La Misión de la ONU sobre Venezuela alerta de que el aparato represivo en el país permanece intacto
Ginebra. En el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El diagnóstico de los expertos Sofía Macher, Alex Neve y Maria Eloisa Quintero concluye que, aun cuando el panorama sociopolítico se encuentra en cambio permanente tras la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 y la consecuente captura de Nicolás Maduro, el aparato estructural que hizo posible la ejecución de crímenes de lesa humanidad no ha sido desmantelado.
Los informes del mecanismo independiente precisaron que la flexibilización coyuntural, la excarcelación de un grupo de detenidos por motivos políticos y un margen más amplio para protestas sociales no representan una transformación del sistema. Por el contrario, la vigencia del marco normativo restrictivo, la ausencia de reformas en el Poder Judicial, la permanencia de funcionarios vinculados a graves violaciones en puestos clave del alto gobierno y la operatividad de los colectivos armados como extensión del control social confirman que las garantías de no repetición continúan siendo inexistentes en la nación.
Patrones de represión, torturas en centros de máxima seguridad
Durante la exposición de los hallazgos correspondientes al ciclo de investigación 2025–2026, el experto Alex Neve detalló que los 12 meses evaluados comprenden dos fases políticas marcadamente diferenciadas. En los cuatro meses previos al 3 de enero de 2026, las violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones y violencia de género, mantuvieron una escala e intensidad idénticas a los patrones documentados por la Misión desde su creación en 2020, constituyendo probables crímenes de lesa humanidad.
Tras los sucesos del 3 de enero, se registró una disminución en las detenciones arbitrarias de larga duración y en la cifra global de desapariciones forzadas. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil y el propio mecanismo de la ONU confirmaron que entre 800 y 1.000 personas fueron excarceladas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Sin embargo, Neve advirtió que la opacidad del Estado impide verificar listados oficiales, estimando que 452 personas continúan privadas de libertad arbitrariamente por razones políticas.
La Misión enfatizó que la represión no cesó, sino que mutó hacia un patrón recurrente de detenciones arbitrarias de corta duración, acompañadas de incomunicación temporal e intimidación directa a periodistas, activistas opositores y defensores de derechos humanos. Este esquema opera como un recordatorio disuasivo de que el aparato estatal continúa activo y con capacidad plena de restringir libertades.
De manera alarmante, el mecanismo documentó 64 nuevos casos de tortura cometidos con posterioridad al 3 de enero de 2026, evidenciando que estas prácticas continúan siendo endémicas. La investigación precisó hallazgos en centros de reclusión de máxima seguridad.
Entre los casos documentados, Neve destacó lo documentado en el Centro Penitenciario El Rodeo I se corroboraron tratos crueles e inhumanos que incluyen intubación y cateterismo forzados, así como el confinamiento en la denominada «máquina del tiempo», una cisterna subterránea sellada donde los detenidos son sometidos a oscuridad absoluta y desnudez por lapsos de varios días hasta tres meses. Asimismo, en el Fuerte Guaicaipuro se constató la técnica conocida como «la luciérnaga», consistente en el aislamiento en celdas infestadas de ratas e insectos bajo luz artificial permanente, además del confinamiento en celdas subterráneas similares a fosas, privación de alimentos, exposición al frío extremo y golpizas con objetos metálicos y descargas eléctricas en órganos genitales. Estas prácticas fueron aplicadas incluso a prisioneros que protestaron por las condiciones insalubres tras los terremotos de junio de 2026.
El informe vinculó de igual forma la falta de atención médica oportuna con muertes bajo custodia estatal, destacando el caso del ciudadano Víctor Quero Navas, quien falleció estando sometido a desaparición forzada en El Rodeo I. Su madre fue informada de su deceso más de un año después de la detención y diez meses posterior al fallecimiento, muriendo ella diez días después sin obtener justicia.
Casos de impunidad
Conectando estos patrones de abuso con la dimensión institucional, la presidenta de la Misión, Sofía Macher, denunció que la falta de reformas estructurales perpetúa la impunidad. Macher reveló que actualmente 12 personas que desempeñan funciones en el alto gobierno continúan en sus cargos a pesar de existir investigaciones en su contra por su participación directa o responsabilidad de mando en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
“No puede haber una mejora duradera mientras que las instituciones permanezcan sin reformas y los hechos documentados sigan sin una respuesta efectiva de la justicia», comentó.
La presidenta de la FFM enfatizó que la apertura política observada en el país es limitada y frágil, toda vez que persisten los actos de vigilancia y hostigamiento contra la ciudadanía.
Además, la vigencia de leyes de criminalización, como la Ley contra el Odio y la legislación antiterrorista, sumada al control que el Poder Ejecutivo mantiene sobre la administración de justicia, impide concluir que el mecanismo que facilitó las atrocidades haya sido desmantelado.
En este sentido, la Misión instó a que los actores internacionales velen porque sus decisiones políticas o acercamientos no contribuyan a consolidar la impunidad ni a obstruir la rendición de cuentas. Asimismo, recordaron que la persistencia de estos factores exige que los Estados de la región continúen brindando protección internacional y estatus de refugio a la población migrante venezolana.
Colectivos armados: descentralización de la violencia y control social como política de Estado
Aunado a los puntos documentados, la experta Maria Eloisa Quintero presentó las conclusiones del informe especial sobre el funcionamiento de los llamados colectivos o grupos civiles armados progubernamentales, determinando su rol como componente estructural del aparato de contención e intimidación estatal.
Quintero explicó que el estudio de la Misión tipificó la actuación de estos grupos, concluyendo que su intervención va más allá de actuar como choques violentos en manifestaciones. La investigación arrojó motivos razonables para creer que los colectivos ejecutan labores de inteligencia, seguimiento e identificación de opositores, participan en operativos de seguridad conjuntos y ejercen la persecución selectiva en coordinación con los cuerpos policiales y militares.
Asimismo, la experta enfatizó que los colectivos ejercen una modalidad de control social cotidiano mediante la coacción en la distribución de alimentos, combustible y servicios públicos articulados a través de los consejos comunales. Esta presencia territorial genera un clima de terror que inhibe la protesta comunitaria y restringe severamente el ejercicio del espacio cívico local.
La Misión identificó cuatro formas directas de articulación entre los colectivos y la estructura formal del Estado: el respaldo público e institucional emitido de forma sistemática por altas autoridades estatales; la transferencia de recursos mediante la provisión regular de armas de fuego, municiones, motocicletas, equipos de comunicación y financiamiento directo e indirecto; la pertenencia cruzada expresada en la incorporación de miembros de colectivos a las filas de organismos de seguridad y la presencia de funcionarios o exfuncionarios militares y policiales en la dirección de dichos grupos; y la delegación de funciones a través de la transferencia implícita o explícita de tareas de orden público y control territorial.
En este sentido, la Misión estableció que cuando estos grupos actúan bajo instrucciones, dirección o control de órganos del Estado, sus actos son directamente atribuibles al Estado venezolano. No obstante, Quintero precisó que, con independencia de la atribución individual de un hecho, el Estado vulnera sus obligaciones internacionales al tolerar, no investigar, no sancionar ni desarmar a estos grupos, externalizando la violencia coercitiva hacia estructuras nominalmente civiles.
Ante ello, el organismo de la ONU recomendó el cese inmediato del apoyo institucional y financiero a los colectivos armados, el inicio de un proceso progresivo de desarme y desmovilización bajo estándares de derechos humanos, y la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza por parte de las instituciones formales.
Exigencia de la sociedad civil: renovación del mandato de la FFM
A la luz de la documentación expuesta ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la sociedad civil reafirmó que la vigencia de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos resulta un imperativo técnico, jurídico y ético.
Frente al vencimiento del mandato fijado para octubre de 2026 conforme a la Resolución 57/36, las organizaciones enfatizan que la continuidad del escrutinio independiente de la ONU es la única garantía para documentar las violaciones en curso, contrarrestar la opacidad oficial, preservar la memoria histórica y sentar bases sólidas para un proceso futuro de justicia transicional centrada en la reparación integral de las víctimas y la restitución del Estado de derecho en Venezuela.
