Déficit de 300 MW, sobreprecios y opacidad agravan la crisis eléctrica en el occidente de Venezuela
Venezuela | En el marco de una investigación realizada por Aula Abierta sobre el impacto de las fallas del Servicio Eléctrico Nacional en la educación universitaria, se entrevistó a la profesora Christy Rangel, docente jubilada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (ULA) e investigadora de Transparencia Venezuela, quien analizó la crisis energética en la región andina.
Rangel señaló que desde el año 2008 los estados Mérida, Táchira y Trujillo, Barinas y el alto Apure, han padecido interrupciones eléctricas sistemáticas que obstaculizan el desarrollo local. La región, considerada la «cola» del Sistema Eléctrico Nacional, registra un déficit cercano a los 300 MW, de acuerdo con datos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la ULA. Esta contingencia se traduce en racionamientos diarios que oscilan entre 4 y 8 horas para las comunidades del occidente venezolano.
Asimismo, enfatizó que el esquema de racionamiento resulta desigual, en tanto la capital del país y las capitales regionales registran cortes de menor duración frente a los municipios más distantes de los centros de poderes públicos, circunstancia que acentúa la vulnerabilidad de las poblaciones locales.
¿Qué sucede en Los Andes venezolanos?
La investigadora recordó que en 2008 el Ejecutivo aprobó recursos para la habilitación de plantas de generación secundaria en los municipios Libertador y Campo Elías del estado Mérida, en el contexto del plan «Reimpulso del Sector Energético» y la estructuración directiva de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). No obstante, Rangel indicó que dichas instalaciones iniciaron operaciones en un estado preexistente de deterioro y obsolescencia, impidiendo que el eje metropolitano contara con generación propia y reincidiendo en la dependencia de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri).
Posteriormente, en 2011, el Estado promovió el proyecto de la Central Termoeléctrica Don Luis Zambrano en El Vigía, municipio Alberto Adriani de Mérida, anunciado para solventar el déficit energético regional mediante la generación de casi 500 MW a través de tres unidades (dos a gas y una a vapor). Sin embargo, la propuesta careció de viabilidad debido a la inexistencia de infraestructura de gasoductos en la entidad, impidiendo el cumplimiento de los objetivos operativos proyectados.
Adicionalmente, investigaciones de Transparencia Venezuela documentaron la existencia de sobreprecios en la adquisición y construcción de parques termoeléctricos. En el caso de la Planta Don Luis Zambrano, informes de la Asamblea Nacional electa en 2015 determinaron un sobreprecio estimado en 371 millones de dólares, a los que se suman 359 millones en la Planta José Félix Ribas y 55 millones en Planta Centro, entre otros casos documentados por la organización.
Por otra parte, en enero de 2025 se suscribió un acuerdo entre la Gobernación del estado Mérida y la empresa china Green Full para la construcción de un parque fotovoltaico en los terrenos de la Planta Don Luis Zambrano. El proyecto, presupuestado en 43 millones de dólares, preveía la instalación de 94.000 paneles solares para aportar 50 MW. A pesar de haberse cumplido el montaje de los módulos solares, para agosto de 2026 los habitantes del municipio Alberto Adriani continúan sufriendo prolongados racionamientos, sin que exista información pública oficial que aclare el estado operativo del parque solar tras cumplir un año de retraso en su puesta en marcha.
Acceso a la información y contraloría social
Un factor transversal que incide en la opacidad institucional es la restricción en el acceso a la información pública sobre el sector eléctrico. Rangel refirió que, ante las solicitudes formales de información cursadas por Transparencia Venezuela a los organismos competentes, funcionarios de dichos entes manifestaron de forma extraoficial limitaciones para brindar datos, argumentando riesgos directos sobre la estabilidad de sus cargos en caso de atender requerimientos de la sociedad civil y medios de comunicación.
Esta política de opacidad vulnera el derecho al libre acceso a la información y limita las capacidades institucionales de las universidades y de la sociedad civil para formular diagnósticos precisos, elevar propuestas de solución y ejercer la correspondiente contraloría social sobre la gestión de los recursos públicos.
