Sociedad civil presenta el «Termómetro de Justicia y Verdad» ante la CIDH para evaluar la situación de DDHH en Venezuela
En el marco del 196° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), veinte organizaciones de la sociedad civil venezolana denunciaron la situación de los derechos humanos en Venezuela y presentaron el instrumento Termómetro de Justicia y Verdad.
La herramienta busca auditar y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre DDHH en el país a través de cuatro pilares fundamentales: cese de la represión, rendición de cuentas, protección del espacio cívico y cooperación multilateral.
Durante la audiencia pública, voceros y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos expusieron la persistencia de patrones represivos, la precariedad en los centros de reclusión y el deterioro sostenido de las libertades fundamentales en el contexto venezolano actual.
Persecución, tratos crueles y emergencia humanitaria en las cárceles
Beatriz Borges, directora de la Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), enfatizó la necesidad de evaluar si el país transita de manera formal hacia la restitución del Estado de derecho o si se mantienen las estructuras de persecución. En este sentido, enfatizó que el primer pilar es el cese de la represión, el cual mide si realmente se liberan los presos políticos, si se cierran los centros de detención, si cesa la criminalización de defensores y activistas, y si se disuelven o reforman las fuerzas y colectivos armados que la ejecutan.
“Hace poco más de un año, muchas de las personas y organizaciones que comparecen ante ustedes no podían hacerlo sin poner en riesgo su seguridad o la de quienes permanecían en Venezuela.Ese riesgo no ha cesado del todo. Esa apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada. No existen investigaciones independientes ni rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas, y las víctimas continúan esperando verdad y justicia”, indicó.
Por su parte, Martha Tineo, co-directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, visibilizó las graves condiciones físicas y sanitarias en las que permanecen las personas privadas de libertad por motivos políticos.
“Esta es una urgencia humanitaria que no admite esperas. Adultos mayores y personas con enfermedades graves —como cáncer o afecciones renales— sobreviven sin atención médica. Las secuelas irreversibles de las torturas y el encierro dañan de forma continua la salud física y psicológica de los detenidos y de sus seres queridos”, comentó.
Además, indicó que lejos de atender demandas básicas como agua o alimento, la respuesta institucional “ha sido la represión violenta y el uso de gases lacrimógenos dentro de los recintos. Es este nivel de desprotección el que somete a los presos políticos a una desnutrición extrema, manifestada en pérdidas de peso que superan los 30 kilogramos”.
Asfixia presupuestaria y colapso de la autonomía universitaria
En representación de la universidad venezolana, el profesor de la Universidad del Zulia y director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, advirtió sobre el impacto del marco normativo restrictivo y denunció la política estatal de desmantelamiento de la educación superior en las regiones.
“El Estado ha implementado una política sistemática con indicadores de ‘gran corrupción’, prácticas intervencionistas y asfixia presupuestaria contra las universidades, lo cual desmantela la educación superior e inhibe el pensamiento crítico, la autonomía universitaria y los derechos humanos de las comunidades académicas. El salario de un profesor universitario es menor a 2$ al mes. Se busca la desmovilización de la Universidad en la discusión de los asuntos públicos”, indicó.
Aunado a esto, denunció la crisis eléctrica que atraviesan las regiones del interior del país. Municipios que viven con cortes eléctricos de entre 4 y 8 horas diarias, en conjunto con fluctuaciones eléctricas permanentes y deficiencias en otros servicios públicos; realidad que Aula Abierta ha denunciado desde su fundación, en 2014, y que sigue paralizando la vida académica, científica y productiva en el país.
Cooperación internacional y recomendaciones prioritarias
A su turno, Deborah Van Berkel, representante de Ideas por la Democracia, abordó el estatus de la relación entre el Estado venezolano y los mecanismos internacionales de protección, alertando sobre la falta de acceso y la necesidad de una veeduría independiente en cualquier escenario electoral o de transición.
Aseguró que “el multilateralismo y la cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos son un pilar en la reconstrucción y en la verificación de avances de manera independiente, en un proceso en el cual la sociedad civil es un actor fundamental”.
En el periodo enero a mayo del 2026, se ha podido documentar:
1- La Misión de Determinación de los Hechos (FFM) continúa sin acceso al territorio venezolano ni a archivos del Estado por negativa de las autoridades. Sin embargo, ha habido un aumento significativo de testimonios voluntarios de personas excarceladas a partir del esfuerzo de las víctimas, los familiares y organizaciones defensoras de derechos.
2- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU logró su reinstalación en el país luego de su expulsión en el 2024. No se produjo un nuevo memorándum de entendimiento,prorrogandose el anterior, que no es público, y bajo restricciones ya documentadas. El gobierno buscó instrumentalizar la visita para validar su narrativa sobre excarcelaciones, no para abrir acceso independiente.
3-Venezuela mantiene su desvinculación total de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH y no ha cumplido ninguna sentencia ni resolución de supervisión pendiente. El gobierno de Rodríguez no ha comparecido a audiencias ni presentado informes de avance durante el período.
4-El gobierno interino de Delcy Rodríguez no tuvo ninguna forma de cooperación activa con la CPI, anunciando el pasado 24 de julio del 2026 el retiro definitivo de Venezuela.
Finalmente, el defensor de derechos humanos Faisal Yamil, en representación de la plataforma Justicia y Verdad, sintetizó los tres requerimientos prioritarios que la sociedad civil exige al Estado y a la comunidad internacional:
Primero, la liberación plena e incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. Los hallazgos ya presentados en esta audiencia confirman que la deuda permanece activa a pesar de la ley de amnistía.
Segundo, la derogación, reforma o anulación del marco normativo que asfixia el espacio cívico. Se han documentado al menos 38 instrumentos legales usados desde 2002 para criminalizar y perseguir a la disidencia y concentrar el poder. Hacemos especial énfasis en la ley de fiscalización de ONG.
Tercero, la apertura real a los mecanismos internacionales de protección. Exigimos que el Estado extienda invitaciones formales a esta Comisión para una visita in loco plena, que además abra la puerta para sucesivas visitas de los relatores especiales de Naciones Unidas pendientes, y a la Misión de Determinación de los Hechos.
Para consultar el informe detallado, los indicadores y los datos del monitoreo, lea el informe completo
