El CNU ha violado la autonomía universitaria ocho veces en los últimos seis años
La autonomía universitaria de las casas de estudios superiores fue vulnerada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) desde el 2016 en, al menos, ocho ocasiones de acuerdo con investigaciones de Aula Abierta, esto a través de decisiones que ordenan la imposición arbitraria de autoridades o el hostigamiento de éstas, viéndose afectada la libertad académica y la educación de calidad.
Entre 2016 y 2021, de las 10 universidades denominadas autónomas por las leyes venezolanas, cuatro de ellas fueron víctimas de prácticas que afectan el ejercicio de su autonomía de gobierno y a sus autoridades por parte del CNU, según se detalla en el informe: Violaciones a la autonomía universitaria, a la libertad académica y a la educación de calidad en Venezuela por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
En el documento, Aula Abierta específica que en tres casos el CNU designó arbitrariamente autoridades en las instituciones de educación superior; en dos ocasiones asignó comisiones de seguimiento a determinadas autoridades; en uno restituyó una autoridad destituida por el Consejo Universitario de la institución y además, uso cuerpos de investigación penal para el hostigamiento de rectores.
Paralelamente, el CNU quebrantó la autonomía académica y financiera mediante la aprobación de la Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Normativa Multimodal), la cual en la actualidad no está en vigor.
Actos que violentan la autonomía administrativa o de gobierno
El 29 de agosto de 2017, el CNU designó al militar Luis Holder como vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar (USB), pese a que las autoridades presentaron dos candidatos y a que no cumplía con los requisitos académicos.
“Su currículo muestra que solo ha tenido cargos gerenciales, no académicos, no tiene tesistas, estudiantes ni pasantes, no tiene actividades de investigación, excepto tres artículos de 1994 que publicó cuando terminó su tesis doctoral. No tiene publicaciones científicas, no es un académico”, manifestó en el 2017 durante una entrevista el rector de la USB, Enrique Planchart, quien falleció en julio del año pasado.
Además, cuatro organizaciones no gubernamentales, centros de derechos humanos pertenecientes a la comunidad universitaria y miembros de la sociedad civil calificaron este hecho como ilegal y un atentado a la autonomía universitaria y a la libertad académica al colocar en el cargo de vicerrector a un militar que es ajeno a la institución mediante una votación dudosa.
El 30 de diciembre de 2019, el CNU nombró a Clotilde Navarro como vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia, decisión que desde LUZ fue considerada como una acción administrativa viciada de nulidad absoluta, por infringir el artículo 109 de la Constitución, el artículo 9 y 20 de la Ley de Universidades vigente y las normas internas de esa casa de estudios.
Unas semanas después, el 11 de febrero de 2020, funcionarios del Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia, entregaron una boleta de notificación de investigación penal a varios decanos y representantes del Consejo Universitario de LUZ y ordenaron acatar la decisión del CNU, ya que de incurrir en desacato judicial podrían ser sancionados con prisión de 6 a 15 meses.
El 16 de septiembre de 2021, tras el fallecimiento del rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchart, el CNU nombró a Jorge Stephany como nuevo rector de la USB, José Hernández como vicerrector administrativo y Víctor Theoktisto como vicerrector académico. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones de autoridades rectorales de la USB.
La comunidad académica rechazó la medida del Consejo Nacional de Universidades recordando que debe ser la propia universidad la que remueva o no a las autoridades que no operan bajo el supuesto de falta absoluta.
En la votación del CNU solo se consideraron los votos en contra o salvados y la designación de las autoridades rectorales de la USB fue confirmada, aunque hubo seis votos salvados por parte de las autoridades representantes de la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO) y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
Imposición arbitraria de comisiones de seguimiento
El 25 de julio de 2016, el CNU ordenó instaurar una comisión de seguimiento a la designación de Jesús Salom como vicerrector administrativo de LUZ, acto que fue tildado como una imposición de un órgano sometido a una voluntad ajena la universidad, cuya labor estaba orientada a la vigilancia de la actuación de una autoridad elegida según las consideraciones del Consejo Universitario.
Mientras que, el 26 de septiembre de 2017 el CNU nombró una comisión para revisar el nombramiento de la profesora Nelly Velázquez, como rectora de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Los académicos denunciaron que se trataba de una injerencia por parte del CNU en contra de la autonomía administrativa de la UCLA y un incumplimiento al artículo 33 del reglamento interno del CNU.
Restitución de autoridades destituidas y hostigamiento.
El 13 de diciembre 2018, el CNU restituyó a Efrén Pérez Nácar, como vicerrector Decano del núcleo universitario Rafael Rangel (NURR) de la Universidad de los Andes (ULA), quien había sido removido por su presunta responsabilidad en la adulteración de notas.
“Es un atropello por parte del CNU, de mayoría afecta al Gobierno nacional, el cual está actuando fuera de sus funciones y violando lo establecido en la CRBV (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), en lo referido a la autonomía universitaria. El CNU no funciona como organismo de alzada del CU de las universidades”, declaró para Aula Abierta el rector de la ULA, Mario Bonucci.
Doscientos egresados de pre y postgrado del NURR de la ULA se vieron afectados cuando el Registro Principal de Trujillo se negó a avalar sus títulos universitarios por no reconocer las firmas de las autoridades en los pergaminos.
Las autoridades universitarias también fueron víctimas de hostigamiento por parte del Consejo Nacional de Universidades. El 31 de julio de 2019, el CNU pidió al Ministerio Público abrir una investigación penal contra los miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), debido a los pronunciamientos públicos en los cuales desconocían al gobierno de Nicolás Maduro y por profesar, realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los poderes legalmente constituidos.
La AVERU expresó que la investigación era un sinónimo de criminalización del pensamiento crítico de las universidades y los miembros que la conforman.
Aunado a esto, el 17 de agosto de 2021 por medio de la aprobación de la Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Normativa Multimodal), el CNU atropelló tanto la autonomía académica como la financiera de las instituciones autónomas del país, y por ende los principios de reserva legal y corresponsabilidad del Estado.
“La normativa infringe la autonomía universitaria por cuanto tiene como objeto normar la organización, estructura y gestión de los sistemas multimodales de educación universitaria, siendo la autonomía un principio de jerarquía para planificar, organizar, elaborar o actualizar los programas de investigación, docencia y extensión; además, pretende normar lo relacionado al acto académico de la enseñanza-aprendizaje” dijo Bonucci.
