Universidades y sociedad civil: Los pilares indispensables para reconstruir el Estado de Derecho y rescatar el espacio cívico en Venezuela, según expertas de la ONU
Frente al complejo escenario político derivado de los acontecimientos del 3 de enero de 2026 en Venezuela, Marta Valiñas y Patricia Tappatá, exintegrantes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU, instaron al Estado a cesar las políticas represivas sostenidas durante los últimos años. Para las expertas, el desmantelamiento de estas prácticas es un requisito indispensable para iniciar una transición democrática efectiva, en la cual las universidades y las organizaciones civiles actúen como pilares en la salvaguarda del espacio cívico, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Sobre los hechos en Venezuela, durante una entrevista en el programa “Universidad, Espacio Cívico y Democracia” de Aula Abierta Radio, Marta Valiñas, reafirmó que en el país persisten patrones de “ataques generalizados y sistemáticos contra la población, específicamente contra personas percibidas como opositoras”. La experta enfatizó que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad por persecución política, subrayando que es una «política estatal» implementada a través de «estos delitos y de la restricción del espacio cívico”.
Valiñas asegura que uno de los indicadores más relevantes de esta política de Estado destinada a restringir el espacio cívico es «la falta de imparcialidad en el sistema judicial venezolano». “Puede que haya un cambio de liderazgo, pero es necesario que también existan cambios en las prácticas que ejecutan los funcionarios del sistema de justicia. Es necesaria la independencia de poderes”, aseguró.
Liberaciones de presos políticos: torturas y graves violaciones contra los derechos humanos
A pesar de que la Asamblea Nacional, tras varias semanas de consultas con sectores políticos y sociedad civil, aprobó el pasado 20 de febrero por unanimidad la Ley de Amnistía que conducirá a la excarcelación de presos políticos, Patricia Tappatá considera que persisten irregularidades en las liberaciones.
“La lentitud de las excarcelaciones de los presos políticos pretende mantener el sufrimiento de sus familiares. Esto forma parte de las torturas y graves violaciones contra los derechos humanos que la Misión ha venido denunciado”, destacó.
La defensora de derechos humanos recomendó a los sectores políticos venezolanos solicitar “desmantelamiento de la legislación que impide la libertad de expresión, la desarticulación de cuerpos especiales de seguridad que han actuado con mayor letalidad y se reinstaure la igualdad ante la Ley, porque considero que si se trata de un nuevo periodo político la igualdad ante la Ley es lo que debe primar”, afirmó.
Las defensoras de derechos humanos reiteran que restaurar la institucionalidad y el Estado de Derecho es el mayor desafío que tiene Venezuela por lo que recomendaron a las autoridades desmontar las prácticas de opacidad informativa, falta de transparencia y rendición de cuentas para poder reconstruir una verdadera democracia
