Universitarios son víctimas de detenciones, desapariciones y amenazas en el marco de las elecciones presidenciales en Venezuela
Prensa Aula Abierta-. Desde Aula Abierta hacemos un llamado a la atención pública para denunciar una serie de violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el marco de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 28 de julio de 2024. A lo largo de este periodo, hemos recibido múltiples denuncias sobre detenciones arbitrarias de un profesor y estudiantes universitarios, actos de vandalismo en espacios académicos, así como amenazas dirigidas a aquellos jóvenes que se han manifestado en contra de la reelección de Nicolás Maduro.
Se presenta un resumen de todos las irregularidades ocurridas entre el 28 y el 30 de julio.
Detenciones arbitrarias y hostigamiento
En un contexto de creciente represión, el partido La Causa R ha denunciado la detención de su coordinador juvenil en Caracas, Rafael Sivira, quien fue apresado en la madrugada del 30 de julio en Caracas, por presuntos agentes de la Dirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Bolivariana (DIPNB). Hasta la fecha de este comunicado, se desconoce su paradero.
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ha exigido la inmediata liberación de Sivira, argumentando que su único “delito” ha sido “defender la verdad y la soberanía popular de los venezolanos”. A través de sus cuentas en las redes sociales, Apitz ha emitido una alerta sobre la detención arbitraria y ha solicitado la liberación inmediata.
“Ciudadano Nicolás Maduro exijo la liberación inmediata del Rafael Sivira estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Su único delito es luchar para hacer valer la verdad y la soberanía popular de los venezolanos”, publicó en las redes sociales el decano.
Adicionalmente, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes informó sobre la detención “arbitraria” del profesor Gustavo Torres, quien forma parte del Departamento de Ciencias Pedagógicas del Núcleo Rafael Rangel – Trujillo de la ULA. Junto con él, dos estudiantes y un egresado también fueron aprehendidos. Las circunstancias exactas de estas detenciones siguen sin aclararse, lo cual genera un clima de incertidumbre y temor en la comunidad universitaria.
“Fue detenido arbitrariamente Paúl León tesista de la carrera de Comunicación Social del Núcleo Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes de Trujillo, por manifestar en manifestaciones pacíficas”, publicaron. Asimismo, denunciaron la detención del estudiante Gerson Murillo, quien presuntamente estaba manifestando pacíficamente en Valera.
Por otro lado, el Centro de Estudiantes de Arquitectura y el movimiento estudiantil Visionario, denunciaron la detención del estudiante Anthony Granadillo, quien presuntamente fue capturado el lunes 29 de julio cuando se disponía a regresar a su casa luego de participar en una protesta pacífica.
Dicha información fue confirmada por la FCU de la UCV, a través de su cuenta en la red social Instagram confirmaron que han detenido a 3 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela.
El 29 de julio, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, emitió un comunicado en su cuenta oficial en la red social X, en el cual acusó a Yeissel Pérez, diputada del Consejo Legislativo del Estado Zulia y presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia (FCU-LUZ), de ser supuestamente “instigadora de una protesta violenta” en el centro educativo U.E. Monseñor Helimenas Añez, durante la jornada electoral del 28 de julio.
Descargue aquí el Reporte: Restricciones y represalias en contra de universitarios en el marco de las elecciones presidenciales en Venezuela al 30 de julio de 2024
Saab afirmó que en Zulia, “Yeissel Pérez fue identificada como instigadora de una protesta violenta en el Centro de Votación U.E. Monseñor Helimenas Añez, donde se desmontó una cerca y se agredió a dos funcionarios”.
Desde Aula Abierta, expresamos nuestra profunda preocupación por este tipo de acusaciones provenientes del Ministerio Público, que parecen tener como objetivo silenciar y desacreditar a los líderes estudiantiles en el país.
Aunado a esto, Aula Abierta recibió la denuncia en la cual 6 estudiantes de la Universidad de Los Andes, Mérida, recibieron amenazas a través de mensajes de textos, los cuales decían: “No busques que tu odio sea revertido, te quedas quieto, estás ubicado. Queremos paz”.
Los estudiantes amenazados son Angélica Ángel, quien fue coordinadora de la región Los Andes en la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos y voluntaria de Aula Abierta; Juan Montero, militante del partido Primero Justicia, Marlon Calderón y Ángel Vielma, dirigentes del movimiento estudiantil MSD, Dayanny Osuna y Kevin Ozuna; todos estudiantes de Ciencias Políticas.
Desaparición de 25 estudiantes de la UNES
Desde Aula Abierta, expresamos nuestra profunda preocupación por la presunta desaparición de al menos 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en Catia, Caracas, ocurrida desde el domingo 28 de julio de 2024.
De acuerdo con información proporcionada por el medio de comunicación Tal Cual, los estudiantes desaparecieron tras manifestar su descontento por irregularidades en el proceso de voto asistido, denunciando que el director de la institución estaba utilizando esta práctica para favorecer a Nicolás Maduro.
Los familiares de estos estudiantes, quienes aspiran a ser funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, han recorrido diversos centros de detención en busca de información, sin obtener noticias del paradero de sus seres queridos. Esta situación suscita serias preocupaciones sobre la protección de los derechos humanos y el respeto a la legalidad.
Ante esta alarmante situación, Aula Abierta exige a las autoridades competentes que proporcionen información clara y precisa sobre la situación de los estudiantes desaparecidos. Asimismo, demandamos que se respete el debido proceso jurídico y que sean liberados de manera inmediata. Exigir el respeto a la soberanía popular y al derecho al voto no es un delito.
