Crisis eléctrica sin tregua: Colapso del Sistema Eléctrico Nacional mantiene en zozobra a Venezuela
Venezuela | En los últimos días, miles de ciudadanas y ciudadanos en todo el territorio nacional han tomado las calles en rechazo al severo incremento de los cortes en el suministro eléctrico. De acuerdo con los reportes de la prensa nacional y las denuncias recabadas por la sociedad civil, las poblaciones del interior del país viven diariamente entre dos y tres bloques de racionamiento de cuatro a seis horas cada uno, acumulando un total de 12 a 14 horas al día sin el servicio.
A través de redes sociales, la ciudadanía ha denunciado estar sometida a una dinámica incesante que alterna cinco horas con flujo eléctrico por cuatro o cinco horas a oscuras de manera permanente, una contingencia que paraliza la vida cotidiana, la actividad económica y el funcionamiento institucional, manteniendo a la población en constante zozobra.
Fallas de origen: Desarticulación institucional, corrupción y desinversión
Monitoreos e investigaciones desarrolladas por la organización no gubernamental Aula Abierta, sociedad civil y expertos en la materia, revelan que las causas fundamentales del colapso energético responden a factores de gestión pública y desinversión continuada. Durante su intervención en el programa Aula Abierta Radio, el doctor Víctor Poleo, docente universitario y exdirector de Energía (1999-2000) del antiguo Ministerio de Energía y Minas, explicó que el problema central no radica estrictamente en la ingeniería técnica de generación, transmisión o distribución, sino en la pérdida de la institucionalidad del sector tras la unificación y fusión forzada de empresas públicas y privadas (como CADAFE, EDELCA, ENELVEN, ENELCO, ENELBAR y SENECA) decretada en julio de 2007 para crear la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Poleo enfatizó que dicha decisión, ejecutada sin estudios previos bajo una lógica de centralización absoluta, terminó por desmantelar la especialización técnica necesaria para atender la complejidad del sistema interconectado.
Asimismo, el experto precisó que en lo que va del siglo XXI el Estado aprobó asignaciones presupuestarias en contextos de «emergencia eléctrica» por aproximadamente 100 mil millones de dólares, monto que duplica la inversión total realizada en el país desde la década de 1950 hasta 1998, periodo en el que se construyó la Central Hidroeléctrica El Guri.
No obstante, aclaró que estos recursos no se tradujeron en mantenimiento ni en inversión real, sino en asignaciones discrecionales afectadas por opacidad y corrupción. Este diagnóstico coincide con los hallazgos de Transparencia Venezuela en su informe «Crisis del sistema eléctrico en Venezuela: No es El Niño, es la corrupción», donde se documenta que el desembolso de decenas de miles de millones de dólares derivó en contrataciones opacas, sobrecostos y obras inconclusas.
Déficit energético, asimetría territorial y sobrecarga petrolera
De acuerdo con datos técnicos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) correspondientes a mayo de 2026, la capacidad instalada nacional se situaba en 25.127 MW. Sin embargo, la generación efectiva real alcanzó únicamente 11.993 MW ante una demanda superior a los 15.500 MW, registrando un déficit mayor a los 3.500 MW que frena la productividad nacional. El profesor Pedro Omar Mora, director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Los Andes (ULA), detalló que este déficit obedece a la parálisis operacional del Bajo Caroní, cuya producción efectiva bajó a 8.681 MW registrando un déficit acumulado de 5.296 MW entre Guri, Caruachi y Macagua, y del complejo del suroccidente, integrado por las plantas: San Agatón, La Vueltosa, José Antonio Páez, J.A. Rodríguez y Masparro; el cual opera al 25% con apenas 295 MW generados.
Mora añadió que la transmisión desde oriente hacia occidente sufre un 10% de pérdida técnica y un 30% de pérdidas no técnicas por tomas no autorizadas, exigiendo producir 1,4 MW en origen para entregar 1 MW efectivo en la región andina.
¿La producción petrolera está entre las causas de la crisis?
Paralelamente, el Dr. Julio Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y experto en calidad del suministro eléctrico, advirtió sobre la dependencia petrolera hacia la red nacional. Molina explicó que el incremento de la producción de hidrocarburos, de 500 mil a casi un millón de barriles diarios, con proyección a 1,25 millones, se sostiene sobre el SEN y no sobre plantas propias como ocurría en el pasado, debido a que los sistemas de generación de PDVSA se encuentran prácticamente paralizados.
En este sentido, el decano estimó que alcanzar la meta petrolera demandará 200 MW adicionales al SEN, agravando el racionamiento a la población.
Molina recordó además que de la capacidad nominal cercana a 30.000 MW, unos 18.000 MW no están disponibles por la obsolescencia de plantas térmicas que no fueron sustituidas por falta de inversión. Cifra que fue confirmada por la Escuela de Ingeniería Eléctrica ulandina.
A este escenario se suma una marcada inequidad territorial. Christy Rangel, docente jubilada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA e investigadora de Transparencia Venezuela, y el profesor José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, coincidieron en que la capital de la República funciona bajo un esquema diferenciado que minimiza los cortes, mientras que las regiones del interior —como Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas y el alto Apure— sufren suspensiones sistemáticas desde 2008. Al ubicarse en la «cola» del SEN y registrar un déficit propio cercano a los 300 MW, el occidente padece actualmente racionamientos de entre 8 y 12 horas diarias.
Impacto en la universidad
Los presidentes de las Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela denunciaron en Aula Abierta Radio que las fallas eléctricas atentan directamente contra la educación, la investigación y la libertad académica.
Roberto López, representante de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ) ante la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), señaló que en los últimos ocho meses se ha vivido un agravamiento importante en el servicio eléctrico, afectando entre 5 y 8 horas al día a la universidad y a la comunidad zuliana en general. Indicó que muchos de los cortes se realizan en horas de la mañana, lo que impide que los laboratorios, prácticas profesionales e incluso las clases con equipos electrónicos se desarrollen con normalidad, limitando así la educación y el desarrollo científico en el país.
Por su parte, Júnior Abreu, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora» (Apunellez), informó que en el estado Barinas, donde se ubica la sede principal de la institución, hacen falta 400 MW para cubrir la demanda energética regional. A pesar de contar con las plantas termoeléctricas e hidroeléctricas suficientes para cubrir las necesidades sociales, estas funcionan «a media máquina».
Sobre las afectaciones a la comunidad universitaria, detalló que entre junio y agosto la comunidad ha carecido del servicio durante unas 5 horas diarias, a las que se suman cortes no programados, daños en líneas de transmisión y fluctuaciones de voltaje.
El profesor José Gregorio Afonso señaló que la sede de Maracay de la UCV mantiene interrupciones constantes que impiden las actividades de los laboratorios de la Facultad de Agronomía. “Los laboratorios funcionan con planta eléctrica y, evidentemente, alguien debe pagar la adquisición de los equipos, el mantenimiento de los mismos y el combustible que utiliza. Esto encarece todos los servicios de la universidad que tratan de mantenerse”, explicó Afonso.
El profesor Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg), comentó que la crisis eléctrica que vive la universidad refleja la “paradoja que vive el estado Bolívar”, al ser la región que alberga la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (El Guri), la cual genera más del 60% de la energía eléctrica del país. Por ello, consideró inexplicable que su capital y pueblos sufran racionamientos de 5 a 8 horas diarias.
“Estos cortes, combinados con severas fluctuaciones de voltaje, han deteriorado drásticamente las condiciones operativas de las sedes universitarias en Ciudad Guayana, como Villa Asia y Atlántico, así como los núcleos de Upata, Ciudad Bolívar y el sur del estado”, comentó el docente.
En este sentido, explicó que la crisis del sector impacta la rutina académica, obligando a migrar de la educación presencial a la semipresencial o directamente a la virtualidad total, ante la falta de iluminación y aire acondicionado en las aulas, una necesidad crítica en una región donde el calor es un factor medular.
El profesor José Alexander Bustamante, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, resaltó la necesidad de que las universidades dispongan de presupuesto digno para promover soluciones frente a esta contingencia. En este sentido, señaló que la universidad es el centro natural para debatir e idear respuestas a las necesidades sociales, una función fundamental que se ve severamente limitada por la actual crisis del sector.
Límites para acceder a la información
Un punto crítico señalado por el Dr. Julio Molina y por la investigadora Christy Rangel es la negativa Estatal para que la sociedad civil y el sector universitario tenga acceso a data oficial para diagnosticar el SEN y aportar soluciones científicas. Molina denunció que el marco normativo vigente clasifica la energía eléctrica como un área estratégica de seguridad de Estado y penaliza con privación de libertad la divulgación de información operacional de la red.
Esta clasificación restrictiva contrasta con años anteriores, cuando los centros de investigación universitaria disponían de datos diarios para realizar modelados de potencia y proponer políticas públicas. Desde los estándares internacionales de Derechos Humanos y los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, la criminalización del acceso a la información constituye una vulneración directa a la libertad de investigar y producir conocimiento útil para la sociedad.
Propuestas desde la academia para la estabilización del SEN
A pesar de los obstáculos institucionales, la comunidad universitaria continúa formulando alternativas viables para superar la crisis. La Escuela de Ingeniería Eléctrica de la ULA ha propuesto formalmente la instalación de 25 granjas solares flotantes en embalses de los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, Lara, Yaracuy y Falcón, con un potencial de generación de 1.560 MW.
La inversión proyectada para este sistema fotovoltaico es de 1.560 millones de dólares anuales, un monto significativamente inferior a los 3.724 millones de dólares que requiere el Estado para mantener operativas las fuentes térmicas convencionales. De igual forma, el Dr. Julio Molina planteó que la industria petrolera reactive la autogeneración utilizando el gas asociado a la extracción de crudo. Desde Aula Abierta se reitera que el respeto a la libertad académica, la transparencia en la gestión pública y la adopción de los proyectos científicos elaborados por las universidades nacionales constituyen la única vía eficiente para restablecer el servicio eléctrico y garantizar los derechos humanos de la población venezolana.
Denuncias internacionales
Aula Abierta ve con profunda preocupación cómo esta crisis eléctrica transversal afecta a las universidades, a la investigación científica y al aparato productivo de todo el país. Por esta razón, la organización no gubernamental ha documentado y denunciado de manera constante esta situación ante los mecanismos de protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este contexto, el director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, alertó en el evento paralelo sobre Venezuela realizado por la sociedad civil en Ginebra el 16 de septiembre, sobre el agravamiento de los cortes eléctricos diarios de más de 8 horas en las regiones venezolanas, relacionando esta crisis con la política estatal de asfixia presupuestaria y salarios de menos de dos dólares mensuales aplicados contra la comunidad universitaria.
«El Estado ha implementado una política sistemática con indicadores de “gran corrupción”, prácticas intervencionistas y asfixia presupuestaria contra las universidades y los universitarios, lo cual desmantela la educación superior e inhibe el pensamiento crítico, la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos humanos de las comunidades académicas. El salario de un profesor universitario es menor a 2$ al mes. Se busca la desmovilización de la Universidad en la discusión de los asuntos públicos, su captura y el colapso del sistema educativo en un contexto de grave debilitamiento del espacio cívico», explicó el docente universitario y defensor de derechos humanos.
Desde Aula Abierta se reitera que el respeto a la libertad académica, la transparencia en la gestión pública, la dignificación salarial y la adopción de los proyectos científicos elaborados por las universidades nacionales constituyen la única vía eficiente para restablecer el servicio eléctrico y garantizar los derechos fundamentales de la población venezolana.
