Organizaciones de la Sociedad Civil alertan ante la ONU sobre la captura estructural de los sistemas de justicia en América Latina
Ginebra, Suiza | Durante el 62° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Aula Abierta y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), se pronunciaron este jueves en el Diálogo Interactivo sobre el informe presentado por la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
La declaración, encabezada por Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de DPLF, abordó la captura estructural de los sistemas de administración de justicia en América Latina por parte de actores políticos, económicos y del crimen organizado, señalando que esta situación debilita la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos.
Persecución penal a operadores de justicia independientes
En el derecho de palabra ante los Estados miembros del Consejo, Indacochea expuso casos concretos de represalias institucionales. A continuación se presentan algunos de ellos.
En el caso de Venezuela, el Estado está impulsando una reforma del sistema de justicia penal, mientras la jueza María Lourdes Afiuni continúa sometida a una situación de «muerte civil» por haber acatado un dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. En consecuencia, una reforma de la justicia penal no puede construirse al margen de la plena restitución de los derechos y libertad de la jueza, cuyo caso fue el punto de quiebre de la independencia judicial venezolana.
Asimismo, la declaración visibilizó la situación en Perú, donde se documentó la remoción de su cargo del juez Jorge Luis Ordoñez, una medida ejecutada de forma arbitraria tras su participación en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alertas por reformas judiciales y opacidad institucional
Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación internacional ante la expansión de mecanismos para la elección popular de jueces en México y Bolivia, advirtiendo que este modelo puede relegar los criterios estrictos de mérito, idoneidad y capacidad profesional indispensables para la judicatura.
Respecto a los procesos de designación del Fiscal General de la República y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, el pronunciamiento apuntó que se realizan de forma discrecional, sin reglas claras ni criterios objetivos, mediante procesos que simulan la participación ciudadana.
Impacto directo en las universidades y defensores de DDHH
Aunado a esto, Aula Abierta y DPLF alertaron que el deterioro de los sistemas judiciales en la región afecta de manera directa a la universidad, dejándola indefensa ante los ataques sistemáticos contra su autonomía institucional y la libertad académica de su comunidad.
Además, se puntualizó que la falta de tribunales imparciales es instrumentalizada para la persecución penal y el hostigamiento de defensores de derechos humanos, jueces independientes y líderes indígenas en Guatemala.
Finalmente, las organizaciones respaldaron formalmente las herramientas del informe del Relator Especial para abordar estas causas estructurales de los problemas presentados.
