Aula Abierta documenta al menos 35 ataques ejecutados por colectivos contra universitarios en Venezuela entre 2014 y 2026
Foto: Mauricio Villareal – El Diario
La organización Aula Abierta ha reiterado que la comunidad universitaria en Venezuela se encuentra en una situación específica de vulnerabilidad en el marco de un contexto sostenido de restricción del espacio cívico y limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales.
En el marco de una investigación reciente, la organización documentó al menos 35 incidentes de ataques y represalias ejecutados por colectivos contra universitarios y universidades entre los años 2014 y 2026. Estas cifras corresponden únicamente a los casos verificados por Aula Abierta, por lo que no representan necesariamente la totalidad de los hechos ocurridos durante el período.
Tipología de los incidentes documentados
Los casos registrados evidencian un patrón de violencia y hostigamiento en distintos ámbitos:
Ataques a procesos electorales universitarios:
Se documentaron al menos 6 ataques contra elecciones en universidades públicas entre 2016 y 2019, uno de los cuales derivó en la suspensión temporal del proceso. Estos hechos se producen en un contexto donde, desde 2010, decisiones judiciales han restringido la realización de elecciones universitarias y otras expresiones de autonomía institucional.
Estos hechos se registraron en universidades públicas relevantes como la UNELLEZ, UNEG, UPEL, Universidad de Carabobo, Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad del Zulia (LUZ), lo que refleja la extensión geográfica y sistematicidad de estas prácticas. Los incidentes incluyeron irrupciones armadas en recintos universitarios, amenazas, uso de armas de fuego, sabotaje de centros de votación y presencia intimidatoria de grupos irregulares, en algunos casos acompañados por decisiones judiciales o irregularidades administrativas que incidieron directamente en los procesos electorales
Ataques a medios universitarios
El 10 de marzo de 2014, a las 20:00 horas, la emisora ULA FM 106.5 de la Universidad de Los Andes, ubicada en San Cristóbal, Táchira, sufrió un ataque con artefactos incendiarios. Sujetos desconocidos lanzaron dispositivos combustibles que provocaron un incendio, resultando en la pérdida total de la estructura y los equipos de transmisión y grabación. El vicerrector académico de la universidad, Alfonso Sánchez, condenó los daños y solicitó a la gobernación del estado Táchira iniciar investigaciones para identificar a los responsables.
- Irrupciones en campus universitarios:
Al menos 15 casos de ingreso de colectivos a universidades públicas entre 2014 y 2026, incluyendo 14 episodios de represión de asambleas y actividades cívicas dentro del campus, así como la toma temporal del rectorado de la Universidad de Oriente. - Hostigamiento a líderes universitarios:
Se documentaron al menos 7 casos de amenazas y actos de intimidación contra líderes estudiantiles y académicos fuera de las instalaciones universitarias, incluyendo hechos ocurridos en sus domicilios (2018-2026).
Casos emblemáticos documentados incluyen el hostigamiento contra Marlon Díaz, presidente de la FCU de la Universidad de Carabobo, quien sufrió amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de colectivos en represalia por su trabajo de denuncia y liderazgo estudiantil. Otro caso significativo es el de Virgilio Castillo, presidente de la APULA de la Universidad de Los Andes, quien fue amenazado con pintas intimidatorias en su residencia. Además, Alfredo Alfonzo, estudiante de la Universidad de Margarita, y José Briceño, de la Universidad de Carabobo, también han sido víctimas de amenazas directas y persecución por parte de estos grupos paraestatales. Estos casos reflejan un patrón de violencia política que tiene como objetivo silenciar a los actores más activos de la oposición en el ámbito universitario, buscando amedrentar a quienes defienden la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Detenciones arbitrarias
En 2017, se documentaron detenciones arbitrarias de estudiantes universitarios en Venezuela, muchas de ellas coordinadas entre colectivos armados y fuerzas de seguridad del Estado. El 31 de enero de ese año, tres estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) fueron detenidos tras una protesta pacífica en Mérida. Fueron interceptados por colectivos motorizados y luego detenidos por la Policía del Estado Mérida y el SEBIN, sin pruebas ni cargos en su contra, y mantenidos incomunicados por varias horas. En otro caso, el 24 de julio, un estudiante de la Universidad del Zulia fue víctima de graves agresiones físicas y psicológicas durante su detención por parte de colectivos y Guardia Nacional. Fue golpeado brutalmente, amenazado de muerte y mantenido bajo condiciones inhumanas en el centro de detención conocido como La Ciega. Estos casos reflejan un patrón de represión violenta dirigido a frenar la disidencia estudiantil y criminalizar el activismo universitario.
Represión de protestas
El 23 de enero de 2019, en Maturín, estado Monagas, alrededor de 1,000 personas, incluidos estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO), fueron secuestradas durante más de seis horas en la Catedral Nuestra Señora del Carmen por efectivos de la Guardia Nacional y colectivos armados. El asedio comenzó tras una manifestación pacífica y culminó con el lanzamiento de gas lacrimógeno dentro del templo, causando asfixia y desmayos. En un intento por dividir a los manifestantes, las autoridades intentaron canjear la libertad de los estudiantes a cambio de liberar al resto de los civiles. Sin embargo, tras la presión popular, el general Ovidio Delgado desistió de su intento de detención selectiva, permitiendo la evacuación de los estudiantes y evitando un mayor enfrentamiento.
Desde Aula Abierta se exige al Estado venezolano poner fin a la persecución, hostigamiento y detenciones arbitrarias contra estudiantes, profesores y defensores de derechos humanos que luchan por la libertad académica y los derechos ciudadanos. Además, se demanda el desarme y desarticulación de los colectivos armados y una investigación independiente sobre los hechos de represión, homicidios y hostigamiento, asegurando que no queden impunes. También se exige el respeto a la inviolabilidad de los recintos universitarios y el cese de la intervención del Poder Judicial en los procesos electorales universitarios. Finalmente, se pide que los cuerpos de seguridad garanticen el derecho a la manifestación pacífica, cesando las prácticas de intimidación y persecución política, y que el Estado garantice la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana sin discriminación política.
