Académicos revelan que el aumento de la producción petrolera impacta negativamente al sistema eléctrico en Venezuela
Venezuela | Ante la persistente crisis eléctrica que atraviesa Venezuela, reflejada en cortes no programados que alcanzan hasta 8 horas diarias en diversas regiones del país, Aula Abierta mantiene un monitoreo e investigación constante sobre sus causas y su impacto en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), así como en el desarrollo de las actividades académicas y científicas en la educación superior.
En este contexto, la más reciente emisión de Aula Abierta Radio contó con la participación del profesor universitario Julio Molina, ingeniero electricista, doctor en ingeniería eléctrica, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y experto en calidad del suministro eléctrico, modelado de sistemas de potencia y energías renovables.
Durante la entrevista, el decano analizó los factores determinantes detrás del reciente incremento en la frecuencia y duración de los cortes eléctricos en Venezuela, precisando que la actual coyuntura responde, en gran medida, a la transferencia de la carga energética de la industria petrolera hacia la red eléctrica nacional.
Producción petrolera y transferencia de la demanda eléctrica
Molina explicó que la producción de hidrocarburos en el país pasó de 500 mil barriles diarios a bordear un millón de barriles al día, con una meta proyectada a corto plazo de 1.250.000 barriles diarios. Sin embargo, este crecimiento industrial se está sustentando sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y no sobre infraestructuras energéticas propias.
“En la PDVSA del pasado se contaba con generación eléctrica propia, de tal forma que cualquier incremento de producción producía un impacto muy pequeño en el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, estos sistemas de generación están prácticamente parados, por lo que el sector petrolero, privado o estatal, debe tomar energía del SEN. Esto ha provocado que se deba racionar el servicio a otros sectores”, argumentó el especialista.
Brecha entre generación real y demanda nacional
El Decano de Ingeniería de la UCV detalló que Venezuela registra actualmente una demanda nacional aproximada de 16.000 megavatios (MW), frente a una generación real que apenas alcanza los 12.000 MW. Esta brecha superior a los 4.000 MW se agrava con el requerimiento adicional de la industria petrolera y los efectos de fenómenos climáticos como El Niño.
El experto estimó que llevar la producción petrolera a 1,25 millones de barriles diarios añadirá al menos 200 MW adicionales de demanda eléctrica. Ante este panorama, sostuvo que una solución técnica viable sería que la industria petrolera vuelva a generar su propia energía utilizando el gas asociado a la extracción de crudo.
Asimismo, Molina recordó que Venezuela posee una capacidad instalada de aproximadamente 30.000 MW; no obstante, cerca de 18.000 MW no se encuentran operativos debido a la acumulación de obras inconclusas, la falta de inversión continuada y patrones de corrupción en la gestión pública. «Evidentemente, la no disponibilidad de esos 18.000 MW está asociada a la obsolescencia de los mismos sistemas eléctricos, sobre todo plantas térmicas que tienen muchos años y debieron ser sustituidas en su momento pero que, por falta de inversión, no se llevaron a cabo», puntualizó.
Censura legal, opacidad y vulneración de la libertad académica
Uno de los puntos más críticos expuestos por el Dr. Molina radica en la imposibilidad del sector universitario de acceder a datos oficiales para diagnosticar el SEN y formular soluciones científicas a la crisis. La falta de datos públicos por parte del Estado mantiene a la ciudadanía en la incertidumbre y bloquea el trabajo académico.
El especialista subrayó la necesidad de reformar el marco normativo vigente en el sector, el cual clasifica la energía eléctrica como un área estratégica de seguridad y penaliza con privación de libertad a quienes divulguen información operacional de la red eléctrica. Explicó que, en años anteriores, los centros de investigación universitaria disponían de data operacional actualizada diariamente para realizar modelos de potencia, análisis técnicos y propuestas de política pública.
Desde la perspectiva de los estándares internacionales de Derechos Humanos y los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, la clasificación restrictiva de la información operacional y la criminalización de su divulgación constituyen una vulneración directa a la libertad académica en su atributo de investigar, producir y difundir conocimiento científico útil para la sociedad.
