La corrupción como ataque estructural a los derechos humanos: Aula Abierta abre el debate sobre su impacto en la educación superior

Prensa Aula Abierta-. La corrupción no es solo un delito administrativo o económico: es un fenómeno estructural que erosiona la democracia, debilita las instituciones y vulnera directamente los derechos humanos. Así lo ha afirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos advierte que la corrupción “socava la legitimidad de las instituciones públicas y el ejercicio efectivo de los derechos” (párr. 149, p. 64). En la misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), en el documento A/HRC/58/42, resalta que la corrupción “impide el desarrollo sostenible y obstaculiza la realización de los derechos humanos, en particular de los grupos en situación de vulnerabilidad” (párr. 72).
Sin embargo, la relación entre la corrupción estatal y las violaciones a la libertad académica, a la autonomía universitaria, a la educación de calidad y a los derechos humanos de las comunidades universitarias aún no ha sido plenamente estudiada en el caso venezolano. En respuesta, Aula Abierta anuncia el inicio de una nueva línea de investigación destinada a analizar cómo la corrupción promovida o tolerada por el Estado afecta el derecho a la educación superior y contribuye al deterioro institucional y democrático del país.
La corrupción como fenómeno de derechos humanos
Tanto la CIDH como el sistema de Naciones Unidas coinciden en que la corrupción debe analizarse desde un enfoque de derechos humanos, no meramente penal. De acuerdo con la Resolución 1/18 de la CIDH, los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción que vulneren derechos fundamentales, así como garantizar la reparación de las víctimas y asegurar la transparencia en la gestión pública. La omisión o la complicidad estatal, recuerda la Comisión, puede constituir una violación autónoma de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH, Resolución 1/18: Corrupción y Derechos Humanos, 2018).
El Seminario de Expertos de Naciones Unidas sobre Corrupción y Derechos Humanos también destacó que “la corrupción institucional genera desigualdad, afecta la confianza en la democracia y debilita los sistemas de rendición de cuentas” (ONU, Seminario de Expertos A/HRC/58/42, párr. 72). Estos principios son esenciales para comprender el vínculo entre la corrupción, el deterioro institucional y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Aula Abierta retoma este marco internacional para situar la corrupción como una causa estructural de violaciones sistemáticas a derechos humanos, particularmente en el ámbito universitario. En el contexto venezolano, prácticas como la asfixia presupuestaria, la creación de universidades paralelas sin control ni transparencia, y la judicialización de las autoridades universitarias han reducido el acceso a una educación libre, plural y de calidad.
Una investigación necesaria para comprender un causalidad invisible
¿Hasta qué punto la falta de recursos en los laboratorios, el cierre de programas académicos o la precarización del profesorado son consecuencia directa de decisiones políticas y prácticas corruptas del Estado? ¿Puede existir libertad académica cuando el presupuesto universitario se usa como mecanismo de control político? ¿Cómo afecta la corrupción estructural al futuro del desarrollo nacional?
Estas son las preguntas que Aula Abierta busca abordar en los próximos meses a través de un proceso de investigación y consulta con comunidades académicas, expertas y expertos internacionales, en el marco de su iniciativa sobre corrupción y derechos humanos en la educación superior.
La organización señala que la corrupción no solo debilita a las universidades: impide que estas ejerzan su papel histórico como espacios de pensamiento crítico y motores del desarrollo democrático. El vínculo entre corrupción, educación y desarrollo aún no ha sido sistemáticamente establecido, y documentarlo representa un paso clave para la reconstrucción de la confianza social y la defensa del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela.
Fuentes consultadas
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos, 2019, párr. 5, 149 (pp. 12, 64).
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/18: Corrupción y Derechos Humanos, 2 de marzo de 2018.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seminario de Expertos sobre Corrupción y Derechos Humanos, Doc. A/HRC/58/42, párr. 72.
- La sentencia de la Corte Interamericana que estrecha el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos, Agenda Estado de Derecho, 2024. Disponible en línea








