Expertos señalan que la reconstrucción del Estado venezolano exige transparencia: «Sin acceso a la información no hay democracia»
En el marco de la cuarta sesión del programa Construyendo Ciudadanía, iniciativa impulsada por Aula Abierta para fortalecer la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho, se llevó a cabo el encuentro formativo centrado en la modernización estatal y el derecho fundamental de acceso a la información pública. La sesión contó con las ponencias del experto en derechos de la comunicación, el profesor universitario Jesús Urbina y el especialista en Ciencia Política y Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Luis Paternina.
El acceso a la información como derecho constitucional
Durante su intervención, Jesús Urbina planteó que el acceso a la información pública representa un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución venezolana —específicamente en sus artículos 28, 51 y 143—, el cual resulta indispensable para modernizar el Estado y permitir que la ciudadanía conozca la gestión pública. Urbina detalló que la modernización requiere tanto de transparencia activa (donde el Estado publica datos de forma proactiva) como de transparencia pasiva (respuesta a las solicitudes ciudadanas).
No obstante, expuso el grave panorama de opacidad institucional en Venezuela, citando que el 76% de las solicitudes de información no son contestadas según registros de Espacio Público, sumado al ocultamiento sistemático de presupuestos e informes oficiales desde 2016 y 2017 denunciado por Transparencia Venezuela.
Transformación digital, IA y Gobierno Abierto
Urbina abordó además las dimensiones del gobierno digital según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), subrayando la importancia de la transparencia algorítmica. Alertó sobre el uso de tecnologías en la gestión pública nacional: «En Venezuela el Estado utiliza algoritmos mediante el Sistema Patria sin transparencia ni revelación documental, por lo que es necesario regular y exigir datos abiertos», afirmó, destacando la necesidad de avanzar hacia el modelo promovido por la Alianza de Gobierno Abierto (OGP).
Perspectiva histórica, el modelo de Estonia y referentes latinoamericanos
Por su parte, el ponente Luis Paternina explicó que el derecho a la información surgió tras la Segunda Guerra Mundial contra el secretismo estatal, quedando plasmado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Paternina analizó los avances históricos desde la Ley de Libertad de Información de EE. UU. (1966) hasta la era de los datos abiertos, contrastando la pesada burocracia regional con casos de éxito como el de Estonia y su plataforma X-Road.
Asimismo, el especialista profundizó en los avances de la región al destacar la Ley de Transparencia de Chile de 2008, un hito que permitió fiscalizar el poder público mediante obligaciones de transparencia activa y pasiva, la publicación de organigramas, sueldos y registros de reuniones de lobby, respaldada por un plazo legal de respuesta de 15 días (prorrogables por 5 adicionales) y la creación del Consejo para la Transparencia, un órgano autónomo encargado de garantizar su cumplimiento.
Finalmente, Paternina conectó estos estándares con los orígenes de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), movimiento impulsado internacionalmente a partir del memorando de transparencia de Barack Obama en 2009 y formalizado en 2011. Explicó que para formar parte de esta alianza los Estados deben cumplir rigurosos criterios, tales como transparencia fiscal, declaraciones patrimoniales, planes de acción bianuales, foros multiactor y revisiones independientes (IRM). En contraste, lamentó que la legislación venezolana aprobada en 2021 carezca de mecanismos claros y plazos operativos viables, perpetuando un proceso administrativo caótico y sin garantías efectivas.
