Crisis eléctrica paraliza la gestión académica y vulnera el ejercicio de la docencia en las universidades venezolanas
Venezuela | Las fallas continuas en el Servicio Eléctrico Nacional continúan vulnerando el libre ejercicio de la libertad académica, la investigación y la labor docente en las instituciones de educación superior en Venezuela.
Profesores y autoridades universitarias señalan que la intermitencia del servicio paraliza la gestión administrativa, dificulta las actividades de docencia virtual y presencial, y restringe el desarrollo de investigaciones científicas esenciales para el país.
Déficit energético derivado de fallas en la gestión pública
La parálisis de la actividad académica encuentra sus causas en un problema estructural del sistema eléctrico que se ha prolongado por años, teniendo hitos de severa afectación como el apagón nacional de más de 120 horas registrado en marzo de 2019.
De acuerdo con el informe «Crisis eléctrica en Venezuela: no es El Niño, es la corrupción», elaborado por la organización Transparencia Venezuela, desde el año 2010 hasta el 2021 se asignaron más de 29 mil millones de dólares para solventar la emergencia eléctrica decretada por el Ejecutivo en diciembre de 2009. A pesar del volumen de recursos económicos invertidos y la creación de un ministerio dedicado al área, proyectos clave registraron considerables sobrecostos y retrasos. Ejemplo de ello es la Central Hidroeléctrica Tocoma, cuyo presupuesto ascendió de 2.700 millones a 12.000 millones de dólares sin haber completado la entrada en funcionamiento de sus turbinas en los lapsos comprometidos.
Mientras la versión oficial atribuye el desabastecimiento energético a factores climáticos y sequías en la cuenca del embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), los análisis técnicos e independientes evidencian una falta de transparencia e ineficiencia en el manejo de los fondos públicos. La consecuencia ha sido un esquema de racionamiento no planificado que afecta el desarrollo social, comercial y el funcionamiento regular de las casas de estudio.
Paralización administrativa y exigencia de prioridad energética
El impacto de las fallas de energía alcanza directamente la operatividad institucional del claustro universitario. Manuel Morocoima, Secretario de la Universidad de Los Andes (ULA), informó que la institución se ha visto forzada a adecuar sus labores ante las constantes interrupciones de servicios esenciales como electricidad, agua, internet y gas licuado en las facultades que lo requieren.
Morocoima explicó que cada interrupción eléctrica deja fuera de servicio el sistema interno universitario, lo que paraliza los trámites y procesos administrativos de una matrícula de casi 20 mil estudiantes.
«A pesar de ello, no hemos dejado que esta cantidad de vicisitudes impidan que sigamos formando a los jóvenes. Por el contrario, hemos demostrado resiliencia», enfatizó el Secretario de la ULA, destacando que el personal docente y administrativo ha debido recurrir a estrategias alternativas, como el trabajo manual, para solventar la contingencia y mantener abierta la universidad.
Ante esta realidad, la autoridad universitaria solicitó formalmente al Estado venezolano incluir a las universidades dentro de las zonas de prioridad energética, medida indispensable para garantizar un suministro constante que evite la paralización de la formación académica y la investigación científica.
Reducción del espacio cívico y deterioro del proceso de enseñanza
El cuerpo docente de las distintas casas de estudio coincide en que la crisis del servicio eléctrico limita el ejercicio profesional y genera desesperanza en la comunidad universitaria.
Javier Tarazona, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), sostuvo que la problemática actual trasciende las aulas de clase y afecta la dinámica ciudadana.
«El sistema eléctrico es una forma de asfixiar al venezolano», aseveró Tarazona, quien indicó que la crisis provoca una reducción del espacio cívico al obligar a los ciudadanos a concentrar su tiempo en resolver las dificultades de la cotidianidad en lugar de incidir en los temas de interés público.
El docente señaló que la falla del servicio le ha impedido impartir clases virtuales, responder consultas asincrónicas de sus alumnos y redactar proyectos de investigación. A su juicio, la solución a este escenario requiere el reconocimiento de la destrucción del sistema y la implementación de un proceso de transformación, innovación e inversión con transparencia.
Por su parte, Pedro Fernández, profesor de la Facultad de Medicina de la ULA, advirtió sobre las graves consecuencias que trae la falta de energía en carreras donde la formación técnica precisa es fundamental. Fernández destacó la resiliencia de la comunidad universitaria, que ha recurrido a colectas y donaciones para adquirir equipos de energía alternativa y evitar la suspensión de las actividades prácticas.
«Es imposible mirar una universidad, una ciudad, una nación completa que funcione hoy sin energía eléctrica. Y en las aulas de clases lo vivimos todos los días. Esto nos imposibilita ver la asignación del día y por supuesto afecta la calidad educativa», afirmó Fernández.
El académico añadió que la suspensión diaria de actividades genera elevados niveles de ansiedad entre los universitarios.
«Si fuera un día, pudiéramos buscar una solución inmediata. Pero esta situación se vive todos los días», concluyó el especialista en salud, remarcando cómo el estancamiento educativo frena el desarrollo integral del país.
Exigencias al Estado
Desde Aula Abierta se reitera que el deterioro del sistema eléctrico no constituye únicamente una falla técnica, sino una vulneración sistemática del deber del Estado de garantizar las condiciones estructurales para el ejercicio de la docencia y la investigación científica.
Esta omisión contraviene el Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra la autonomía universitaria como un principio orientado a permitir que profesores y estudiantes se dediquen a la búsqueda del conocimiento. Asimismo, vulnera el Artículo 110, que declara de interés público la ciencia, la tecnología y la investigación, imponiendo al Estado la obligación de proveer los recursos y servicios necesarios para su desarrollo. “Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley”, señala la CRBV.
Aunado a esto, los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, en el Principio II, solicita la salvaguarda de la autonomía de las instituciones académicas frente a presiones omisivas que paralicen sus funciones, mientras que los Principios I y XV enfatizan que los Estados están obligados a asegurar las condiciones materiales e institucionales mínimas, incluyendo la provisión continua de servicios públicos esenciales, para que el personal docente pueda impartir sus cátedras e investigar en un entorno adecuado y libre de coacciones de hecho.
Por ello, se exhorta a las autoridades gubernamentales a adscribir a las universidades públicas al régimen de zonas de prioridad energética, salvaguardando la operatividad del claustro académico y la sostenibilidad de la educación superior en el país. Finalmente, Aula Abierta seguirá investigando cómo la crisis de servicios públicos afectan el derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía universitaria.
