El Examen Periódico Universal de la ONU: Una herramienta estratégica para documentar la crisis de derechos humanos y la libertad académica en Venezuela
En el marco del ciclo de evaluación correspondiente al período 2022-2026, el Estado venezolano se somete nuevamente al escrutinio del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presente cuatrimestre representa una coyuntura determinante para examinar la situación de los derechos humanos en el país, especialmente durante el mes de septiembre, período en el cual se llevarán a cabo las sesiones del Consejo de DDHH orientadas a evaluar la realidad de los derechos humanos en el país sudamericano.
En este sentido, tras la entrega formal de los informes de contribución al EPU elaborados por la sociedad civil en el mes de julio; septiembre marca el inicio del proceso de revisión de dichos documentos por parte de los organismos multilaterales, así como la recepción del informe oficial del Estado venezolano. A partir de este insumo, la comunidad internacional dispondrá de las bases técnicas necesarias para examinar de manera integral la situación de los derechos fundamentales en Venezuela y prepararse formalmente para las sesiones de evaluación previstas para los próximos meses.
Aunado a este proceso, el próximo 18 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) presentará formalmente su informe actualizado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Durante esta jornada, las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) tendrán la oportunidad de participar activamente en el diálogo interactivo, espacio clave para denunciar de primera mano las principales irregularidades, patrones de persecución y exigencias de la comunidad universitaria y ciudadana venezolana.
¿Qué es el EPU y cuál es su importancia?
El Examen Periódico Universal es un mecanismo especial creado en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que supone una revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la Organización en condiciones de absoluta igualdad. A diferencia de otros procedimientos multilaterales, el EPU se fundamenta en un examen intergubernamental respaldado por tres documentos esenciales: el informe nacional presentado por el Estado examinado, la compilación de datos elaborada por las dependencias de las Naciones Unidas y el resumen de las contribuciones escritas remitidas por la sociedad civil e instituciones independientes.
De acuerdo con las Naciones Unidas, el EPU se consolida como «un proceso impulsado por los estados, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos (CDH), que ofrece la oportunidad a cada estado para explicar las medidas que han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos». Erigido como uno de los principales distintivos del Consejo, el sistema está diseñado para garantizar un trato equitativo a cada nación evaluada, teniendo como objetivo final «mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y hacer frente a las violaciones de los derechos humanos allí donde ocurran», posicionándose como una arquitectura única sin equivalente en el plano internacional.
Respecto a las fases del mecanismo, el profesor David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, detalló que el Examen Periódico Universal (EPU) comprende cinco etapas fundamentales: la documentación inicial, la revisión técnica de los casos documentados, la sesión de examen y la sesión de adopción. Sobre esta última, el especialista precisó que evalúa el proceso del país durante el ciclo mediante un diálogo interactivo en el marco de las sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Durante este espacio se aprueba el informe final del examen, el cual compila las recomendaciones definitivas —tanto las aceptadas como las anotadas— junto con las observaciones y consideraciones del Estado evaluado, abriendo paso a la quinta y última fase orientada a la implementación progresiva de dichos compromisos internacionales.
Caso de Venezuela
La importancia de articular acciones de monitoreo independiente cobra especial urgencia ante el contexto actual de Venezuela. En el marco del debate internacional, Calixto Ávila, abogado especialista en derechos humanos y representante de la ONG Provea en Europa, enfatizó durante una intervención para Aula Abierta Radio que el mantenimiento de las instancias extraordinarias de investigación de la ONU resulta indispensable ante la ausencia de reformas estructurales en el sistema de justicia venezolano.
Ávila advirtió que las razones originales que motivaron la creación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) bajo la Resolución 42/25 en el año 2019 continúan completamente vigentes, debido a que el Estado no ha garantizado la rendición de cuentas ni la reparación a las víctimas de violaciones graves.
El especialista denunció que las estructuras policiales, militares y judiciales responsables de patrones de persecución contra la disidencia política, gremial y universitaria se mantienen intactas. Por ello, reiteró la necesidad imperiosa de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión durante el periodo de sesiones programado para el mes de septiembre, momento en el cual el panel de expertos presentará formalmente su informe actualizado sobre la situación del país.
Venezuela ante la ONU: Próximas acciones
En el ámbito de la agenda internacional, los meses de junio y septiembre resultan determinantes para la fiscalización y presentación de informes sobre Venezuela ante el sistema universal de protección. De acuerdo con el cronograma del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y las fases operativas del Examen Periódico Universal, se establecen las siguientes fechas: Durante el mes de junio, transcurrió el segundo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, espacio en el cual la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe actualizado en un diálogo interactivo con los Estados miembros; asimismo, en esa misma fecha venció el plazo formal para que las organizaciones de la sociedad civil remitieran sus contribuciones escritas e informes independientes que alimentan el resumen de actores interesados del EPU.
Acto seguido, durante los próximos días del presente mes de septiembre, se realizarán las sesiones del Consejo de Derechos Humanos donde la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, donde se expondrá su informe escrito sobre los hallazgos documentados en el país, escenario en el cual se debatirá la renovación de su mandato de investigación.
Finalmente, este ciclo de revisión culminará en la sesión definitiva prevista para enero de 2027, momento en que el Grupo de Trabajo del EPU evaluará formalmente al Estado venezolano y las delegaciones internacionales emitirán nuevas recomendaciones frente al historial de compromisos incumplidos en los ciclos previos.
Formación y presentación de la contribución en el marco del EPU para Venezuela
En el marco del cuarto ciclo de evaluación, Aula Abierta dictó un taller formativo sobre la relevancia del Exámen Periódico Universal (EPU) para Venezuela dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y representantes de la sociedad civil.
La iniciativa tuvo como propósito brindar herramientas técnicas y operativas sobre el funcionamiento del Examen Periódico Universal (EPU), destacar la relevancia de la documentación independiente sobre violaciones a los derechos humanos y promover la participación activa de los actores universitarios en las distintas fases del proceso de incidencia internacional.
Cabe resaltar que, durante la jornada, se presentó la contribución sobre las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación de calidad en Venezuela (2022-2026), liderada por Aula Abierta y organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil, gremios, sindicatos y federaciones universitarias.
