¿Próximos pasos en 2026 desde la ONU para evaluar los derechos humanos en Venezuela?
Expertos alertan que el aparato represivo sigue intacto en Venezuela y urgen mantener la fiscalización internacional. Desde las Naciones Unidas (ONU) se asumirá un rol protagónico en la fiscalización de Venezuela durante los próximos meses de 2026. En una entrevista exclusiva para Aula Abierta Radio, conducido por el profesor universitario y director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, el abogado especialista en derecho internacional y representante de la ONG Provea en Europa, Calixto Ávila, precisó el cronograma de evaluación al que será sometido el Estado venezolano y alertó sobre la necesidad imperativa de renovar los mandatos de investigación debido a la persistencia de las estructuras represivas y de persecución en el país.
Junio y septiembre: Meses clave en la agenda de la ONU
Ávila informó que ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU intervendrán dos mecanismos fundamentales vigentes desde 2019. En primer lugar, durante el periodo de sesiones de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentará su nuevo informe sobre Venezuela actualizado en medio de un diálogo interactivo con los Estados miembros. Posteriormente, en septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés) consignará formalmente su reporte escrito sobre las vulneraciones documentadas en el territorio nacional.
Paralelamente, este año marca el inicio del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) para Venezuela, un mecanismo de evaluación obligatoria al que se someten todos los Estados en materia de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. El especialista detalló que en junio vence el plazo para que las organizaciones de la sociedad civil consignen su información independiente y el Estado venezolano presente sus alegatos, de cara a la sesión definitiva de principios de 2027, donde la comunidad internacional adoptará nuevas recomendaciones ante el historial de incumplimientos acumulados por el gobierno de Venezuela.
Urgencia de renovar la Misión de Determinación de Hechos
Ante el vencimiento del mandato de la Misión de Determinación de Hechos en septiembre 2026, Ávila argumentó que las razones originales que motivaron su creación en 2019 —bajo la Resolución 42/25— siguen completamente vigentes por lo cual urge su renovación. «La continuidad del mandato de la FFM es necesaria porque en el país no existe justicia ni rendición de cuentas», advirtió, tras denunciar que las estructuras policiales, militares y del sistema judicial que han perseguido a la disidencia continúan intactas y sin reformas reales.
El representante de Provea destacó que el alcance de esta Misión ha evolucionado para responder al contexto y adelantó que el informe de septiembre abordará con especial atención el rol de los grupos civiles armados conocidos como «colectivos», así como los graves focos de violencia registrados tras el contexto electoral. Subrayó que el objetivo final de estas investigaciones de la ONU sigue siendo asegurar la justicia para las víctimas y establecer responsabilidades penales por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y delitos de violencia de género.
Monitoreo regional y el peso de las medidas cautelares
A pesar de la denuncia de la Convención Americana por parte del Estado, el ámbito regional mantiene una vigilancia activa. Ávila explicó que, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) creado en 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene una articulación constante con el sistema universal de la ONU.
Como prueba de la vigencia de estos mecanismos, el abogado citó el caso de Víctor Hugo Quero Navas y su madre, Carmen Teresa Navas, quienes contaban con medidas de protección de la CIDH antes de que el joven falleciera bajo custodia del Estado. Para Ávila, este caso demuestra cómo los organismos interamericanos siguen fijando posiciones jurídicas de peso y dejando constancia internacional de los abusos cometidos. Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) conserva su jurisdicción autónoma para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad debido al estatus de Venezuela como Estado parte del Estatuto de Roma. Por su parte, David Gómez Gamboa, profesor universitario, reiteró que «los informes consecutivos de la Misión de Determinación de Hechos de ONU publicados desde el 2020 han documentado evidencias contundentes sobre violaciones muy graves, algunas que pueden coincidir con crímenes de lesa humanidad en Venezuela». Gómez recordó el informe de la Misión de Determinación de Hechos que analiza cómo los órganos del sistema de justicia venezolano, lejos de actuar como un garante de los derechos humanos, ha operado como una pieza de engranaje clave para la impunidad y viabilizar las prácticas represivas por parte del Estado.
Leer más: ¿Próximos pasos en 2026 desde la ONU para evaluar los derechos humanos en Venezuela?La sociedad civil como guardiana de la memoria histórica
Como conclusión, Calixto Ávila envió un mensaje de resiliencia al país, instando a las y los ciudadanos y defensores a persistir en el uso de las instancias internacionales (ONU, CIDH y CPI), aun cuando estas actúen con lentitud o se encuentren bajo ataques políticos de gobiernos que ven amenazados sus intereses. Sentenció que ante la falta de independencia del Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoria del Pueblo, el Estado carece de una memoria institucional sobre los abusos, una labor que está siendo documentada en los informes técnicos de las ONGs.
Al cierre de la transmisión, el director de @AulaAbiertaLA, David Gómez Gamboa, se solidarizó profundamente con la familia Quero Navas por la pérdida de Víctor Hugo y su madre. Gómez Gamboa vinculó el trágico suceso con las recientes movilizaciones estudiantiles y ratificó el compromiso inquebrantable del movimiento universitario y de las organizaciones civiles en seguir denunciando la represión estatal, exigir la libertad de los presos políticos y defender activamente el derecho a la manifestación pacífica.
