Universitarios en Venezuela denuncian irregularidades en el pago del bono vacacional
Venezuela | Miembros de la comunidad universitaria de Venezuela rechazan las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional respecto al pago del bono vacacional para el personal activo y jubilado del sector público.
A través de comunicados emitidos por el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB) y Asociación de Profesionales Administrativos, Técnicos y de Servicio de la UCV (APUFAT), los universitarios denuncian la violación sistemática de los acuerdos laborales preexistentes, así como la imposición de bonificaciones insuficientes que atentan contra la dignidad humana y el sustento de miles de familias.
De acuerdo con la APUCV, el Gobierno nacional procedió al pago del «Bono de Responsabilidad Profesional» el pasado 30 de junio de forma discriminatoria, excluyendo explícitamente a los docentes jubilados, contratados y a tiempo convencional. Asimismo, la organización denunció la entrega fraccionada, programada para los días 10/07, 25/07 y 10/08, de un denominado «Bono Especial de Vacaciones», cuyo monto aproximado equivale a $65 según la tasa de cambio oficial del 8 de julio.
Ante este anuncio gubernamental, la APUCV calificó de «ilegal» e «inhumano» esta acción, además de “evidenciar que la empatía y la responsabilidad hacia los trabajadores están ausentes en la gestión del Gobierno Encargado”.
Por su parte, la Junta Directiva de la APUFAT-UCV informó que dicho «Bono Especial de Vacaciones» tiene un monto nominal de Bs. 44.588,10. Además, precisó que el cronograma oficial contempla el pago el 10 de julio para el personal docente, administrativo y obrero activo, mientras que el sector jubilado y pensionado deberá esperar hasta el 25 de julio para recibir la asignación, presuntamente indexada a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). APUFAT catalogó el fraccionamiento como «un insulto a la dignidad de la comunidad universitaria» que destruye de manera asfixiante la capacidad de compra del trabajador.
Es importante resaltar que, el lunes 13 de julio de 2026, el Consejo Universitario ulandino rechazó las condiciones de pago del bono vacacional. El secretario de la ULA, Manuel Morocoima, denunció discriminación y señaló que el bono, calculado cerca de los 65 dólares, evidencia la “insuficiencia del sueldo actual”.
APUSB: «Esta política sostenida contra los jubilados no es útil, sana ni legal»
La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB) se sumó a las denuncias, rechazando la discriminación contra los jubilados en la administración pública. Omar Pérez Avendaño, presidente de la APUSB, aseveró que las autoridades institucionales insisten en diferir a los jubilados hacia el fin de mes con un bono vacacional especial que posterga su recepción una quincena más en comparación con el personal activo.
A criterio de Pérez Avendaño, esta segregación constituye una política destructiva que atenta contra la jubilación, la cual históricamente fue concebida como uno de los mayores logros laborales y una solución satisfactoria hacia el final de la vida laboral.
“Insisten, ahora con un bono vacacional especial -que nada de especial tiene- con diferir a los jubilados hacia el fin de mes, una quincena más que deben esperar por ese bono, creen ellos que privilegiando así a los activos. Esto luego de unos anuncios que no lograron sostener ni un día. Esta marginación de los jubilados es una política que genera un fraude contra todos los trabajadores, porque al ingresar, cuando nosotros ingresamos, la jubilación era ofrecida como uno de los mayores logros laborales”, manifestó en un comunicado.
Por su parte, William Anseume, secretario de condiciones laborales de la APUSB, cuestionó los criterios técnicos y financieros detrás del cálculo de estas asignaciones, señalando que la política laboral del Estado no puede basarse en «caprichos perjudiciales desde el poder». Anseume enfatizó que la medida no solo representa un retroceso en materia regulatoria, sino que implica una afectación directa a los derechos constitucionales de no segregación y una flagrante discriminación humana. Asimismo, denunció que las asignaciones otorgadas no cumplen con la finalidad de sustituir el bono vacacional formal, el cual debe mantenerse anclado a un sueldo digno.
Vulneración de los derechos laborales
Esta realidad se contrasta con el escenario macroeconómico nacional. El salario mínimo legal en Venezuela se mantiene congelado en 130 bolívares mensuales desde su último decreto el 1 de mayo de 2022. Para el 13 de julio de 2026, dicho ingreso base se ha devaluado exponencialmente hasta representar el equivalente crítico de apenas 0,17 centavos de dólar americano al mes.
Esta pulverización del cono monetario frente a la divisa de referencia nacional genera que cualquier bono o asignación complementaria resulte completamente desconectada de la canasta básica y del costo real de la vida, despojando al salario de su función vital de sustento.
Aunado a esto, Aula Abierta alerta que esta problemática se encuentra ligada a la vigencia y aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). Este instrumento administrativo continúa vulnerando los derechos laborales del sector debido a que aplana de forma arbitraria las tablas salariales de la administración pública, recorta las primas por antigüedad, profesionalización y mérito, e ignora deliberadamente las cláusulas de las convenciones colectivas vigentes.
Al desestimar la progresividad de los beneficios y fraccionar de manera unilateral los pagos correspondientes al periodo vacacional, el Estado venezolano incumple su obligación como principal empleador del sector educativo, deteriorando el ejercicio de la libertad académica, ya que el ahogo económico impide a investigadores, docentes y personal de soporte técnico desarrollar sus labores institucionales mínimas.
Aula Abierta reitera que la autonomía universitaria y la excelencia educativa son interdependientes de la seguridad social y económica de sus integrantes. El menoscabo de los derechos de los universitarios socava las bases institucionales de la educación superior en América Latina.
