Ante solicitud de Relatoría de la ONU: Aula Abierta advierte sobre política contra activismo de la generación Z y el movimiento estudiantil en Venezuela y Nicaragua
En un informe técnico remitido a la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, la organización documentó cómo la judicialización, la legalidad represiva, la estigmatización a los universitarios configuran una política estatal de asfixia contra el movimiento estudiantil y universitario.
Venezuela. – En el marco de la convocatoria global para la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la organización de la sociedad civil, Aula Abierta presentó un informe técnico ante la Relatoría Especial sobre “Libertad de reunión pacífica y de asociación”. El documento detalla cómo el Estado venezolano ejecuta una política sistemática de asfixia all espacio cívico que criminaliza y proscribe las formas de organización, movilización y libre deliberación de la juventud y de la «Generación Z», especialmente dentro del entorno universitario.
El informe argumenta que, ante un ecosistema institucional restrictivo, la juventud venezolana ha reconfigurado su activismo mediante una horizontalidad táctica y una flexibilidad orgánica, convirtiendo a las universidades autónomas en su refugio natural de disidencia pacífica. No obstante, Aula Abierta alerta que esta resistencia se enfrenta a tres grandes dimensiones de afectación fáctica, jurídica y administrativa que atentan contra los estándares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El cerco judicial y normativo contra la gobernanza estudiantil
El primer gran eje denunciado por Aula Abierta es la persistente instrumentalización del Poder Judicial para anular la libre organización de las juventudes. A través de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ejecuta una política sistemática de suspensión y desconocimiento de procesos electorales en universidades autónomas para evitar la renovación de liderazgos (como las Federaciones de Centros Universitarios y representantes ante cogobiernos). Aula Abierta ha documentado más de 50 decisiones judiciales que vulneran la libertad académica y la autonomía universitaria; de ellas, al menos 18 han impedido elecciones. Ejemplos de esto son la sentencia N° 102 de noviembre de 2018, que pretendió dejar sin efecto los comicios de la Universidad de Carabobo. En la Universidad de Oriente (UDO), las elecciones de cogobierno estudiantil no se realizan desde el año 2012 debido a la intervención de una medida del TSJ. Este caso ilustra un grave efecto inhibitorio: mientras algunas comunidades universitarias han decidido celebrar comicios asumiendo los riesgos, en otros recintos el precedente judicial y la constante amenaza de detención por presunto «desacato» a fallos arbitrarios terminan paralizando de forma indefinida la renovación de liderazgos. Al clausurar estas vías, el TSJ vacía de contenido el artículo 109 constitucional y transgrede el artículo 22 del PIDCP.
Aunado a esto, la ONG destaca que el marco legal venezolano ha estructurado un entorno abiertamente hostil para el funcionamiento y creación de asociaciones. Normativas como la Ley Constitucional contra el Odio y la Ley de Fiscalización y Financiamiento de las ONG (Ley anti-ONG), actúan como herramientas de control punitivo y censura previa que fuerzan a los movimientos juveniles a operar bajo la vulnerabilidad del no registro y criminalizan del activismo ciudadano.
Criminalización de la movilización y estigmatización terrorista
Aula Abierta expuso ante la ONU que el ejercicio de la protesta y la libre expresión en entornos físicos y digitales está severamente amenazado por discursos de odio institucionales que catalogan a las juventudes universitarias como «terroristas». El informe incorpora de manera medular los datos registrados por el equipo de investigación de la ONG: entre enero y octubre de 2025, al menos 22 personas pertenecientes a la comunidad académica fueron víctimas de detenciones arbitrarias y hostigamiento bajo cargos penales de terrorismo, registrándose el uso de la desaparición forzada en más de la mitad de los casos. Asimismo, se destaca un incremento alarmante en la tasa de universitarios judicializados ante tribunales especiales antiterroristas, la cual ascendió del 20% en 2024 al 37% en 2025.
Esta realidad coincide con los hallazgos de expertos internacionales. El documento cita las declaraciones de Marta Valiñas, expresienta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela, quien en el programa especializado “ Universidad, espacio cívico y democracia” de Aula Abierta Radio afirmó categóricamente que en el país persisten patrones de «ataques generalizados y sistemáticos contra la población percibida como opositora», constituyendo crímenes de lesa humanidad por persecución política ejecutados a través de la restricción del espacio cívico.
El informe ilustra este patrón violento con vías de hecho recientes, como el hostigamiento y persecución intramuros perpetrado el 12 de febrero de 2026 por funcionarios de seguridad y grupos parapoliciales contra MiguelÁngel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), tras liderar una movilización pacífica por el Día de la Juventud.
Caso: Nicaragua
Por su parte, en Nicaragua el derecho a la libertad de asociación y la reunión pacífica se ve afectado debido a un patrón de afectación basado en la cooptación y la instrumentalización corporativa de las estructuras de representación estudiantil por parte del Estado. Este fenómeno se materializa centralmente a través de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), organización que, lejos de operar como un canal autónomo de articulación juvenil, funciona como un brazo político-partidista de carácter sandinista y de control dentro de las instituciones de educación superior.
La información pública y los registros institucionales evidencian que la UNEN ejerce un rol represor intramuros, utilizado para la vigilancia, persecución y delación de estudiantes con posiciones disidentes o críticas. Asimismo, esta estructura controla discrecionalmente el acceso a beneficios académicos y sociales —tales como la asignación de becas y servicios universitarios—, supeditándolos a la fidelidad ideológica y a la participación en movilizaciones oficiales, lo que pervierte la naturaleza del activismo juvenil.
El obstáculo más importante en cuanto al derecho a la libertad de asociación para el movimiento juvenil en Nicaragua, radica en la configuración estatutaria de la propia UNEN. De acuerdo con sus estatutos constitutivos, todo estudiante que ingresa al sistema de educación superior en Nicaragua es incorporado de forma automática y por defecto como miembro de dicha organización. Este esquema de adscripción forzosa constituye una violación directa al principio de libertad asociativa en su vertiente negativa (artículo 22 del PIDCP), el cual consagra que las “personas derecho a asociarse libremente con otras” lo que significa que la decisión de pertenecer o no a una asociación no puede ser sustraido de la esfera de acción de los jovenes nicaraguenses.
En consecuencia, el activismo juvenil y el futuro del espacio cívico en Nicaragua se enfrentan a una doble vulneración: Por un lado, la inexistencia de canales legítimos y plurales para la renovación de liderazgos independientes; y por el otro, la imposición jurídica de una militancia corporativa obligatoria, vaciando de contenido el derecho a la libre asociación y convirtiendo el recinto universitario en un entorno de control estatalizado.
Propuestas urgentes para el rescate del espacio cívico juvenil
Frente a este diagnóstico, Aula Abierta planteó ante las Naciones Unidas una hoja de ruta con recomendaciones y ajustes políticos e institucionales indispensables para garantizar el futuro del espacio cívico de la Generación Z en Venezuela:
Primero, la derogación de la legalidad represiva: Eliminar de forma urgente la Ley contra el Odio, reformular la Ley anti-ONG y erradicar el uso desviado de la legislación antiterrorista contra el activismo ciudadano.
Segundo, el restablecimiento de la autonomía universitaria y el cese inmediato del bloqueo jurisprudencial del TSJ y levantamiento de las sentencias que paralizan las elecciones internas de las comunidades académicas.
Tercero, la protección global especializada, proponer formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el establecimiento de un mandato para la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, entendiendo la salud del sistema de educación superior como el barómetro fundamental de la salud democrática global.
Cuarto, salvaguardar el entorno digital, estableciendo mecanismos internacionales para monitorear, frenar y sancionar el patrullaje digital estatal, el ciberacoso y el uso de tecnologías de vigilancia contra el ciberactivismo juvenil.
Y por último, la implementación de garantías de justicia transicional, aplicando procesos de depuración en los cuerpos policiales y tribunales especiales; anulando permanente expedientes penales arbitrarios.
Desde Aula Abierta reiteramos nuestro compromiso de seguir documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos contra las y los universitarios, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantener la lupa sobre las agresiones dirigidas hacia la generación que representa el futuro democrático del país.
Informe completo en el siguiente enlace:
