En audiencia de la CIDH fue denunciada cómo la Gran Corrupción afecta la educación superior en Venezuela
Venezuela | La ONG Aula Abierta participó en la audiencia pública número 26 del 196° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Entre los temas que se abordaron se destaca el impacto de la corrupción en el sistema de educación superior autónomo en Venezuela.
Durante la audiencia, el profesor David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, expuso que el Estado venezolano ha estructurado una política sistemática que responde a patrones de «gran corrupción», injerencia gubernamental y asfixia financiera intencionada contra las universidades.
“El Estado ha implementado una política sistemática con indicadores de “gran corrupción”, prácticas intervencionistas y asfixia presupuestaria contra las universidades, lo cual desmantela la educación superior e inhibe el pensamiento crítico, la autonomía universitaria y los derechos humanos de las comunidades académicas”, denunció Gómez Gamboa.
Asimismo, recordó que “el salario de un profesor universitario es menor a 2$ al mes”, alertando que esta práctica que vulnera los derechos de las y los universitarios, ejecutada por el Estado desde 2022, “busca la desmovilización de la Universidad en la discusión de los asuntos públicos, su captura y el colapso del sistema educativo en un contexto de grave debilitamiento del espacio cívico”.
A través de la investigación de Aula Abierta “El impacto de la corrupción estatal en el sistema de educación superior autónoma en Venezuela (2004-2026)”, la organización documentó ante el organismo interamericano cómo las actuaciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han instrumentalizado el poder público para obtener un beneficio privado de carácter político y potencialmente económico.
Asfixia presupuestaria selectiva y reducción operativa del sistema universitario
El informe documenta que la reducción sistemática de presupuesto responde a una política de desfinanciamiento inducido y potencial castigo político contra las casas de estudio autónomas. Desde el año 2004, se han registrado asignaciones aprobadas con déficits iniciales de entre 30% y 50%, brecha que se agudizó de forma crítica en los años recientes. Para el periodo 2018-2024, el Ejecutivo asignó a las universidades miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) menos del 3% del presupuesto requerido para su funcionamiento básico.
Casos emblemáticos como el de la Universidad Central de Venezuela (UCV) reflejan la gravedad del colapso: en 2021, la UCV registró un déficit presupuestario del 97,73%, erradicando la capacidad operativa para el sostenimiento de laboratorios, servicios estudiantiles e infraestructura. Una dinámica similar afectó a la Universidad de Los Andes (ULA), donde en 2020 la aprobación presupuestaria por parte del Ejecutivo representó apenas el 2,25% de la solicitud institucional, situando la inversión por estudiante por debajo de un dólar mensual. Por su parte, la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Oriente (UDO) registraron para los periodos 2019-2021 déficits acumulados superiores al 95%, derivando en el desvalijamiento de instalaciones y la parálisis de proyectos científicos.
Prácticas de potencial corrupción e intervención en la gobernanza
La investigación de Aula Abierta categoriza diversas iniciativas del Ejecutivo Nacional como potenciales prácticas de corrupción institucional que vulneran los artículos 103 y 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la CIDH.
Entre ellas destaca la creación del programa «Plan Universidad Bella» dentro de la Gran Misión Venezuela Bella. A través de este mecanismo, el Estado centralizó las partidas de infraestructura y mantenimiento que por ley corresponden a los consejos universitarios, ejecutando obras de rehabilitación mediante contrataciones y adjudicaciones directas que investigaciones periodísticas independientes vinculan con presuntos conflictos de interés y opacidad presupuestaria.
A la par de la centralización financiera, se ha denunciado la aplicación de la figura parajurídica del «protectorado», como la designación de autoridades paralelas en la UCV y la UO, el uso del «Sistema Patria» para centralizar las nóminas universitarias e imponer controles sociales al salario, y el proselitismo político-partidista dentro de los campus universitarios intervenidos.
En el ámbito laboral, la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio del Trabajo ha derivado en la precarización absoluta del cuerpo docente y trabajadores. La imposición del denominado «Instructivo ONAPRE» en 2022 cercenó primas salariales y rebajó los ingresos del personal universitario.
Para el 10 de agosto de 2026, las tablas salariales ubican el ingreso de un profesor universitario a dedicación exclusiva en montos que oscilan entre $0,17 y $1,58 mensuales, configurando un escenario de extrema pobreza que acelera el éxodo de talento profesional y erosiona la calidad académica.
Injerencia del Poder Judicial y paralización de la autonomía organizativa
El informe presentado por Aula Abierta, con el apoyo y asistencia técnica de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), detalla más de 50 decisiones emanadas del Poder Judicial venezolano que han atentado contra la autonomía universitaria y el autogobierno democrático.
El hito más representativo lo constituye la Sentencia Nº 0324 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictada en agosto de 2019, mediante la cual la instancia judicial modificó de forma inconstitucional la composición del claustro universitario definida en el Artículo 109 constitucional.
Asimismo, se resalta como el TSJ suspendió de facto la renovación de autoridades autónomas en múltiples universidades desde 2026 hasta 2024, forzando a los equipos rectorales a mantenerse en cargos bajo la figura de interinatos despojados de competencias de disposición. A esta sentencia se suman fallos dictados por la Sala Electoral que han suspendido procesos electorales en la ULA, UC, UCV, LUZ, UNEXPO, entre otras, así como decisiones que despojaron a las casas de estudio de sus mecanismos internos de selección e ingreso de estudiantes para transferirlos a la OPSU.
Impacto en la sociedad y exigencias al Estado venezolano
Aula Abierta concluye que la acción coordinada de los Poderes Públicos en Venezuela no solo ha afectado la estructura física de las casas de estudio, sino que ha destruido las condiciones operativas para el ejercicio del pensamiento crítico y la fiscalización ciudadana del poder.
Ante estos hallazgos, la organización exige que el Estado venezolano cese las agresiones, hostigamientos y persecuciones contra la comunidad académica, restablezca de forma inmediata el presupuesto justo de funcionamiento bajo el control de las autoridades legítimas, respete el principio constitucional de autonomía universitaria y garantice la investigación penal y administrativa de los eventuales hechos de corrupción cometidos contra el patrimonio educativo de la Nación.
Puede leer el informe completo «El impacto de la corrupción estatal en el sistema de educación superior autónoma en Venezuela (2004-2026)», aquí.
