En el contexto que enfrenta la universidad venezolana: Aula Abierta exige la verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos
Foto: Rectorado de ULA – Manifestación por la libertad de los presos políticos (@VivaLaUCV – X)
Exigir la verdad sobre graves violaciones de derechos humanos forma parte del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer lo ocurrido y de las obligaciones internacionales del Estado de investigar, juzgar, sancionar y reparar. La organización de derechos humanos Aula Abierta reitera que una parte fundamental de ese derecho es poder denominar y describir las acciones cometidas por el Estado y sus autoridades claramente. Solo con la verdad será posible sentar las bases para garantizar la justicia y la reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos en Venezuela, muchas de las cuales presentan elementos coincidentes con los crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, conforme al derecho penal internacional y a los estándares internacionales aplicables. Solo de esa manera será posible garantizar la no repetición de estos graves hechos.
La memoria histórica construida por estudiantes, profesores, organizaciones de la sociedad civil y órganos internacionales de derechos humanos nos permite afirmar que, en efecto, en Venezuela ha existido una política de Estado que ha involucrado a todos los Poderes Públicos para vulnerar de manera general y sistemática la libertad académica, la autonomía universitaria y otros derechos humanos de los miembros de la comunidad académica. Esa política no se relaciona únicamente con la grave asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo: el Poder Legislativo ha creado normas contrarias a la Constitución Nacional y la Ley de Universidades que reforman la composición del claustro universitario. Por otra parte, al menos desde 2010 el Poder Judicial ha dictado más de 50 decisiones que han vulnerado la libertad académica y la autonomía universitaria, articulando ataques que no guardan relación con las capacidades financieras del Estado venezolano.
Aula Abierta reitera que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de las graves violaciones de derechos humanos. Exigimos a las autoridades a no equiparar la exigencia de la verdad con discursos de odio o instalación a la violencia, especialmente en un contexto donde aún existen leyes inconstitucionales que criminalizan el ejercicio de los derechos humanos previstos por el derecho internacional de los derechos humanos, como la comúnmente conocida “Ley contra el Odio”. Las expresiones y discursos sobre los hechos sucedidos en los últimos 27 años no pueden ser estigmatizados como polarizantes o promoción de odio, cualquier limitación debe ser en estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos, el cual prevé que en estos casos las autoridades tienen la obligación de ser más abiertos y tolerantes a las críticas sobre sus acciones y omisiones en el ejercicio del Poder Público.
