. Explicó que el Estado de derecho exige que toda actuación del poder esté sujeta al derecho y subordinada a la norma suprema de la Constitución, la cual debe limitar al poder político y no reducir a la ciudadanía al servicio de este.
Louza señaló que en Venezuela se presenta una distorsión donde el Estado, el partido mayoritario y el gobierno se confunden en una sola estructura. Aclaró que el gobierno representa únicamente a las personas elegidas temporalmente para administrar el Estado bajo los límites estrictos fijados por la Constitución, la cual funciona como un mandato regulador similar a un poder otorgado para la gestión de bienes específicos.
Sobre la falta de Estado de derecho y el populismo, explicó que los regímenes populistas, sin importar su tendencia ideológica, tienden hacia modelos autocráticos donde se suprimen las formalidades del Estado de derecho para priorizar objetivos utilitaristas, erosionando los derechos de la ciudadanía. Asimismo, recordó que el marco jurídico aplicable incluye tanto a la Constitución como a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, los cuales establecen parámetros claros para evaluar la legalidad de los actos del poder público.
Posición de Venezuela ante la justicia internacional
Louza destacó que Venezuela ocupa el último lugar mundial (puesto 143) en Estado de Derecho y Justicia, ejemplificando la distorsión judicial con la actuación de la Sala Electoral en 2024 al sustituir al Consejo Nacional Electoral, tras las denuncias de irregularidades durante la elección presidencial.
Explica que desde 2004 y 2005 los jueces carecen de estabilidad, autonomía institucional y económica, operando bajo órdenes verticales del poder ejecutivo como si se tratara de una estructura militar. Esta situación ha originado la ausencia de rendición de cuentas y opacidad presupuestaria. Denuncia que el Estado opera bajo un esquema de extorsión y opacidad total, sin contar con una ley de presupuestos publicada desde 2015 ni informes de gestión o rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional desde el periodo entre 2007 y 2015.
Durante su intervención, Louza explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue el primer organismo en documentar el deterioro del sistema judicial en su informe de 2009. Detalló que las evaluaciones posteriores confirmaron “presiones a jueces, destitución de jueces, sentencias ignoradas por el Estado venezolano, y cómo iba actuando el poder político hasta catalogar a Venezuela como un país sin democracia ni independencia judicial».
Añadió que, tras la retirada de Venezuela del sistema interamericano, las Naciones Unidas llegaron a conclusiones similares. Resaltó el informe de la Alta Comisionada (2020), que describió una «estructura judicial piramidal y subordinada al partido de gobierno», así como el informe de la Misión de Determinación de Hechos (2021), que catalogó “al sistema judicial como cómplice de crímenes de lesa humanidad desde 2014 por acción u omisión”.
