Informe 2025 de la CIDH: denuncia graves violaciones contra los derechos humanos y ataques contra la libertad académica en Venezuela
En el Informe Anual 2025 publicado este 23 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se advierte sobre las graves y continuas violaciones contra los Derechos Humanos en Venezuela, los ataques contra la libertad académica y la persecución y hostigamiento contra las y los universitarios. El organismo identifica a Cuba, Nicaragua y Venezuela como países en situación crítica, instando a una acción internacional urgente ante la ruptura democrática y la represión de la disidencia.
“En 2025, el entorno universitario en Venezuela ha estado marcado por un ambiente hostil y violaciones a la libertad académica, que incluyen detenciones, persecución, hostigamiento y amenazas. Según organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad universitaria han sido objeto de represalias por ejercer su labor crítica, ya sea mediante el análisis de políticas económicas del Estado, la investigación y atención de violaciones a los derechos humanos, la organización de espacios críticos dentro de la universidad o la participación activa en el debate sobre asuntos públicos”, refleja en su Capítulo IV.B (párrafo 106) del Informe de la CIDH sobre Venezuela.
Asimismo, relata que “entre el 1 de enero y 10 de octubre de 2025, al menos 22 personas con vínculos directos con el ámbito académico habrían sido detenidas y/o hostigadas —19 detenidas y 3 perseguidas—. Entre ellas se encuentran: nueve profesores universitarios, cinco estudiantes, dos trabajadores universitarios y defensores de derechos humanos, una investigadora, un representante de federación estudiantil y una de la asociación estudiantil. De los 19 detenidos, siete habrían sido acusados y/o procesados ante tribunales con competencia en materia de terrorismo. Adicionalmente, “entre el 28 de julio de 2024 y el 10 de octubre de 2025, la organización Aula Abierta documentó un total de 95 incidentes de represalias contra profesores y estudiantes universitarios, que incluyen 54 detenciones, 40 casos de hostigamiento y la anulación del pasaporte de un docente universitario”, indica el texto (párrafo 107).
El Informe subraya que «entre los casos registrados, el 18 de julio de 2025, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) denunció la detención del estudiante Simón Bolívar, consejero universitario y líder estudiantil, presuntamente a manos de sujetos encapuchados. De acuerdo con la FCU-UCV, este hecho constituye una acción represiva que atenta contra la autonomía universitaria y busca silenciar voces disidentes, restringiendo los derechos a la libre expresión y a la participación democrática tanto dentro del ámbito universitario como a nivel nacional» (párrafo 108).
Actos de estigmatización y posibles amenazas contra miembros de la comunidad académica
La CIDH advierte sobre actos de estigmatización contra las y los académicos venezolanos: «El 28 de mayo de 2025, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, durante una alocución transmitida por televisión nacional, calificó a los académicos en Venezuela como “terroristas”. Esta declaración se habría realizado en el contexto de la presentación de una supuesta red de actores que, según Cabello, buscaba “boicotear” las elecciones de mayo de 2025, y que estaría conformada por líderes sociales y políticos, muchos de los cuales también son profesores, investigadores y otros integrantes del sector académico
venezolano» (párrafo 110).
Presencia policial en centros académicos
El informe también destaca la presencia policial en distintos centros académicos. “El 9 de enero de 2025, Aula Abierta dio a conocer denuncias sobre la presencia excesiva de funcionarios policiales en la entrada del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). El 15 de enero, se denunció la instalación de alcabalas por parte de la policía estatal en los alrededores de la Universidad de Oriente (UDO), en el estado de Anzoátegui. Ese mismo día, el Consejo Universitario de la UCV emitió un comunicado rechazando la masiva presencia de cuerpos de seguridad en los accesos principales al campus” (párrafo 114).
La CIDH señala que, “el asesinato, secuestro, intimidación, acoso, hostigamiento, amenazas, la violencia basada en género y demás agresiones contra las personas en razón de su participación en la comunidad académica o del ejercicio de actividades, al igual que los ataques contra instituciones, bibliotecas o laboratorios violan los derechos fundamentales de las personas, coartan la libertad académica y siembran la autocensura en la sociedad. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores; proteger a las víctimas y asegurar una reparación adecuada independientemente de si los hechos lesivos ocurrieron por vías analógicas o digitales. La CIDH y su RELE llaman al Estado venezolano a cesar todo acto de hostigamiento, intimidación y persecución contra los miembros de la comunidad académica que participan en la discusión de asuntos de interés público” (párrafo 116).
