Venezuela: Aula Abierta destaca la importancia de evaluar la formación universitaria de aspirantes al TSJ
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En las últimas dos décadas, el Estado venezolano ha desarrollado una política de intervención sobre las universidades públicas, orientada a controlar el sistema de educación superior. Este proceso tuvo como uno de sus primeros hitos la creación de la Misión Sucre, en 2003, y posteriormente de la Misión Alma Mater, en 2009. Bajo este modelo se consolidó progresivamente un sistema paralelo de instituciones de educación superior, caracterizado por una fuerte dependencia del Ejecutivo Nacional y, según las denuncias documentadas, por prácticas de adoctrinamiento y control político, según revela el Informe «El sistema paralelo universitario en Venezuela 2003-2019» del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA.
Desde Aula Abierta hemos denunciado en los últimos años la implementación de esta política de Estado dirigida a intervenir y debilitar la autonomía de la universidad pública venezolana, así como la creación y expansión de un sistema paralelo de carácter intervencionista que ha pretendido cooptar progresivamente el sistema de educación superior del país. Esta situación alcanza ámbitos fundamentales del Estado en los que la universidad desempeña un papel determinante, particularmente en la formación y acreditación de profesionales que posteriormente participan en procesos de alta relevancia nacional como lo es la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ante el proceso de revisión de aspirantes a ser magistrados del TSJ, resulta fundamental examinar las credenciales de cada candidato, las universidades que certificaron su formación, los programas académicos cursados y las instituciones o actores que respaldaron sus postulaciones. Es clave la revisión exhaustiva de las provenientes de universidades públicas distinguiendo si son emitidas por universidades autónomas como UCV, ULA, LUZ, UC, USB, UCLA, o si provienen de universidades experimentales o del sistema paralelo universitario que ha sido recurrentemente denunciado como una estrategia de control político del sistema de educación superior en el país por parte del Ejecutivo Nacional. Este análisis permite identificar posibles vínculos entre la intervención estatal en la educación superior y la conformación de instituciones fundamentales de justicia en el país, lo cual es clave para la reconstrucción democrática e institucionalidad de Venezuela.
Universidades sin autonomía con restricciones al pensamiento plural
El sistema paralelo de educación superior creado a partir de la Misión Sucre y posteriormente ampliado con la Misión Alma Mater consolidó un modelo universitario dependiente del Ejecutivo Nacional y sin autonomía, bajo el argumento de ampliar el acceso a la educación superior. Sin embargo, desde Aula Abierta se ha documentado que este modelo ha favorecido la imposición de un pensamiento único, limitando el pluralismo y propiciando espacios de proselitismo y adoctrinamiento político dentro de las instituciones.
Desde 2010, Aula Abierta ha registrado al menos 50 decisiones judiciales que afectan estos derechos, de las cuales aproximadamente el 74 % suspendieron procesos electorales de autoridades, órganos de gobierno y cogobierno universitario, o intervinieron en sus normas internas. Un caso emblemático fue la sentencia N.º 0324 de la Sala Constitucional del TSJ, de 2019, que modificó las reglas de elección universitaria y, según el análisis de Aula Abierta, vulneró la autonomía consagrada en el artículo 109 de la Constitución.
El panorama nacional evidencia la dimensión de esta política de intervención. Ante la opacidad de la información pública, Aula Abierta y otras instituciones de la sociedad civil y universitarias han realizado esfuerzos extraordinarios por recabar información. De las 86 universidades públicas identificadas, al menos 5 son autónomas; 31 forman parte del sistema paralelo creado mediante las Misiones Sucre y Alma Mater; y 50 son experimentales, de las cuales, hemos recibido denuncias sobre que, al menos 30 han sido intervenidas por el Gobierno nacional. Esta configuración refleja un proceso sostenido de debilitamiento de la autonomía universitaria y de las condiciones necesarias para garantizar la libertad académica, el pensamiento plural y el debate democrático en la educación superior.
El informe Intervencionismo del Poder Ejecutivo en las universidades venezolanas (2003-2022) de Aula Abierta revela que en la región Andes, se cuenta con al menos 11 universidades públicas, de las cuales 1 es pública autónoma, 5 pertenecen al sistema universitario paralelo y 5 son experimentales y se encuentran, según denuncias recibidas, intervenidas por el gobierno nacional, entre éstas: 1) Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (UNEFA) 2) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 3) Universidad Nacional Experimental del Táchira 4) Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago «Jesús María Semprún» 5) Universidad Nacional Abierta.
En Occidente, se tiene un total de 19 universidades públicas, de las cuales 2 son públicas autónomas, 8 pertenecen al sistema universitario paralelo y 9 son experimentales, sin embargo, para el momento de la elaboración del informe se recibieron denuncias que al menos 6 de ellas se encuentran intervenidas por el Estado venezolano, entre éstas: 1) Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) 2) Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) 3) Universidad Nacional Experimental Sur Del Lago Jesús María Semprún (UNESUR) 4) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) 5) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) 6) Universidad Nacional Abierta (UNA)
En la región Centro, además de las universidades autónomas, existe un total de 43 universidades públicas, al menos 9 pertenecen al sistema universitario paralelo y 29 son experimentales, de las cuales, recibimos denuncias, que al menos 15 se encuentran intervenidas por el gobierno nacional como lo son: 1) Universidad Nacional Experimental Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) San Carlos 2) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) Carabobo 3) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) Maracay 4) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) Puerto Cabello 5) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) Canoabo 6) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Maracay 7) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez – San Carlos 8) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional – Caracas (UNEFA) 9) Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar – Caracas 10) Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar – Litoral 11) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez – Caracas: Caricuao 12) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez – Caracas: El Valle 13) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez – Caracas: Palo Verde 14) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez – Los Teques 15) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez – Valles del Tuy.
En relación a la región de Oriente, el informe identifica un total de 18 universidades públicas, de las cuales 2 son públicas autónomas, 9 pertenecen al sistema universitario paralelo y 7 son experimentales, de las cuales, para el momento de la elaboración del informe, al menos 4 se encuentran intervenidas por el gobierno nacional: Universidad Nacional Experimental «Simón Rodríguez» 2) Universidad Nacional Experimental de Guayana 3) Universidad Nacional Politécnica de las Fuerzas Armadas 4) Universidad Experimental Nacional de las Artes.
Les invitamos a leer el informe completo: Intervencionismo del Poder Ejecutivo en las universidades públicas venezolanas en: https://aulaabiertalatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/12/INTERVENCIONISMO-DEL-PODER-EJECUTIVO-EN-LAS-UNIVERSIDADES-PUBLICAS-VENEZOLANAS.pdf
¿Qué formación acreditan quienes aspiran a ejercer el poder público?
Ante la posible designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), surge una interrogante fundamental: ¿qué formación reciben quienes aspiran a ejercer funciones de tan alta responsabilidad pública? El proceso de designación involucra a la universidad desde su génesis, tanto por la formación y acreditación académica de los postulantes como por la participación de actores universitarios en sus postulaciones. Por ello, valorar las credenciales de cada candidato exige conocer su trayectoria académica, los programas cursados, las instituciones que otorgaron sus títulos y el contexto en el que fueron obtenidos.
Este análisis debe plantearse desde criterios objetivos y sin descalificar a ninguna institución. Al mismo tiempo, resulta legítimo formular preguntas sobre los estándares de formación y acreditación: ¿cómo debe valorarse un título de pregrado o doctorado proveniente de una institución cuya oferta académica, escolaridad presencial, sede física o programas de estudio no son verificables?; ¿deben evaluarse bajo los mismos criterios las credenciales de un candidato formado en una institución del sistema paralelo y las de otro que haya cursado durante años distintos programas en universidades autónomas como la UCV, LUZ, ULA, USB, UC, UCLA, entre otras?
Más que cuestionar el origen institucional de un título, el debate exige establecer criterios transparentes y verificables para valorar la idoneidad académica de quienes aspiran a integrar el máximo órgano de justicia. En consecuencia, resulta clave examinar de manera individual las universidades que acreditaron a cada postulante, la trayectoria y características de los programas cursados, su formación académica y la institución o actores universitarios que respaldaron su postulación. Solo así podrá determinarse si existen estándares adecuados para garantizar la excelencia, independencia y legitimidad de quienes ejercerán funciones fundamentales del Poder Público. Este ejercicio es clave para fortalecer la democracia y avanzar hacia la reinstitucionalización de Venezuela, mediante instituciones publicas sólidas e independientes
