Detención de la profesora y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel vulnera también la libertad académica y la democracia
Aula Abierta rechaza la detención arbitraria y la desaparición forzada por más de cuatro días de la profesora universitaria y defensora de derechos humanos en Venezuela Rocío San Miguel, desde que fuera abordada por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el pasado 9 de febrero 2024.
San Miguel, es abogada, presidenta de la ONG Control Ciudadano y ha sido profesora de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana de Caracas en Venezuela. Durante más de 10 años, ha impartido clases de Derechos Humanos en las escuelas superiores de la Fuerza Armada Nacional. Es especialista en temas militares y de seguridad nacional y analista académica en relación al funcionamiento, estructura, equipos y presupuesto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Venezolana y temas conexos.
Desde su área de experticia, ha investigado y hecho seguimiento de los compromisos del Estado venezolano relativos a obligaciones internacionales, entre éstas las relativas al Estatuto de Roma, a partir de lo cual ha producido diversas publicaciones. También ha sido conferencista en foros y eventos nacionales e internacionales de alto nivel sobre las temáticas de su competencia. Además ha ejercido una voz académica crítica nacional e internacionalmente frente a la prensa alertando sobre las principales preocupaciones en el área de su experticia académica.
El 18 de enero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, en Venezuela. En la solicitud de medidas cautelares se dispone que Rocío San Miguel habría venido siendo objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio, en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano.
Asimismo, desde su labor como defensora de derechos humanos ha denunciado la política de discriminación en Venezuela a partir del uso de la “Lista de Tascón” y otros registros oficiales, llevando su caso al Sistema Interamericano y obteniendo sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela, 8 de febrero de 2018).
San Miguel tomó una posición crítica con respecto al referendo consultivo impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro sobre el Esequibo el 3 de diciembre de 2023, específicamente sobre las tres últimas preguntas, las cuales negaban la implementación del derecho internacional por parte del Estado Venezolano.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Venezuela, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija. Sin embargo, no fue hasta las 5pm del 11 de febrero, que el titular del Ministerio Público Tarek William Saab reconoció a través de su cuenta de X la detención de la profesora, alegando una supuesta orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada a tramas conspirativas e intento de magnicidio. Este gravísimo hecho viola disposiciones internacionales contra la desaparición forzosa, así como el deber de los Estados de no practicarla, permitirla ni tolerarla; lo cual se corresponde a hechos muy graves que desde órganos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos o la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional son investigados como posibles prácticas reiteradas contra personas percibidas como opositoras del gobierno.
Patrones de hostigamiento y persecución contra académicos y defensores de derechos humanos
El caso de la profesora San Miguel, no es aislado, forma parte de una política de hostigamiento y persecución del Estado venezolano contra los académicos y activistas de derechos humanos que emiten opiniones críticas sobre la gestión del gobierno basadas en sus investigaciones. En julio de 2021, también fue detenido arbitrariamente el profesor de Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y director de FundaRedes, Javier Tarazona, a pesar que, -al igual que Rocío San Miguel-, él e integrantes de su equipo gozaban de Medidas Cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 18 de junio de 2020.
En 2020 la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, así como el profesor Freddy Pachano (Director del Postgrado de Medicina de la Universidad del Zulia) fueron amenazados por actores estatales a partir de sus pronunciamientos críticos basados en su experticia académica sobre la pandemia de Covid-19. En 2017 el profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo fue aprehendido y procesado ante la jurisdicción militar como represalia por sus publicaciones científicas críticas al modelo económico implantado por el gobierno venezolano.
Los hechos descritos no sólo denotan la existencia de una política de Estado dirigida a la reducción del Espacio Cívico en Venezuela sino también en contra del profesorado con experticia académica que, al participar en el debate crítico sobre temas de interés público “sensibles para el gobierno”, es víctima de persecución, amenazas y represalias, evidenciando esa relación indisoluble entre el ejercicio del derecho humano a la libertad académica y la democracia.
Graves violaciones a la libertad académica
La detención de un académico o académica de gran experticia representa una grave violación a su libertad académica y derechos conexos. Además, al apartarlo del debate público crítico impacta la democracia en una sociedad a la que se le priva del acceso a una información especializada. Asimismo lo aparta del aula de clases, donde la comunidad académica padece su ausencia afectando la educación de calidad y para la formación en democracia de los miembros de esa comunidad académica (estudiantes, profesores, investigadores, comunidad en general). Se trata de la violación de la libertad académica vinculada a otras violaciones a derechos conexos como la educación, la libertad de expresión o asociación, entre otros, todo lo cual trastoca la democracia y el desarrollo mismo de las sociedades.
En Venezuela, esta práctica se agrava ante la política que persigue silenciar a las organizaciones no gubernamentales críticas y la sociedad civil en general, en un año donde se discute la implantación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las organizaciones no gubernamentales que busca el cierre definitivo del espacio cívico en el país.
Recordamos que los principios Interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan que el uso del derecho penal para castigar a personas en ejercicio de su libertad académica es incompatible con las protecciones que brinda el sistema interamericano a ese derecho.
La libertad académica es un derecho humano. Cuando los gobiernos atentan contra ella a través de figuras como el vilipendio, el hostigamiento policial y el uso arbitrario de la administración de justicia, privan a la sociedad del aporte que los académicos ofrecen a la labor de lograr que prevalezca la verdad.
Aula Abierta insta al gobierno de Venezuela a la liberación inmediata de la profesora universitaria Rocío San Miguel y exigen que mientras permanezca en prisión se respete su integridad física y psicológica, y se cumplan con las normas del debido proceso y su derecho a la defensa conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Igualmente, exige el cese de la política de Estado contra las y los académicos críticos como la profesora San Miguel y el profesor Javier Tarazona, ambos directivos de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos en Venezuela.
Se hace un llamado a la comunidad internacional, a los órganos de derechos humanos de los distintos sistemas internacionales de protección, así como a las organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública en general para que se sumen a la causa de la libertad académica en su vinculación directa con la democracia y el desarrollo de las sociedades.
