Organizaciones civiles alertan sobre un proyecto de Ley que pretende cerrar definitivamente el espacio cívico en Venezuela

Organizaciones civiles en Venezuela suscribimos un comunicado advirtiendo sobre la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional (AN) y que tiene como objetivo cerrar de manera definitiva el espacio cívico en el país. Estas organizaciones argumentan que esta ley representa una amenaza para la libertad de expresión, la participación ciudadana y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos llegar, una vez más, a la comunidad nacional e
internacional nuestra alarma y profundo rechazo a la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y
Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” que la Asamblea Nacional (AN) ha
reactivado a través de un aparente proceso de consulta pública con el fin de llegar a su posible aprobación, a
pesar de que durante el año 2023 el Estado recibió fundamentadas y numerosas objeciones de la comunidad
internacional tanto de la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Misión Independiente de Determinación de los Hechos y de
la sociedad civil nacional e internacional sobre la improcedencia de esta ley, por su carácter abiertamente
violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos, ya que ocasionaría el cierre
definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de
la sociedad venezolana.

Con claros vicios de proceso, sin un texto publicado por parte de la AN ni por ningún ente público, del que se
conoce solo una versión extra oficial, aun cuando el proyecto de ley fue aprobado en primera discusión hace un año, el 24 de enero del año 2023, y sin una convocatoria previa, amplia y plural por medios masivos u oficiales, el 12 de enero fue iniciada la llamada consulta en la sede de la AN en Caracas y televisada por el canal del
parlamento, en la que fue pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil
venezolana ya que se volvió a exponer una lista preexistente de 62 organizaciones acusadas de delitos
sancionables con esta ley, y se llevó a cabo en presencia mayoritaria de cuerpos militares y de inteligencia
policial.

La ley persigue propósitos inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales en
materia de derechos humanos, por lo que no admite consulta ni mejora posible, tal como ha sido expresado por
los órganos de protección de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana, en defensa de sus derechos,
exigiendo al Estado “derogar o abstenerse de adoptar cualquier medida o ley que pueda limitar el ejercicio
del derecho a la libertad de asociación o dé lugar a un control indebido de las organizaciones de la
sociedad civil o una injerencia en sus actividades, y establecer un entorno seguro y propicio para que
todas las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar sus actividades sin temor a represalias” en
todos sus ámbitos de desempeño civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Les invitamos a leer el comunicado completo aquí: Continúan los avances para imponer una Ley contra la sociedad civil y cerrar definitivamente el espacio cívico