Libertad académica bajo ataque en Guatemala: ¿violación a derechos universitarios en la USAC?
Prensa Aula Abierta-. El ingreso no autorizado del Ejército al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la posterior expulsión de estudiantes críticos evidencian una grave violación a la autonomía universitaria, la libertad académica y el derecho a la educación superior en el país. La crisis institucional amenaza la calidad educativa y la participación democrática dentro de la universidad pública.
En este contexto, la comunidad universitaria y organizaciones sociales denuncian la creciente represión y criminalización contra las y los universitarios, donde la cooptación de autoridades y la intervención militar vulneran garantías constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la educación superior y la libertad académica.
Violación a la autonomía universitaria
El 12 de febrero de 2025, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) suspendió sus actividades tras denunciar que el Ejército ingresó sin autorización a su campus central, señalando esto como una violación directa a la autonomía universitaria. Las autoridades universitarias declararon que se transgredieron garantías constitucionales, mientras que el Ministerio de la Defensa argumentó que la presencia militar respondía a un operativo ajeno a la vida académica.
El 13 de febrero de 2025, la vicepresidenta Karin Herrera reconoció públicamente la importancia de evitar incidentes con fuerzas de seguridad que vulneren la autonomía universitaria tras los hechos ocurridos en la USAC, comprometiéndose a que no se repitan tales situaciones.
Expulsión de estudiantes por actividad política y defensa de la autonomía
El 29 de mayo de 2025, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC resolvió expulsar a 10 estudiantes destacados —reconocidos por su liderazgo y excelencia— por oponerse al fraude electoral universitario de 2022 y defender la autonomía institucional. Organizaciones sociales y miembros de la comunidad universitaria denunciaron la decisión como “autoritaria, represiva y dirigida a acallar voces críticas y de protesta”. También se inició proceso disciplinario contra ocho diputados por “desprestigiar” a la USAC.
Estos hechos reflejan una tendencia de criminalización de la protesta estudiantil, debilitamiento del gobierno universitario legítimo y uso de represión institucional contra quienes reclaman la democracia interna y la autonomía académica en Guatemala.
Reacciones sociales y manifestaciones
Diversas organizaciones sociales y académicas de Guatemala hicieron llamados públicos a la defensa de la autonomía de la USAC, exigiendo revertir la cooptación de autoridades y demandando un proceso electoral democrático y transparente. Estos comunicados enfatizan que la privatización, la censura y la persecución política contra la comunidad universitaria atentan contra los estándares internacionales de libertad académica y derecho a la educación superior.
Crisis institucional y académica
Aula Abierta ha recibidio denuncias que la USAC está “intervenida y administrada por autoridades consideradas ilegítimas y ajenas al conocimiento científico”. Esto ha resultado en disminución de calidad educativa, falta de pensamiento crítico, y precarización de la formación profesional. La ausencia de políticas transparentes y de una gestión legítima erosiona la legitimidad de la educación pública universitaria.
Según denuncias recibidas, las medidas restrictivas, expulsión de estudiantes y cierre de espacios han reducido la confianza en la universidad pública, limitando la movilidad social y el acceso a una educación inclusiva y de calidad. Hay un auge de universidades privadas de baja calidad, que perpetúan la desigualdad e incrementan la precarización profesional.
Impacto en becas y programas
Aunque el gobierno anunció programas de becas, la cobertura bruta de acceso a educación superior permanece baja (apenas 12% para el grupo etario 18-24 años en 2023, y 2.5% en toda la población), reflejando la desatención estatal a grupos vulnerables y la relegación de la función social de las universidades
Consecuencias sociales y educativas:
La pérdida de calidad educativa y profesional debilita la movilidad social, la innovación y la formación de capital humano, perpetuando el subdesarrollo y la dependencia nacional. La ausencia de investigación y transferencia de conocimiento relevante limita la capacidad de respuesta ante problemas de pobreza, exclusión y desarrollo tecnológico.
Análisis de impacto en derechos humanos
Las acciones documentadas entre enero y agosto de 2025 vulneran gravemente los estándares internacionales sobre libertad académica, autonomía universitaria y derecho a la educación superior. Conforme los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (CIDH, 2021), la criminalización de la protesta estudiantil y el cierre arbitrario de espacios universitarios constituyen una transgresión directa al respeto por la autonomía institucional y la libre circulación de ideas, pilares esenciales de la vida universitaria.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13 y Observación General Nº 13 del Comité DESC) establece la obligación estatal de garantizar una educación superior de calidad accesible en condiciones de igualdad. La represión de estudiantes y el deterioro de la función social universitaria restringen el acceso efectivo y perpetúan la inequidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) protege la libertad de expresión y la participación democrática. La expulsión y criminalización de estudiantes por protestar limita la pluralidad de voces e inhibe el rol crítico de la universidad en la sociedad.
La situación observada puede generar consecuencias negativas duraderas: menor rendimiento académico, precarización laboral, erosión de la movilidad social, debilitamiento democrático y una educación superior desligada de su función transformadora. Por tanto, urge la adopción de medidas que garanticen el respeto a los derechos universitarios, la autonomía institucional y el ejercicio pleno de la libertad académica.
