Estigmatización, veto a la prensa y censura de espacios atentan contra la libertad de expresión en universidades en Latinoamérica
En su Boletín Informativo N.º 44, titulado “Situación de la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos de los universitarios en Latinoamérica”, correspondiente al período julio-septiembre de 2026; Aula Abierta documentó un patrón de restricción a la libertad de expresión, cuestionamiento discursivo y censura, el cual comprende discursos de estigmatización emitidos por altos funcionarios del Estado, trabas al ejercicio del periodismo universitario, bloqueo de espacios institucionales y la censura de iniciativas culturales o académicas orientadas al debate plural.
Señalamientos gubernamentales de «propaganda terrorista» e intimidación discursiva en Argentina
En Argentina, el 1 de julio de 2026, la proyección del documental La gran Palestina en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) generó una controversia institucional promovida por altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. El 8 de julio de 2026, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación exigió formalmente al rector de la UNR la adopción de «medidas administrativas para sancionar a los responsables» de la actividad. De forma paralela, el presidente Javier Milei calificó públicamente la jornada académica como «propaganda terrorista», cuestionando si la universidad pública era utilizada para «fomentar el terrorismo».
Ante estos señalamientos oficiales, Aula Abierta expresa su profunda preocupación frente al uso de discursos públicos que acusan de «terrorismo» a actividades universitarias sin investigación previa. Dichas acusaciones vulneran el Principio I de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la CIDH, el cual garantiza el derecho a generar, transmitir y debatir ideas de forma libre y sin temor a represalias. Asimismo, violan el Principio III de no discriminación. La organización alerta sobre la gravedad de calificar de «terrorismo» a sectores académicos, recordando el precedente de países como Venezuela donde esta narrativa oficial se ha utilizado para criminalizar la labor universitaria y el pensamiento crítico.
Trabas al periodismo e impedimento de acceso a medios universitarios en Chile
Por otro lado, en Chile, el 3 de septiembre de 2026, el equipo de prensa de Radio Universidad de Chile denunció que se le impidió injustificadamente el acceso al recinto donde se celebraba el encuentro internacional Foro Madrid en Santiago, a pesar de haber completado y obtenido la aprobación de los procesos de acreditación requeridos. La medida arbitraria motivó un pronunciamiento unánime de rechazo por parte del Senado Universitario de la Universidad de Chile.
Frente a esta denuncia, Aula Abierta manifiesta su alarma por las restricciones impuestas contra los medios de comunicación universitarios en la cobertura de hechos de interés público. La exclusión injustificada de periodistas acreditados vulnera el derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información, amparados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, infringe el Principio III de los estándares interamericanos al aplicar un trato diferenciado contra el órgano informativo de una universidad pública, menoscabando la pluralidad y la función social de la divulgación académica.
Bloqueo de espacios físicos y censura a asambleas gremiales en Venezuela
Finalmente, en Venezuela, el 30 de julio de 2026, integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora» (APUNELLEZ) denunciaron que autoridades interventoras impidieron el uso y acceso a la biblioteca de la Sede Barinas. La negativa de las autoridades buscó evitar la realización de una asamblea del Instituto de Previsión Social del Profesorado orientada a canalizar atención médica para docentes jubilados, a pesar de haberse cumplido previamente los trámites administrativos.
Ante estos hechos, Aula Abierta alerta que la prohibición de uso de espacios universitarios para impedir reuniones pacíficas constituye un acto de censura e intimidación que vulnera la libertad académica, la libertad de asociación y el ejercicio sindical. Las instalaciones de las casas de estudio, por su naturaleza pública y deliberativa, deben estar abiertas al debate y a la defensa de derechos. Impedir el acceso a la infraestructura institucional en función de la postura crítica del cuerpo profesoral representa una práctica de discriminación contraria al Principio III de los Principios Interamericanos de la CIDH y a la Ley de Universidades.
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