Violencia de género: “la universidad no es un espacio seguro para las mujeres”
De acuerdo con las conclusiones obtenidas en la encuesta sobre el Vulneración al derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en el ámbito universitario, promovida por las organizaciones Aula Abierta y Provea en el 2022, “la universidad no es un espacio seguro para las mujeres”.
“Las mujeres se encuentran en espacios académicos inseguros, expuestas a ser víctimas de violencia criminal y de género; tanto por miembros de la comunidad universitaria, como por parte de personas ajenas a esta; por lo que se hace necesario que las autoridades adoptan políticas de igualdad dirigidas a prevenir y atender estas forma de violencia a fin de evitar su normalización, profundización y perpetuación”, aseguró Yolima Arellano, coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres del núcleo andino.
Según Arellano, en una investigación de Aula Abierta realizada en 2021 sobre la violencia contra las mujeres se comprobó que es importante que se desarrollen políticas públicas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres, eliminar los estereotipos de género y cualquier otra forma de discriminación. También que se incluyan materias sobre la violencia basada en género en los programas de pregrado y posgrado, y se promuevan líneas de investigación sobre el tema.
Derechos vulnerados para las mujeres
“La violencia contra las mujeres en las universidades afecta derechos fundamentales como los derechos a la vida, a la salud, al desarrollo pleno de la personalidad, a la libertad, al trabajo, a la educación, al desarrollo personal, a la libertad de expresión, entre otros”, afirmó la coordinadora.
Debido a los derechos mencionados, instó a las universidades a diseñar y ejecutar un plan para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. O bien, pueden tomar el Protocolo para la prevención y atención en casos de violencias, acosos sexuales y laborales que realizó el equipo del proyecto mujeres de Aula Abierta para que sea adoptado por las instituciones de estudios superiores.
El protocolo tiene la finalidad de garantizar la libertad académica, pues este derecho no se consolidad “si más del 50% de la población universitaria, representada por las mujeres, son víctimas de violencia de género y discriminación”.
“La Cepal, en un estudio denominado: Otras formas de violencia contra la mujer que reconocer nombrar y visibilizar, señala que la información disponible en diversos países muestra que las instituciones de enseñanza universitaria pueden ser un escenario hostil para las mujeres, donde hay un grado elevado de tolerancia a conductas que pueden caracterizarse como de acoso sexual”, indicó Arellano.
Para Arellano es preocupante que algunas organizaciones que trabajan con derechos de las mujeres reciban denuncias de profesores y estudiantes de posgrado y pregrado que son víctimas de violencia laboral, psicológica y acoso sexual. Desafortunadamente, ellas desisten de denunciar por temor a ser revictimizadas y recibir represalias.
“La violencia de género contra las mujeres continúa siendo invisibilizada y normalizada profundizando y perpetuándose en los espacios donde debería educarse para la igualdad, la inclusión y la democracia como son los espacios educativos”, afirmó Arellano.
“Esta situación hay que cambiarla mediante estrategias que creen espacios seguros para las mujeres en las universidades”, sentenció.
El Protocolo para la prevención y atención en casos de violencia, acosos sexuales y laborales contribuye con la defensa de los derechos de las universitarias y responde al deber que tienen las universidades y los Estados de acoger los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, cuyo principio 5 destaca la protección frente a actos de violencia.
