Organizaciones de la Sociedad Civil alertan en la ONU que asfixia presupuestaria e inflación pulverizan el derecho a la educación en Venezuela
Ginebra, Suiza | En el desarrollo de la 62ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales Aula Abierta junto al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentaron este lunes 29 de junio de 2026 una declaración conjunta durante el Diálogo Interactivo sobre la presentación del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos respecto a la situación en la República Bolivariana de Venezuela.
La intervención visibilizó la persistencia de la crisis humanitaria compleja en el país, haciendo especial énfasis en cómo la pulverización del poder adquisitivo y el déficit presupuestario estatal vulneran de forma sistemática el derecho a la vida digna, la salud y la educación.
Venezuela en emergencia humanitaria
En el derecho de palabra ante los Estados miembros del Consejo, las organizaciones alertaron sobre las condiciones de vida de la población venezolana. Entre los datos presentados se destaca que la pobreza total se ubicó en un 76,5% en 2025, y de este porcentaje, el 38,5% de los venezolanos se encuentra sumido en la pobreza extrema, según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2025; viviendo en un contexto donde el salario mínimo legal se mantiene en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 20 centavos de dólar, frente a una Canasta Alimentaria Familiar que superó los 772 dólares en mayo.
Esta situación de vulnerabilidad económica impacta directamente el derecho a la salud y a la integridad física. Citando los indicadores de la Encovi 2025, se alerta que cerca de 1 de cada 7 personas, lo que representa aproximadamente 4,4 millones de ciudadanos, manifestaron haber padecido algún problema de salud o accidente durante el mes previo a la encuesta, reflejando las deficiencias en la protección social.
Asfixia presupuestaria contra la universidad y la docencia
Asimismo, se denunció la política pública implementada por el Estado venezolano de asfixia financiera del sistema educativo. La declaración conjunta demostró que el presupuesto nacional destinado a la educación en 2025 representó apenas el 12,8% del total nacional, una cifra significativamente inferior al 20% mínimo recomendado por la UNESCO.
Esta política presupuestaria restrictiva deriva en que las universidades autónomas reciban únicamente el 3% de sus requerimientos anuales para funcionamiento e investigación.
Aunado a esto, se expuso que un docente venezolano percibe un promedio mensual de 145 dólares entre sueldo y bonos indexados, monto que alcanza para cubrir solo el 18% de la canasta básica familiar. Por ello, Aula Abierta y Provea enfatizaron que esta crisis salarial obliga a los profesionales de la educación a recurrir al pluriempleo y a reducir drásticamente sus jornadas académicas, lo que impacta directamente de forma negativa en la calidad de la enseñanza y debilita el ejercicio de la libertad académica.
Persistencia del marco restrictivo y presos políticos
En el ámbito institucional y de espacio cívico, Aula Abierta y Provea cuestionaron la legitimidad de las reformas judiciales promovidas por el Estado, el cual está impulsando una reforma del sistema de justicia penal, mientras la jueza María Lourdes Afiuni continúa sometida a una situación de «muerte civil» por haber acatado un dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. En consecuencia, una reforma de la justicia penal no puede construirse al margen de la plena restitución de los derechos y libertad de la jueza, cuyo caso fue el punto de quiebre de la independencia judicial venezolana.
De igual forma, se recordó que aún persisten personas privadas de libertad por motivos políticos y que ciudadanos excarcelados continúan bajo regímenes de presentación y procesos judiciales abiertos.
Finalmente, las organizaciones advirtieron ante la comunidad internacional que, pese a los procesos de reforma y nuevas inversiones en sectores estratégicos, el marco jurídico restrictivo de las libertades ciudadanas sigue intacto. En este sentido, denunciaron la falta de voluntad política para derogar instrumentos como la ley de fiscalización de las ONG o la «Ley del Odio», mecanismos legales con la que el Estado continúa hostigando y limitando el ejercicio de los derechos en Venezuela.
