ONU: Universitarios venezolanos detenidos tras la elección del 28 de julio sufren graves violaciones de derechos humanos
Prensa Aula Abierta-. La Naciones Unidas alerta sobre el impacto del deterioro de la salud de las y los estudiantes universitarios privados de libertad tras las protestas tras la elección presidencial del 28 de julio. La juventud ha visto interrumpida sus vidas y estudios debido a la falta de atención médica y las condiciones inadecuadas en las que se encuentran. Este escenario no solo afecta su salud, sino que también pone en riesgo su desarrollo académico y profesional, exacerbando la crisis educativa en el país.
La juventud universitaria figura entre los principales grupos en situación de vulnerabilidad de las graves violaciones a los derechos humanos. Según el comunicado difundido por órganos adscritos a procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “muchas de las personas detenidas son jóvenes estudiantes de diversas universidades. En varios casos, se reportan que estas personas no participaron en las protestas y algunas se encuentran en graves condiciones de salud (incluyendo fuertes depresiones y crisis de enfermedades prexistentes)”, expresa el párrafo “e” de la página 15.
Igualmente, advierte sobre violencia contra los espacios universitarios afirmando que “el 1° de agosto de 2024, se reportó un ataque a la Biblioteca Gustavo Leal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), tras el pronunciamiento de la UCV respecto a los eventos relacionados con las elecciones presidenciales de 2024”.
La ola de violencia y represalias no solo se desató tras la elección del 28 de julio. Naciones Unidas destacan que “los días previos a las elecciones, se le habría impedido la entrada al país a decenas de observadores electorales internacionales convocados por los partidos de la oposición, incluyendo Congresistas y diputados/as, exalcaldes, expresidentes, representantes de la sociedad civil internacional, personas de la academia y del sector empresarial, entre otros. Ante críticas recibidas por presuntas irregularidades en el proceso electoral, el Gobierno de Su Excelencia retiró su personal diplomático en siete países de la región, generando una crisis diplomática en el continente”.
Órganos adscritos a procedimientos especiales de ONU también advirtieron que en Venezuela se han realizado “posibles detenciones arbitrarias generalizadas, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, hostigamiento, persecución y judicialización de activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas/os, miembros de partidos políticos y personas percibidas como opositoras”.
Violaciones al debido proceso y cancelación de pasaportes
Naciones Unidas expresó su preocupación ante las presuntas restricciones de salidas del país con la anulación arbitraria de los pasaportes de decenas de activistas, personas defensoras de derechos humanos, representantes y empleados de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, y otras personas que pudieran ser percibidas como opositoras.
“Se alega la existencia de una lista que contendría más de miles de nombres de personas sujetas a estas restricciones. En algunos casos, al parecer, estas restricciones no implican la anulación oficial de los pasaportes, sino que impiden que el sistema utilizado en el proceso migratorio en el aeropuerto, pueda leer la información del chip de los pasaportes, lo que resultaría en la confiscación del documento y, en algunos casos, en la detención de la persona”.
En este sentido, agrega que “estas restricciones afectarían a diversos sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos, activistas, académicos y empresarios”.
Cabe recordar que en agosto de 2024, Aula Abierta catalogó a la presunta anulación de pasaportes como una “nueva práctica represiva, la anulacion o revocación de pasaportes a opositores políticos y académicos críticos tanto dentro como fuera de Venezuela, tal como se ha realizado en Nicaragua en los últimos años”.
El 3 de agosto de 2024, Aula Abierta recibió denuncias sobre la anulación del pasaporte del activista de derechos humanos Yendri Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTQ+. Velázquez, quien tenía como destino Ginebra, Suiza, para participar en el 113ª período de Sesiones del Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la ONU.
El 05 de agosto de 2024, el periodista residenciado en Ecuador, Jefferson Díaz, denunció en sus redes sociales que su pasaporte venezolano fue anulado. Asimismo, el 06 de agosto indicó que recibió, posterior a su denuncia pública, 10 testimonios de migrantes venezolanos en Ecuador a quienes se les notificó la anulación del pasaporte. Expone que entre los 10 venezolanos afectados se encuentran su esposa, activistas políticos y sociales.
Asimismo, el 06 de agosto de 2024, el académico, abogado y activista Romer Rubio, quien fue profesor universitario en Venezuela, denunció desde la Embajada de Venezuela en Chile que su pasaporte fue anulado, lo que representa una violación al derecho a la identidad, la identificación y la libertad de tránsito.
Igualmente, el coordinador del partido político Voluntad Popular en Ecuador, Luis Magallanes, denunció ante los medios de comunicación que su pasaporte fue anulado. Aseguró que su pasaporte vencía en el 2032, a pesar de ello les notificaron el procedimiento irregular. También reportó que tiene casos confirmados de países como Chile, Argentina y Colombia, en donde han anulado los pasaportes de activistas, políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general.
