En Parlamento Universitario: Estudiantes y profesores debaten sobre la corrupción, los derechos humanos y las universidades
Prensa Aula Abierta-. Estudiantes, profesores universitarios y defensores de derechos humanos participaron de forma remota en el Parlamento Universitario, realizado por Aula Abierta el 10 de noviembre de 2025, donde debatieron problemas y soluciones ante la grave crisis que afecta a las casas de estudio que son víctimas de la corrupción estatal, violentandoles el derecho a la libertad académica, autonomía universitaria, libertad de expresión, entre otros derechos humanos fundamentales.
El Parlamento Universitario “Corrupción, Derechos Humanos y Universidades” inició con la ponencia del periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz, quien generó una reflexión profunda sobre la corrupción, destacando que desde la ciudadanía debe señalarse al verdadero responsable de la corrupción: “la verdadera corrupción no es responsabilidad de todos los ciudadanos por actos individuales, sino que la gran corrupción es ejercida desde el Estado“.
El comunicador explica que aunque prácticas como “colarse en una fila o pagar para obtener documentos son reprochables, no deben equipararse con la corrupción estructural que se da cuando el Estado maneja mal los recursos públicos”.
En el Parlamento se reiteró que la mayor responsabilidad en la lucha contra la corrupción recae en el Estado, que administra el presupuesto público, los recursos, bienes, empresas y ministerios. Las y los participantes se refirieron que, en Venezuela, por ejemplo, no existe un presupuesto público estatal claro ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas o interpelación, lo que impide el acceso a la información, un derecho humano fundamental. Se destacó además que no se conoce cuánto ganan autoridades, concejales o rectores universitarios; mientras que los sueldos de profesores, maestros o policías son extremadamente bajos.
Para estudiar la corrupción, se sugieren dos enfoques: el análisis del desvío de fondos públicos, que realizan organizaciones como Transparencia Venezuela y la percepción de corrupción, que requiere indicadores confiables y objetivos para evaluar la institucionalidad y el control anticorrupción.
“Hay corrupción porque hay impunidad”
Se resaltó que la corrupción está ligada a sistemas con institucionalidad débil, y que en Venezuela predomina la impunidad porque desde las altas esferas se permite que funcionarios corruptos actúen libremente, generando una “gran corrupción” sistémica que corrompe a otros niveles.
Las y los universitarios invitaron a reflexionar sobre los incentivos que fomentan la corrupción y los que podrían reducirla. Además del manejo de dinero, mencionan otras formas de corrupción en el ejercicio del poder, como el nepotismo — designar a familiares en cargos de confianza —, y el conflicto de intereses, como cuando un funcionario concede contratos a empresas vinculadas a su familia.
Consecuencias: “La corrupción mata gente”
Para Luis Carlos Díaz la corrupción tiene consecuencias fatales, pues al robar recursos se afectan proyectos sociales, de salud, infraestructura y mantenimiento industrial, lo que puede provocar accidentes y muertes. Rechaza que en algunos países de Latinoamérica no se publica el boletín epidemiológico oficial, lo que impide conocer y actuar frente a epidemias, poniendo en riesgo la vida de la población.
Finalmente, destaca que las universidades públicas, aunque en crisis financiera, pueden convertirse en laboratorios para el seguimiento y análisis del Estado y la corrupción, enfatizando la idea de las “universidades como laboratorios de la democracia”. Señala que una forma efectiva de reconstruir el país es entender cómo se deterioraron sus instituciones para plantear soluciones basadas en ese diagnóstico.
La corrupción afecta a las universidades
En Latinoamérica, Aula Abierta ha documentado durante una década que las universidades han sido objeto de un proceso sistemático de control político que ha afectado su autonomía, su capacidad de autogobierno y el derecho de las comunidades académicas a participar en decisiones colectivas. Este proceso se ha manifestado a través recortes presupuestarios selectivos, aplicados de manera discriminatoria contra universidades autónomas críticas al gobierno, la imposición de autoridades mediante decisiones judiciales alejadas de la legalidad y la autonomía universitaria, la cancelación o suspensión indefinida de elecciones universitarias, entre otras violaciones contra los derechos universitarios.
A la luz del marco interamericano y universal sobre corrupción y derechos humanos, la política de Estado aplicada en la educación superior también podría configurar una política de corrupción con profundas consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos. Así por ejemplo, como hipótesis inicial se plantea que los recortes presupuestarios podrían constituir un acto de corrupción cuando no obedecen a criterios técnicos neutrales, sino que se utilizan como mecanismo de coerción y premio/castigo que previenen el ejercicio del derecho a la educación y reflejan un incumplimiento flagrante de la obligación del Estado de garantizar progresivamente el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.
De igual forma, la creación de universidades experimentales por parte del Estado, cuya matrícula, ubicación geográfica y oferta académica no ha sido publicado por las autoridades del gobierno, permitirían promover un ecosistema paralelo de universidades públicas que permiten al gobierno alocar fondos en instituciones con pocos o nulos procesos de rendición de cuentas y permiten exacerbar la asfixia presupuestaria en contra de las universidades públicas autónomas críticas del Estado, afectando el derecho a la educación de calidad y la libertad académica de los estudiantes de las universidades críticas que contarían con menos recursos financieros y de los estudiantes matriculados en las universidades paralelas, que recibirán una formación parcializada y que no cumple con los requisitos de calidad de la educación.
CIDH: La transparencia y rendición de cuentas son obligaciones internacionales para los Estados
Cabe recordar que el II de los Principios Interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) asegura que ” (…) la distribución de recursos no puede convertirse en una herramienta de ataque contra instituciones y grupos académicos, ni de amenaza al pensamiento crítico. El presupuesto público debe observar la proporcionalidad necesaria para que todas las instituciones de educación superior puedan desarrollar sus actividades con igual autonomía“.
Asimismo, este principio señala que “contribuye positivamente a la autonomía universitaria que el nombramiento de personas para liderar instituciones públicas de educación superior reconozca méritos académicos, esté libre de influencias partidistas indebidas y tome en consideración procesos transparentes y que permitan la participación de la comunidad académica concernida. (…) En virtud de esos deberes y responsabilidades, las instituciones de educación superior están en la obligación de brindar transparencia en su gestión, financiación y toma de decisiones, establecer políticas y procedimientos que garanticen la estabilidad laboral y psicosocial, así como velar para que la toma de decisiones se base en requisitos equitativos y razonables garantizando el debido proceso en decisiones que afecten los derechos de quienes forman parte de su comunidad académica”.
