Sociedad civil urge ante ONU seguir de cerca violación de derechos humanos y cierre del espacio cívico en Venezuela
En el marco de la 57° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de septiembre de 2024, organizaciones de la sociedad civil de la comunidad internacional advierten:
“Venezuela requiere atención urgente de la comunidad internacional. El gobierno prepara unas mega elecciones para 2025 mientras: Unos 5 millones de venezolanos de los 8 que fueron forzados a salir del país no pudieron inscribirse en el registro electoral. Al menos 2.5 millones de jóvenes entre 18 y 25 años fueron impedidos de inscribirse en el Registro Electoral.
Desde el 28 de julio se ha aterrorizado a miembros de mesas y testigos electorales de la oposicion, incluso algunos han sido apresados, desmantelando cualquier posibilidad de transparencia electoral. Se han cometido las peores violaciones de derechos humanos contra varios miles percibidos como opositores políticos incluyendo a adolescentes, mujeres y jóvenes universitarios. Hay unos 2500 presos políticos, incluyendo a los profesores Rocío San Miguel y Javier Tarazona.
Desde el 28 julio se agravó el cierre del espacio cívico y se han documentado prácticas de represión trasnacional. Debe cesar la anulación de pasaportes, la represión, intimidación, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y la violencia. Todas las instituciones están coptadas por el gobierno anulando absolutamente la separacion de poderes. La reciente decisión de la Sala Electoral (TSJ) refrendó resultados electorales del 28J sin tener evidencia alguna y sin un debido proceso.
Hoy se persigue a fiscales que se niegan a “cumplir órdenes para violar los derechos humanos”. Requerimos que sean escuchados los órganos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto el gobierno expulsó a Alto Comisionado, insulta a expertos electorales de ONU, a la OEA, CIDH, a representantes de procedimientos especiales, en un contexto de política de terrorismo de Estado. Requerimos se renueve el mandato de la FFM, esencial para lograr justicia porque el sistema de justicia en Venezuela es un brazo del aparato represivo, no es independiente y no investiga violaciones a derechos humanos.
Les suplicamos entender que el cese de la violencia y los órganos de protección actuando representa el punto de partida de cualquier diálogo, negociación o propuesta”.
