Consejo de DDHH de la ONU extiende por dos años mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela
Prensa Aula Abierta-. Con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes 11 de octubre de 2024 extender por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, según sus siglas en inglés) para continuar investigando las presuntas violaciones de derechos humanos que se investigan en el país desde el 2014.
A continuación compartimos la resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde también alerta el agravamiento de la crisis política, social y económica en Venezuela:
Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela
El Consejo de Derechos Humanos,
Guiado por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes,
Reafirmando la responsabilidad primordial de los Estados de promover, proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de su población y de cumplir las obligaciones que les imponen los tratados, acuerdos y demás instrumentos de derechos humanos en que son parte, así como sus compromisos en materia de derechos humanos,
Recordando sus resoluciones 39/1, de 27 de septiembre de 2018, 42/25, de 27 de septiembre de 2019, 45/20, de 6 de octubre de 2020, y 51/29, de 3 de octubre de 2022, sobre la República Bolivariana de Venezuela, así como sus resoluciones 42/4, de 26 de septiembre de 2019, y 45/2, de 6 de octubre de 2020, que fueron apoyadas por el país,
Recordando también el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, firmado en Barbados el 17 de octubre de 2023,Acogiendo con beneplácito los informes de la Alta Comisionada y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos1 y de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela2, así como de otras organizaciones y mecanismos internacionales, y expresando gran preocupación ante las continuas y graves violaciones y transgresiones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que en ellos se señalan,
Expresando preocupación porque la crisis actual sigue teniendo efectos desproporcionados en los derechos de las mujeres, los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados y solicitantes de asilo, los Pueblos Indígenas, en particular en la región del Arco Minero del Orinoco, y otras personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad,
Expresando gran preocupación por la prolongada crisis humanitaria, que ha obligado a más de 7,7 millones de personas a abandonar la República Bolivariana de Venezuela, y por los más de 7,6 millones de personas que, dentro del país, siguen necesitando asistencia humanitaria debido a la actual crisis política y económica,
Acogiendo con beneplácito los grandes esfuerzos que los países vecinos y otros países, en especial de la región, siguen haciendo para acoger a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, entre otras cosas mediante la elaboración y ejecución de programas para la inclusión de los venezolanos en las comunidades de acogida a fin de promover y proteger sus derechos humanos, y la asistencia humanitaria que prestan las Naciones Unidas, otras organizaciones humanitarias y países asociados por conducto de diferentes marcos de coordinación como el Proceso de Quito, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela y las Conferencias Internacionales de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus Países y Comunidades de Acogida, entre otros, y afirmando la necesidad de reforzar la cooperación internacional con los países de acogida y tránsito de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos,
Les invitamos a ver: Votación de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueban extensión del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela en: https://webtv.un.org/en/asset/k1g/k1g070iml7
Alarmado por las continuas informaciones que dan cuenta de un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y de un aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático, en particular en el contexto de las elecciones presidenciales, lo que incluye privaciones arbitrarias de la vida, reclusiones arbitrarias, que en algunos casos pueden constituir desapariciones forzadas, un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden y los individuos armados llamados “colectivos”, actos de intimidación, ataques, acoso, represalias, entre otras cosas mediante la cancelación de pasaportes, y difamación pública, contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos, personas que han participado en el proceso electoral, también como observadores electorales, Pueblos Indígenas y otras partes interesadas de la sociedad civil,
Profundamente preocupado por todas las violaciones y transgresiones de los derechos humanos cometidas contra personas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Internet, y alarmado por las informaciones sobre cierres de medios de comunicación, vigilancia, bloqueo y clausura de sitios web y plataformas digitales,
Expresando profunda preocupación por las recientes informaciones sobre la reclusión de niños y adolescentes acusados de delitos graves como si fueran adultos y sin que estuvieran acompañados de sus padres o tutores durante el proceso judicial, y recordando los elementos establecidos por el Comité de los Derechos del Niño en su observación general núm. 24 (2019), relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil,
Lamentando profundamente la decisión de la República Bolivariana de Venezuela de suspender las actividades y la presencia en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es incompatible con la carta de entendimiento confidencial entre la Oficina del Alto Comisionado y la República Bolivariana de Venezuela, como destacó el Alto Comisionado en la información actualizada que presentó al Consejo de Derechos Humanos el 7 de julio de 2024,
Observando con aprecio el establecimiento de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la República Bolivariana de Venezuela y la reanudación de la investigación iniciada por la Fiscalía en virtud del artículo 18, párrafo 2, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
Afirmando su profunda convicción de que solo puede haber una solución pacífica y democrática a la crisis actual de la República Bolivariana de Venezuela y de que esa solución incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia, y expresando apoyo a las gestiones diplomáticas pertinentes al respecto,
Tomando nota de las preocupaciones expresadas por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en su informe provisional sobre las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2024 y de las irregularidades que en él se señalan, y reiterando que toda solución dirigida por Venezuela exige que se respete la voluntad del pueblo venezolano mediante la celebración de elecciones democráticas libres y limpias conformes con las normas internacionales, la verificación de los procedimientos electorales, la publicación transparente de los resultados electorales según el recuento de cada colegio electoral y el respeto de dichos resultados,
- Condena enérgicamente todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad;
- Insta a la República Bolivariana de Venezuela a que aplique de forma plena e inmediata las recomendaciones recogidas en los recientes informes de la Alta Comisionada y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la misión internacional independiente de determinación de los hechos y a que investigue todas las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y haga que sus responsables rindan cuentas;
- Insta también a la República Bolivariana de Venezuela a que respete, proteja y haga efectivos el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos y los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y a que ponga fin a la represión y persecución selectivas que se están llevando a cabo en todo el país por motivos políticos, lo que incluye el uso excesivo de la fuerza, las reclusiones arbitrarias, también de niños y adolescentes, las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad e inteligencia, así como las injerencias en la autonomía y la composición de los partidos políticos, la inhabilitación de candidatos de la oposición para participar en los procesos electorales y otras restricciones del espacio cívico y democrático;
- Exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a que ponga fin de inmediato a todos los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalia y difamación pública contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos, personas que han participado en el proceso electoral, también como observadores electorales, Pueblos Indígenas y otras partes interesadas de la sociedad civil y, a este respecto, a que ponga fin también a los cierres indebidos de medios de comunicación y a las violaciones de los derechos humanos en línea, entre otras cosas mediante el bloqueo y la clausura de sitios web y plataformas digitales;
- Exhorta a todas las partes interesadas y a los actores políticos y sociales a que no recurran a actos de violencia y represión que puedan poner en peligro la solución pacífica de la crisis venezolana;
- Insta a la República Bolivariana de Venezuela a que libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria, incluidos los presos políticos, dando prioridad a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a los que llevan en prisión preventiva más tiempo del plazo máximo previsto en la legislación nacional, asegurando al mismo tiempo las garantías de no repetición, y a que mejore las condiciones de reclusión y respete las debidas garantías procesales y de juicio imparcial de todas las personas privadas de libertad, incluido su derecho a comunicarse con un defensor de su elección;
- Insta también a la República Bolivariana de Venezuela a que adopte medidas adecuadas para hacer frente a las violaciones y transgresiones de los derechos humanos denunciadas, como los actos de violencia y acoso, incluidos los actos de violencia sexual y de género, cometidos contra las mujeres y las niñas recluidas;
- Exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a que vele por que la legislación penal, en particular la legislación antiterrorista, y su aplicación se ajusten plenamente al derecho internacional de los derechos humanos;
- Denuncia la aprobación de leyes que restringen el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos y los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a que no apruebe leyes que restrinjan aún más estos derechos humanos;
- Expresa profunda preocupación porque la continua erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo que carecen de independencia, siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias;
- Exhorta a los partidos de la República Bolivariana de Venezuela a que comiencen a preparar un proceso que posibilite la celebración de elecciones locales, regionales y legislativas libres y limpias, con un consejo electoral nacional independiente y un Tribunal Supremo imparcial e independiente, con plena libertad de prensa y con la participación política sin trabas de todos los venezolanos y todos los partidos políticos sin temor a consecuencias o injerencias, respetando las normas internacionales y los derechos civiles y políticos;
- Exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a que proteja las instalaciones diplomáticas y al personal diplomático que reside en territorio venezolano, incluidas las personas que solicitan asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, teniendo presentes los derechos humanos de todas las personas, incluidas las solicitantes de asilo;
- Expresa profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero del Orinoco e insta a la República Bolivariana de Venezuela a que ponga fin a todas las violaciones y transgresiones de los derechos humanos en dicha región, incluidas las relacionadas con la explotación laboral de los mineros, la explotación laboral infantil, las desapariciones, la trata de personas, las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones y transgresiones de los derechos de los Pueblos Indígenas, y las investigue;
- Solicita al Alto Comisionado que siga vigilando la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla;
- Solicita también al Alto Comisionado que le presente oralmente un informe actualizado en sus períodos de sesiones 58º y 61º, así como informes actualizados, seguidos de la celebración de diálogos interactivos, antes de finales de 2024 y finales de 2025, y que le presente, para que lo examine en sus períodos de sesiones 59º y 62º, un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que contenga una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores, y a continuación celebre un diálogo interactivo al respecto;
- Decide prorrogar por dos años el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecido en la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos, para que la misión pueda seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las reclusiones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los que entrañan violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, prestando especial atención a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela en el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, durante estas y después de que se celebraran, y a la violencia ejercida por los individuos armados llamados “colectivos”;
- Solicita a la misión de determinación de los hechos que en sus períodos de sesiones 58º y 61º le presente oralmente un informe actualizado sobre su labor y a continuación celebre un diálogo interactivo al respecto, y que en sus períodos de sesiones 60º y 63º le presente un informe con sus conclusiones y con recomendaciones sobre las medidas que el Consejo debería adoptar en el futuro y a continuación celebre un diálogo interactivo al respecto;
- Insta a la República Bolivariana de Venezuela a que vuelva a cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión de determinación de los hechos, les conceda acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión, les proporcione toda la información necesaria para cumplir sus mandatos y vele por que todas las personas puedan acceder sin trabas a las Naciones Unidas y otras entidades de derechos humanos y comunicarse con ellas sin temor a represalias, intimidación o ataques;
- Insta también a la República Bolivariana de Venezuela a que coopere plenamente con la Corte Penal Internacional;
- Solicita a la Oficina del Alto Comisionado que prosiga su labor de protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados de la República Bolivariana de Venezuela y que, a este respecto, promueva medidas eficaces y mejores prácticas, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y otros organismos pertinentes, e invita a todas las partes interesadas a que intensifiquen la cooperación internacional con los países de acogida y de tránsito de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos;
- Solicita que se proporcionen oportunamente a la Oficina del Alto Comisionado y a la misión internacional independiente de determinación de los hechos todos los recursos necesarios y todo el apoyo administrativo, técnico y logístico que necesitan para el cumplimiento de sus respectivos mandatos;
- Alienta a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos a que presten especial atención, en el marco de sus respectivos mandatos, a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, e insta a la República Bolivariana de Venezuela a que coopere plenamente con su labor, entre otras cosas facilitando las visitas al país;
- Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.
