Ante el recrudecimiento de los apagones en 2026, Aula Abierta analiza la crisis eléctrica en Venezuela a la luz de hallazgos sobre la gran corrupción en el sector
Venezuela | Ante el severo agravamiento de la crisis eléctrica registrado en el país desde febrero de 2026, y con especial énfasis en el recrudecimiento de las fallas y cortes prolongados en las regiones durante el último trimestre, la organización Aula Abierta denunció esta problemática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 196 período de sesiones.
En el marco de este monitoreo, durante la más reciente emisión del programa Aula Abierta Radio, se abordó el contexto actual a la luz de los hallazgos del informe «Crisis eléctrica en Venezuela: no es El Niño, es la corrupción», elaborado por la organización Transparencia Venezuela.
Aunque el estudio documental de Transparencia Venezuela evalúa el período comprendido entre 2009 y 2021, sus conclusiones sobre la opacidad en la gestión pública, la falta de mantenimiento y la desviación de fondos permiten comprender la raíz de los racionamientos que hoy afectan a la ciudadanía. Los hallazgos de la investigación demuestran que, a pesar de que solo en proyectos destinados al sector eléctrico el Estado desembolsó más de 29 mil millones de dólares desde el año 2010, el país continúa sometido a esquemas de racionamiento no informados e inconsultos que impactan directamente el funcionamiento de centros asistenciales, la actividad comercial y el desarrollo de la docencia e investigación en la educación superior.
Obras inconclusas y sobrecostos millonarios
Uno de los aspectos documentados en la investigación es el retraso sistemático y el encarecimiento extraordinario de las megaobras de infraestructura. El caso de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), en el estado Bolívar, evidencia este patrón: proyectada inicialmente para entrar en funcionamiento entre 2012 y 2014 con un costo estimado de 2.700 millones de dólares (similar a la central Caruachi, culminada en 2005), la obra terminó registrando presupuestos superiores a los 12.000 millones de dólares. Este incremento de más de 300% en sus costos, atribuido a devaluaciones, imprevistos y retrasos de contratistas, no se tradujo en la puesta en marcha oportuna de sus turbinas.
Asimismo, Transparencia Venezuela ha sistematizado un mapa de obras inconclusas o paralizadas a lo largo del territorio nacional, que también afectan al sistema eléctrico. Algunas de las obras se presenta a continuación:
- Barinas: Modernización de la Central Hidroeléctrica José Antonio Páez.
- Bolívar: Construcción de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma).
- Carabobo: Construcción de Subestación Eléctrica (Proyectos Eléctricos).
- Falcón: Culminación y repotenciación de la Planta Termoeléctrica Josefa Camejo.
- Lara: Construcción de la Planta Termoeléctrica Argimiro Gabaldón; Represa Los Quediches; y la sustitución de 7 km de tubería de 48 pulgadas en la Represa Los Quediches.
- Mérida: Planta Termoeléctrica Don Luis Zambrano.
- Miranda: Inversión en la Planta India Urquía del Complejo Generador Termocentro.
- Zulia: Construcción de la Planta Termoeléctrica de Bachaquero; Parque Eólico de la Guajira; y la culminación de la Central Termoeléctrica Termozulia IV
Patrones de impunidad y contrataciones opacas
La investigación expone casos emblemáticos de asignación de contratos sin los requisitos legales ni la idoneidad técnica requerida. Un ejemplo documentado es el de la empresa Derwick Associates, la cual suscribió en octubre de 2009 un contrato por 198 millones de dólares con la Electricidad de Caracas para la planta de Picure, sin contar con experiencia en el sector eléctrico ni estar inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
A través de la subcontratación de una firma estadounidense, dicha alianza obtuvo la adjudicación para la construcción de 12 plantas y la venta de 42 turbinas, de las cuales el 81% eran de segunda y tercera mano adquiridas en diversos países. Reportes operativos oficiales del SEN evidenciaron que sólo 3 de cada 10 turbinas vendidas e instaladas por este esquema se encontraban disponibles, mientras que las demás permanecían paralizadas por mantenimiento, desperfectos o nunca entraron en operación.
Las auditorías documentales revelaron además márgenes de ganancia extraordinarios en la Ingeniería, Procura y Construcción (EPC), donde la empresa intermedia facturó montos sustancialmente superiores a los contratados originalmente para la ejecución en campo, en detrimento del patrimonio público.
La Gran Corrupción como vulneración estructural de los Derechos Humanos
De acuerdo con el análisis de Transparencia Venezuela, la gestión del sector eléctrico se enmarca en un patrón de Gran Corrupción, caracterizado por el alcance internacional de las operaciones, la participación de altos funcionarios públicos, la captura de las instituciones del Estado y una profunda impunidad que propicia la desviación de recursos públicos multimillonarios.
Desde la perspectiva de los estándares internacionales de Derechos Humanos, la Gran Corrupción no constituye una simple falta administrativa, sino una violación estructural a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). El colapso del suministro eléctrico afecta directamente el derecho a la salud, poniendo en riesgo la vida en centros asistenciales, limita el derecho a una educación de calidad y restringe severamente el desarrollo de la investigación científica, la docencia y la libertad académica en las universidades venezolanas.
La gestión del SEN en 2026: sin cambios estructurales en la transparencia pública
Al evaluar la crisis eléctrica vivida en 2026, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señala que no se han modificado los patrones estructurales que sustentan la Gran Corrupción en el país. De Freitas indica que la política de opacidad se mantiene intacta, debido a que no existen acciones concretas del gobierno nacional que promocione la transparencia, “por el contrario, no tenemos ningún dato de los contratos o licitaciones. Incluso, no se ha publicado la Ley de Presupuesto”.
Asimismo, la vocera advierte que continúan ausentes las contrataciones abiertas y las licitaciones públicas transparentes. Pese a que se tiene conocimiento de la firma de memorandos de entendimiento y contratos adjudicados discrecionalmente, no existe acceso a la información pública sobre estos acuerdos.
“No hay ningún elemento que nos haga pensar que ha cambiado la estructura de relaciones del sistema de justicia y el Poder Ejecutivo; por el contrario, vemos una unión familiar entre la presidencia del Ejecutivo y la presidencia de la Asamblea Nacional, con los hermanos Rodríguez”, precisó De Freitas.
El rol de las universidades
Frente a este escenario, Manuel Sánchez, coordinador de proyectos, destacó la urgencia de articular una alianza estratégica entre las universidades nacionales y la sociedad civil organizada. La propuesta contempla la creación de un comité independiente integrado por las casas de estudio superior para ejecutar auditorías técnicas y financieras, así como inventarios de activos que permitan diagnosticar el estado real del sistema eléctrico.
En este sentido, Sánchez puntualizó la necesidad de implementar mecanismos de contraloría ciudadana, herramientas de mapeo y observatorios de servicios públicos para prevenir hechos de corrupción, evaluando de forma paralela un plan de descentralización de la gestión eléctrica.
Asimismo, planteó la reestructuración del servicio mediante la conformación de empresas especializadas en las fases de generación, transmisión y distribución, abriendo la competencia al sector privado e incorporando formalmente los insumos y soluciones generados desde la academia y la ciudadanía.
