Universitarios vulnerables en Las Américas: Alerta ante los ataques a la libertad académica en Estados Unidos y Venezuela
Prensa Aula Abierta-. En el marco del trabajo de monitoreo de Aula Abierta sobre la situación de la libertad académica y los derechos de las y los universitarios en Las Américas durante las últimas semanas, preocupan altamente situaciones documentadas tanto en Venezuela como en Estados Unidos, lo cual ratifica que las violaciones a derechos humanos deben ser atendidas como tales, superando sesgos de visiones ideológico-políticas. Urge mayor atención de la comunidad internacional ante la problemática de la libertad académica en Las Américas.
Universitarios como sujetos en situación de especial vulnerabilidad en Las Américas
En 2025, las y los universitarios en Venezuela enfrentan un ambiente hostil marcado por fuertes violaciones a la libertad académica. Detenciones, persecuciones, hostigamiento, entre otras prácticas, han criminalizado el derecho a una educación libre y de calidad como lo ordena la Constitución de la República. En este mismo contexto, Estados Unidos se suma a la lista de países que también violan los derechos de los universitarios, con prácticas como condicionar la entrega de recursos para la Investigación y Documentación a cambio de que las universidades acepten las políticas gubernamentales que en su mayoría violan el derecho a la libertad de expresión y libertad de conciencia.
La grave situación de las universidades y de la libertad académica y los derechos humanos de las y los universitarios en Venezuela en 2025 sigue llamando la atención de distintos órganos internacionales de derechos humanos. Durante la última semana de junio de 2025 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha centrado su preocupación al respecto aludiendo que: “Las universidades continuaron enfrentándose a retos para salvaguardar su libertad académica, lo que afecta el derecho a la educación y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Según se informa, las universidades recibieron el cuatro por ciento de los presupuestos que solicitaron, lo que afectó en parte al pago de salarios. Las elecciones de los consejos directivos de la Universidad de los Andes y la Universidad de Carabobo siguieron suspendidas. También se denunciaron actos de intimidación y acoso por parte de diversos agentes, incluidos funcionarios del Estado, contra estudiantes y personal tras las elecciones presidenciales”. Ver: párrafo #12 del informe “Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos” en https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/ahrc5958-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela-report
Detenciones y hostigamientos a miembros de la comunidad académica y activistas en el marco de las elecciones de mayo de 2025 en Venezuela
En los últimos años, en Venezuela se identificó la práctica de calificar a los universitarios afectados como “terroristas”, esta vez de parte del Ministro del Interior y Justicia, respondiendo a una política de estigmatización por parte de las autoridades públicas en la que los universitarios son vistos como enemigos del Estado. Estos eventos refuerzan la condición de específica vulnerabilidad de los miembros de la comunidad universitaria en Venezuela identificada por Aula Abierta 2 , producto de la política de Estado dirigida criminalizar la participación de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad universitaria en la discusión de los asuntos públicos venezolanos.
En mayo de 2025, el país realizó elecciones regionales y parlamentarias; pero la lista de universitarios detenidos sigue en aumento. Entre el 9 y el 25 de mayo de 2025, al menos cinco personas con vínculos académicos directos fueron detenidas o hostigadas: tres profesores universitarios, un investigador, un representante de federación estudiantil y una representante de asociación estudiantil. Uno de los incidentes incluyó actos de intimidación contra familiares de un profesor en el exilio, lo cual constituye un acto de represión transnacional. Estas represalias ocurrieron en el marco de la detención de 70 ciudadanos, justificada por el Ministro del Interior en un supuesto “Plan terrorista” para boicotear las elecciones del 25 de mayo de 2025. Se desconoce la identidad de la totalidad de detenidos, toda vez que el Ministro solo dio a conocer 16 nombres en su intervención. En alocución pública, el referido ministro informó que los universitarios representan el 27% de los detenidos identificados en la lista del Ministerio.
Estas represalias se suman a las documentadas desde las elecciones presidenciales de 2024. En este sentido, el marco del proceso de elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y la toma de posesión del 10 de enero de 2025 en Venezuela; Aula Abierta documentó la detención arbitraria de 42 universitarios, 27 estudiantes y 15 profesores, 10 de ellos liberados; hostigamientos a 37 personas, y la anulación del pasaporte a un docente universitario. De igual manera, en el mismo periodo de elecciones presidenciales se recibieron denuncias de 25 estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), de los cuales solo se pudo confirmar la identidad y ubicación de 4 y no se pudo verificar la identidad o número de desaparecidos restantes reportados en medios de comunicación, debido al temor a represalias de familiares y estudiantes compañeros. Asimismo, se recibieron denuncias de 71 estudiantes de la UNES que habrían sido expulsados, cuyas identidades tampoco han sido confirmadas debido al temor de víctimas y familiares a recibir represalias.
En el diálogo interactivo de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante la presentación del Alto Comisionado de Derechos Humanos durante la última semana de junio de 2025, desde la Sociedad Civil se han ratificado algunas de las denuncias aquí resumidas:
En Venezuela, el marco de los procesos electorales el 28 de julio de 2024 y el 28 de mayo de 2025, Aula Abierta ha documentado 79 incidentes de represalias en contra de profesores y estudiantes universitarios, para un total de 86 miembros de la comunidad universitaria afectados. A continuación se describen las detenciones documentadas en mayo de 2025:
Detención de Eduardo Torres
Eduardo Torres, abogado, miembro del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, de la organización no gubernamental PROVEA y Secretario de Reclamos y Contrataciones Colectivas del sindicato APUFAT–UCV, fue visto por última vez el 9 de mayo de 2025 en Caracas, tras salir de una reunión en las torres del Parque Central. Su paradero fue desconocido por varios días, constituyendo una desaparición forzada. El 17 de mayo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) reconocieron que se encontraba recluido en los calabozos de El Helicoide. Se le ha negado el derecho a visitas y contacto con sus familiares y abogados. Previamente a su desaparición, Torres ya era objeto de hostigamientos por parte de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. El Consejo Universitario de la UCV deploró su detención, destacando la violación de la libertad académica y el derecho a participar en la discusión de los asuntos públicos de los miembros de la comunidad académica.
Hostigamiento al profesor Cristofer Correia y sus familiares
Cristofer Correia es profesor de Políticas Públicas en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)⁷ y reconocido activista y defensor de derechos humanos. El 24 de mayo de 2025, el profesor Cristofer Correia denunció a través de su cuenta personal en Instagram, que funcionarios del Estado acudieron a su vivienda con una orden de captura en su contra. Al no encontrarlo, los funcionarios indicaron a su madre que la orden era “llevarse a los familiares en caso de no poder ubicarlo”. El profesor denunció que reside en España desde hace 9 meses y enfatizó que su labor como académico en materia de políticas públicas y su activismo político no pueden ser tomados como un
delito. Organizaciones han denunciado que este tipo de tácticas, conocidas como “Sippenhaft;, buscan presionar a los activistas, especialmente en el exilio, a través de la persecución de sus seres queridos.
Detención de Juan Pablo Guanipa
Juan Pablo Guanipa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ) fue detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas, tras meses de permanecer en la clandestinidad para resguardar su seguridad. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo vinculó con un supuesto grupo que planeaba ataques para el 25 de mayo, identificándolo como el “jefe de esta red terrorista”; que intentaba boicotear las elecciones. No se ha proporcionado información sobre cargos formales específicos ni su presentación inmediata ante un tribunal.
La CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de Juan Pablo Guanipa en octubre de 2024, reconociendo un “riesgo de daño irreparable a sus derechos”. Su partido, Primero Justicia, denunció un “secuestro”; y calificó la detención como una “escalada de violencia política” y “terrorismo de Estado”.
Detención de Carlos Marcano
Carlos Marcano es periodista egresado de la Universidad Monteávila y profesor universitario según informa el Sindicato de Trabajadores de Prensa (STNP). También es colaborador en el área de comunicaciones de diversas organizaciones venezolanas. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, aproximadamente a las 6:30 a.m., en su residencia de la urbanización Miranda, municipio Sucre, Caracas, durante un allanamiento realizado por agentes. El ministro Diosdado Cabello lo vinculó con el supuesto grupo de Juan Pablo Guanipa que planeaba ataques para el 25 de mayo. No se han especificado los cargos formales presentados contra él ni su estado legal actual más allá de la detención. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció su detención y ha
enfatizado la urgencia de que cese la criminalización y el uso de leyes penales para silenciar a los profesionales de la comunicación.
Detención de Enrique Jesús Gómez Méndez
Enrique Jesús Gómez Méndez es estudiante de Idiomas Modernos en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro activo de la Federación de Centros Universitarios (FCU–UCV). Su detención fue denunciada por la FCU-UCV el 23 de mayo de 2025 y se presentó en un contexto de represión contra el movimiento estudiantil y universitario en Venezuela. Su caso es indicativo de la criminalización de la protesta estudiantil y la restricción de la libertad de asociación y expresión dentro de las universidades. Las detenciones de estudiantes y activistas son parte de un patrón más amplio de represión que busca infundir miedo y desmovilizar a la sociedad civil.
Detención de Naomi Gabriela Arnaudez Ramos, Vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas (FEVECIPOL)
Naomi Gabriela Arnaudez Ramos, abogada y activista, fue detenida el 23 de mayo de 2025 en su domicilio en Caracas por funcionarios de seguridad no identificados, en el marco de una ola de arrestos previos a las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo de 2025. Arnaudez es reconocida por su labor en derechos de las mujeres y su vinculación con la Federación Venezolana de Centros de Investigación en Políticas Públicas (FEVECIPOL). Su familia denunció la falta de información sobre su paradero y exigió atención médica, así como el respeto al debido proceso. Hasta el 24 de mayo, no se había informado oficialmente a sus familiares sobre el lugar de reclusión ni los motivos formales de su arresto. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó la detención de más de 70 personas, entre ellas Naomi Arnaudez, en el marco de la llamada “Operación Tun Tun”, bajo acusaciones de conspirar para desestabilizar el proceso electoral. No hay información oficial sobre su paradero ni sobre el estado de su proceso judicial hasta la fecha de corte de esta investigación.
Detenciones de economistas por alertar sobre la crisis económica venezolana
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) manifestó el 19 de junio su preocupación y rechazo a las detenciones de varios economistas, entre ellos los Gerardo Cacique y Daniel Cadenas, egresados e integrantes del cuerpo docente de esta casa de estudios.
“Rechazamos las aprehensiones de reconocidos economistas venezolanos por su ejercicio profesional, sin ningún debido proceso ni justificación alguna. Faces reafirma categóricamente su compromiso inquebrantable con el libre ejercicio profesional de todos sus egresados”, manifestó la institución en un comunicado.
Según el Diario Versión Final, al menos ocho economistas han sido detenidos en las últimas semanas en un contexto donde el gobierno busca poner fin a supuestos grupos que difunden datos sobre el dólar paralelo para “desestabilizar” la economía venezolana.
Los arrestos contra economistas continuaron y el 12 de junio, en Maracaibo, fue detenido Rodrígo Cabezas, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ) y un reconocido militante de la izquierda política venezolana.
El Consejo Universitario de LUZ expresó el 13 de junio su preocupación por la privación de libertad a las que han sido sometidos algunos miembros del Personal Docente y Administrativo de esta casa de estudio. En este sentido, el Consejo pidió a las autoridades de justicia competentes a que sean respetados los derechos humanos de todos los detenidos, como está establecido en la Constitución de la República
Derechos universitarios violentados en Estados Unidos: ¿Una promesa rota en el referente global de democracia?
Ha sido ampliamente denunciado que desde inicios de 2025 se han generado cambios importantes que impactan la vida universitaria en los Estados Unidos. En algunos casos han sido denunciadas fuertes represalias contra universitarios e instituciones de educación superior por expresar sus desacuerdos con la nueva gestión presidencial en materia educativa, poniéndose en situación crítica el derecho a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y de conciencia; y representando graves amenazas o violaciones contra la libertad académica y la autonomía universitaria.
La plataforma Inside Higher Education, informó que el 18 de marzo de 2025, la Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL), recibió una misiva suscrita por la agencia de investigación médica del gobierno federal estadounidense “National Institutes of Health” (Institutos Nacionales de la Salud), la cual afirmó que programas de investigación basados primordialmente en “categorías artificiales y no científicas”, incluyendo “objetivos de equidad amorfos”, son antitéticos a la indagación científica, no contribuyen a expandir el conocimiento de los sistemas vivos, ofrecen bajos retornos de inversión y, en última instancia, no mejoran la salud ni prolongan la vida o reducen las enfermedades, lo cual ha empezado a generar repercusiones en la investigación científica.
Una de las investigadoras afectadas fue Katie Bogen, estudiante de doctorado en psicología clínica en la UNL, vio cómo su beca de $171,000 del NIH, vital para su investigación de tesis, fue cancelada. El estudio de Bogen, que buscaba arrojar luz sobre aspectos críticos de la revelación de violencia sexual entre mujeres bisexuales y su impacto en la salud mental, fue tildado de “no científico”, a pesar de su metodología y su evidente relevancia para la salud pública.
Si bien la priorización de objetivos de financiación se inscribe dentro del ámbito de la discrecionalidad administrativa gubernamental, el socavamiento de campos enteros de investigación científica, fundamentándose en sesgos ideológicos, constituye una violación directa del derecho humano a la libertad académica. Al respecto, conviene resaltar que el Primero de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, dispone que la libertad académica protege la diversidad de métodos, temas y fuentes de investigación.
En abril de 2025, un centenar de directores y sociedades académicas estadounidenses, entre las que se encuentran Harvard, Yale o Princeton, criticaron en un documento las interferencias que reciben por parte del gobierno de Trump. El documento se publicó luego de que la Universidad de Harvard demandara al gobierno para recuperar los fondos federales que la Administración había congelado una semana anterior por incurrir supuestamente en conductas antisemitas.
En el documento, la universidades expresan que “comparten el compromiso de servir como centros de investigación abierta donde, en su búsqueda de la verdad, el profesorado, el alumnado y el personal tienen la libertad de intercambiar ideas y opiniones desde una amplia gama de puntos de vista sin temor a represalias, censura ni deportación”.
¿Autonomía universitaria bajo amenaza en Estados Unidos?
Algunas directrices federales dictadas recientemente contra el desarrollo de programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en instituciones educativas amenazan con desmantelar programas esenciales bajo riesgo de pérdida de fondos.
Actualmente el gobierno federal busca reconfigurar las políticas internas de las instituciones educativas mediante directrices coercitivas que penden sobre su financiación, argumentando que: “Las instituciones educativas estadounidenses han discriminado a estudiantes por motivos de raza, incluyendo a estudiantes blancos y asiáticos… Colegios, universidades y escuelas K-12 han utilizado rutinariamente la raza como factor en admisiones, ayuda financiera, contratación, capacitación y otros programas institucionales”.
Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER
En consecuencia, la administración exigió que todas las instituciones educativas que reciben fondos federales deben:
- “Cesar toda dependencia de la raza, directa o indirectamente, en cualquier aspecto de sus operaciones, desde las admisiones hasta la ayuda financiera, la vivienda, las ceremonias de graduación o la disciplina”.
- “Cumplir con la ley de derechos civiles según se interpreta en la carta de 2025 enfrentando la posible pérdida de fondos federales en caso contrario”.
Recortes de Fondos en EE.UU. Paralizan Investigaciones Médicas Relevantes
La controversia por la cancelación de fondos de investigación en Estados Unidos escala a niveles críticos, trascendiendo el ámbito de los estudios sobre Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Se ha denunciado que ha afectado programas claves para la salud pública, por ejemplo [2]:
- La retirada de $18 millones anuales destinados a la Red de Ensayos de Medicina Adolescente para Intervenciones en VIH/SIDA. Esta decisión paraliza estudios fundamentales para comprender la prevención del VIH entre poblaciones juveniles vulnerables. Expertos advierten que “la pérdida del programa significaría detener ensayos en curso cruciales para ampliar las poblaciones que se benefician de los tratamientos emergentes contra el VIH”.
- Recortes a la Universidad de Columbia, incluyendo la cancelación de subvenciones que respaldaban la investigación de la Profesora Jeanine D’Armiento sobre enfermedades raras, una línea de investigación completamente ajena a cualquier agenda DEI.
Estas medidas que atentan contra la autonomía esencial de la comunidad científica y ponen en riesgo avances médicos, generan profunda preocupación en la comunidad científica internacional sobre el impacto de las decisiones gubernamentales en la lucha contra enfermedades que afectan a millones de personas en el planeta, en violación al Primero de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, en relación a la dimensión colectiva del derecho a la libertad académica.
Preocupante ataque contra la autonomía de Harvard: ¿Amenazas financieras buscan imponer un control ideológico?
La puesta en ofensiva del gobierno federal de Estados Unidos contra la autonomía de la Universidad de Harvard, intentando interferir en su gobernanza interna, en la composición de su personal docente y de investigación, así como en sus políticas de admisión estudiantil, ha generado alarma en la comunidad internacional.
El pasado 11 de abril de 2025, una carta firmada por los Departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos, y la Administración de Servicios Generales exigió cambios drásticos bajo la amenaza de severas represalias financieras contra la universidad. La misiva impuso [3]:
- La puesta en marcha de auditorías externas dirigidas a departamentos específicos, acusados de “alimentar el acoso antisemita”.
- El cierre inmediato de todas las oficinas, comités e iniciativas de DEI, “bajo cualquier nombre”, y la demostración de cumplimiento “a satisfacción del gobierno federal”.
Ante el firme rechazo de Harvard a estas demandas sin precedentes, el gobierno emitió una serie de medidas sancionatorias, entre éstas:
- Congelamiento de $2.2 mil millones en subvenciones y $60 millones en contratos.
- Planes para retirar $1 mil millones adicionales en fondos.
- El Departamento de Seguridad Nacional canceló $2.7 millones en subvenciones y amenazó con revocar la capacidad de Harvard para recibir estudiantes internacionales.
- El IRS (Servicio de Impuestos Internos) presuntamente se encuentra considerando revocar el estatus de exención de impuestos de Harvard, según fuentes no oficiales.
Estas acciones representan una grave violación de la autonomía universitaria, principio clave para la garantia de la libertad académica. Al utilizar amenazas financieras y legales para imponer un objetivo político se socavan los cimientos de las instituciones académicas. Estas medidas constituyen una flagrante violación de los Principios 2 y 4 de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, toda vez que las instituciones académicas deben estar libres de la injerencia gubernamental en su gobernanza, enseñanza y prioridades de investigación. Más aún, imponer medidas presupuestarias para castigar a las instituciones por su disidencia ideológica contraviene la prohibición expresa en el Principio 4 (vi) contra el uso de la presión fiscal como herramienta de represalia política.
Llamado desde la Comunidad Internacional
Las recientes medidas implementadas por las autoridades federales de Estados Unidos constituyen violaciones graves de los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, particularmente en lo concerniente a la libertad académica y la autonomía institucional, estableciendo un peligroso precedente no solo para las instituciones académicas dentro de Estados Unidos, sino a nivel global, dada la importancia de los EE.UU. como referente en materia de libertad académica y la autonomía universitaria, y de libertades en general.
Las acciones provenientes del gobierno federal anteriormente descritas infringen varios de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, entre éstos:
- Infringen el Principio 1 al suprimir la diversidad de la investigación y la libertad de indagación.
- Violan el Principio 2 al socavar coercitivamente la autonomía de gobierno de las universidades.
- Quebrantan el Principio 3 al obstruir medidas afirmativas destinadas a corregir la discriminación histórica contra grupos de personas vulnerables.
- Contravienen el Principio 4 al utilizar fondos públicos y procesos de acreditación como armas contra instituciones críticas.
Ante estas graves violaciones, resulta imperativo que la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y las instituciones académicas de todo el mundo permanezcan vigilantes y exijan el cese inmediato de estas medidas coercitivas en cualquier país del mundo, independientemente de las corrientes ideológico-políticas que representen sus gobiernos de turno. La defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria es esencial para sostener sociedades democráticas, fomentar la innovación y promover el derecho humano a la educación.
