Consejo de Derechos Humanos de la ONU renueva por dos años los mandatos de la Misión para Venezuela y del ACNUDH
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este 6 de octubre la extensión por dos años de los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La resolución fue adoptada mediante una votación que acumuló 25 votos a favor, 17 abstenciones y 5 votos en contra (China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi), representando el mayor volumen de respaldo diplomático alcanzado por este instrumento desde su instauración en 2019.
Con esta decisión, ambas instancias de las Naciones Unidas mantendrán sus funciones de investigación, documentación y asistencia técnica en el país hasta el año 2028.
El texto encomienda formalmente a la Misión de tres expertos, integrada por Sofía Macher, Alex Neve y María Eloísa Quintero, la presentación de nuevos informes exhaustivos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones del Consejo en el otoño de 2027 y 2028.
Hallazgos e informes de la Misión
El diagnóstico presentado por los integrantes de la Misión durante el ciclo de investigación 2025–2026 determinó que, aun cuando el escenario político experimentó dinámicas de cambio tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro, el aparato estructural que hizo posible la ejecución de crímenes de lesa humanidad no ha sido desmantelado.
Los expertos enfatizaron que medidas coyunturales como la excarcelación de entre 800 y 1.000 personas no representan una transformación del sistema, dada la vigencia de un marco normativo restrictivo, la falta de reformas en el Poder Judicial, la impunidad y la operatividad de los colectivos armados.
La presidenta de la Misión, Sofía Macher, sostuvo que aunque el país atraviesa un momento de cambios e incertidumbre donde cualquier medida que proteja a la población debe ser reconocida, las acciones puntuales no garantizan transformaciones estructurales. Al respecto, comentó que «ninguna de esas medidas por sí solas demuestra que se hayan desmantelado los mecanismos de represión, restablecido la independencia judicial o creado condiciones suficientes para impedir que las violaciones vuelvan a ocurrir».
En este sentido, Macher enfatizó que mientras las estructuras sigan operativas y persista la impunidad, «cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible», recordando que la permanencia del escrutinio técnico es clave para evaluar el posible retorno de la población migrante y garantizar procesos verdaderos de no repetición.
Durante la exposición de los hallazgos, el experto Alex Neve precisó que en los cuatro meses previos a enero de 2026 las violaciones graves mantuvieron una intensidad idéntica a los patrones documentados desde el año 2020. Posterior a esa fecha, la represión mutó hacia detenciones arbitrarias de corta duración, incomunicación e intimidación contra periodistas, activistas y defensores. Solo en 2026, la Misión documentó 64 nuevos casos de tortura en centros de máxima seguridad como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. Además, se estimó que al menos 452 personas continúan privadas de libertad arbitrariamente por motivos políticos.
Por su parte, María Eloísa Quintero detalló el funcionamiento de los colectivos armados progubernamentales como un componente estructural de contención estatal, identificando cuatro vías de articulación directa con el Estado: respaldo público, entrega de recursos y armas, pertenencia cruzada de funcionarios y delegación de funciones de orden público y control social territorial.
Estos y otros hallazgos fundamentales continuarán siendo investigados, documentados y evaluados sistemáticamente por la Misión hasta el año 2028, garantizando que los patrones represivos, la vulneración de derechos fundamentales y las responsabilidades de mando permanezcan bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.
Respaldo de la sociedad civil
Ante este diagnóstico, defensores de derechos humanos, académicos y voceros de la sociedad civil respaldaron la renovación del mandato de la ONU, destacando que la Misión podrá continuar documentando las graves distorsiones institucionales y la impunidad estructural que persisten en el país.
En este sentido, es preciso resaltar que las organizaciones Aula Abierta, Organización Internacional del Servicio para los Derechos Humanos (ISHR), Civilis Internacional, Alerta Venezuela, Fundación Friedrich Naumann, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), Amnistía Internacional, la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), PROVEA, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Cepaz, Voto Joven, Acceso a la Justicia y CIVICUS, realizaron el evento paralelo «La urgente necesidad de renovar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela».
En dicho evento, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta y profesor de la Universidad del Zulia, enfatizó que las razones que dieron origen a la creación de la Misión persisten en 2026 y que el mecanismo mantiene una utilidad estratégica fundamental en el contexto presente y futuro respecto a la lucha contra la impunidad, la documentación y determinación de responsabilidades ante las graves violaciones de derechos humanos, y la construcción de la memoria histórica.
Ligia Bolívar, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) e investigadora de Alerta Venezuela, señaló que la coyuntura actual no corresponde a una transición democrática, sino a un reacomodo de fuerzas en el que quienes detentan el poder forman parte de las mismas estructuras represivas. Bolívar enfatizó que las excarcelaciones no equivalen a libertades plenas ni al cierre de expedientes, citando la impunidad en casos de tortura como el de Emirlendris Benítez.
Por su parte, el director de Civilis Internacional, Ricardo Villalobos Fontalvo, enfatizó la importancia de que el organismo internacional continúe monitoreando la arquitectura jurídica restrictiva compuesta por 38 normas contrarias a los tratados internacionales. Entre ellas destaca la Ley de Fiscalización de las ONG de agosto de 2024 y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.
Desde la perspectiva académica y universitaria, el director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, alertó sobre el impacto de la crisis de servicios públicos, con cortes eléctricos diarios de más de 8 horas en las regiones, y la política sistemática de asfixia presupuestaria contra las casas de estudio. En este sentido, Gómez denunció salarios docentes inferiores a dos dólares mensuales y prácticas intervencionistas que buscan el colapso del sistema educativo, la desmovilización de la universidad y la restricción severa de la libertad académica y el pensamiento crítico.
En relación con los crímenes internacionales, Clara del Campo, encargada de Campañas para América Latina de Amnistía Internacional, subrayó que el monitoreo de la ONU resulta vital en un contexto donde entre 328 y 500 personas permanecen en detención arbitraria por motivos políticos. Del Campo detalló la continuidad de traslados no notificados que configuran desapariciones forzadas, como el caso de Jorge Guanares, así como el uso de la denegación de atención médica oportuna como modalidad de tortura, ilustrado en la situación de Juan Carlos Marrufo en El Rodeo I, además de la persecución penal persistente contra defensores como Carlos Correa, Carlos Julio Rojas, Javier Tarazona y Rocío San Miguel.
Complementando el análisis institucional, Santiago Canton, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), aseveró que el aparato represivo fue diseñado con el objetivo de perpetuarse en el poder y que los jueces venezolanos continúan operando sin autonomía. Canton contrapuso las cifras oficiales de la Ley de Amnistía con las 1.149 excarcelaciones verificadas por ACNUDH entre finales de 2025 y junio de 2026, e ilustró la falta de respuesta judicial con el fallecimiento en custodia de Víctor Quero en El Rodeo I.
Finalmente, Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, justificó la continuidad de la vigilancia internacional ante la falta de transparencia en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, del Fiscal General y de la Defensora del Pueblo, cuyos nombramientos se realizaron sin la participación ciudadana requerida y al margen de los requisitos constitucionales.
Desde Aula Abierta se ratifica que la permanencia de la Misión de Determinación de los Hechos y los mecanismos de la ACNUDH hasta 2028 es una garantía indispensable para la defensa de los derechos humanos, el resguardo de la autonomía universitaria y la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Venezuela.
