Informe del Alto Comisionado en la ONU reitera que persisten dificultades para acceder a una educación de calidad en Venezuela
El 5 de julio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, (ACNUDH) presentó su informe de la “Situación de derechos humanos y recomendaciones al Estado venezolano” describiendo las dificultades de las y los universitarios para acceder a una educación de calidad, así como carencias presupuestales de las universidades impuestas por el gobierno nacional.
La Oficina del Alto Comisionado realiza una descripción de las principales violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Respecto al derecho a la educación de calidad, la oficina denuncia que:
“6.Persistieron las dificultades para cumplir las condiciones mínimas para una educación de calidad, especialmente fuera de las zonas urbanas, incluyendo en lo que respecta a infraestructuras (agua, electricidad, transporte), nutrición, condiciones de trabajo y disponibilidad de personal”.
Las universidades se enfrentaban a problemas de financiación insuficiente, ya que algunas sólo recibían entre el 1% y el 2% de su presupuesto anual asignado. El ACNUDH recibió informes de que los profesores y el personal no pueden sobrevivir con sus salarios, lo que les obliga a buscar fuentes alternativas de ingresos y a abandonar su profesión. El ACNUDH llama a las autoridades para que adopten medidas que permitan y ayuden a las personas y a las comunidades a disfrutar del derecho a la educación, entre otras cosas, garantizando la provisión adecuada de recursos financieros, humanos y de infraestructura.
De igual manera, el informe denunció las violaciones sufridas por los trabajadores públicos en Venezuela, entre ellos los profesores universitarios, a raíz del instructivo ONAPRE. El ACNUDH indicó:
“16.La sociedad civil informó que las protestas laborales constituyeron el 47% de todas las protestas a nivel nacional en 2022. Esto incluye las protestas pacíficas en curso, desde abril de 2022, en respuesta a un ajuste de la escala salarial que reduce los ya bajos salarios de los funcionarios públicos en aproximadamente un 40 por ciento siguiendo una supuesta instrucción de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). Las fuerzas del orden habrían amenazado a los líderes de las protestas.
“17.El 24 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un recurso presentado por un grupo de jubilados contra la instrucción de la ONAPRE. El Tribunal afirmó que la acción constituía una “perturbación y ejercicio abusivo de una acción judicial”, multó a cada jubilado con aproximadamente 50 USD y declaró que debían determinarse posibles responsabilidades “penales, disciplinarias, administrativas y/o civiles”. Los sindicatos de profesores declararon que la decisión del TSJ era una forma de intimidación contra las acciones en defensa de los derechos laborales. En septiembre de 2022 también se desestimaron otros recursos administrativos y se impusieron multas. El 16 de noviembre, el Tribunal anuló la multa por razones humanitarias tras una petición de los jubilados.”
Finalmente, el ACNUDH establece que “ 72. (…) Venezuela debe tomar medidas, hasta el máximo de sus recursos disponibles, con miras a lograr progresivamente la plena realización de los derechos económicos y sociales; así como asegurar un entorno propicio para el pleno ejercicio de otros derechos humanos, incluso abordando los desafíos que afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas, las personas LGBTIQ+ y las mujeres.
La Oficina pide que se investiguen con prontitud, independencia, imparcialidad y eficacia, a todos los niveles de responsabilidad, las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la integridad de las personas, la libertad y la prohibición de la tortura. Venezuela debe adoptar medidas para prevenir, mitigar y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización de personas con voces consideradas disidentes, y asegurar la participación significativa, inclusiva y vial de los actores, para garantizar el pleno disfrute del espacio cívico”.
- Además de las recomendaciones formuladas anteriormente (véase el anexo), el Alto Comisionado llama a la República Bolivariana de Venezuela a:
- Reactivar el proceso de demarcación de las tierras de los pueblos indígenas, que deberá llevarse a cabo respetando la participación plena y significativa y el consentimiento informado de los pueblos indígenas;
- Elabore y adopte un protocolo sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales y dirigentes sindicales y laborales en situación de riesgo. Tomar las medidas adecuadas para poner fin a los actos de estigmatización por parte de personas funcionarias públicas y adoptar las medidas de rendición de cuentas correspondientes;
- Aplique plenamente los compromisos adoptados en el plan de acción del Foro de Diálogo Social de febrero de 2023; lleve a cabo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y efectivas de todas las alegaciones de violaciones de los derechos a la libertad de asociación, incluido el derecho a sindicarse, y de reunión pacífica, y lleve a todas las personas responsables ante la justicia; adopte medidas concretas para abordar las causas de fondo de las protestas de trabajadores, trabajadoras y personas jubiladas, incluidos los salarios y las condiciones laborales;
- Adoptar medidas para garantizar el disfrute del derecho a la salud, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto, prestando especial atención a las necesidades diferenciadas de las mujeres;
- Acelere la adopción del proyecto de ley sobre igualdad de género, actualmente pendiente en la Asamblea Nacional, y elabore un plan de acción nacional para abordar la violencia de género en consonancia con las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;
- Adoptar medidas para garantizar el goce de los derechos humanos, libres de discriminación, incluyendo una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, además de la implementación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil;
- Desarrollar una política integral y unas directrices sobre la ejecución oportuna de las órdenes de liberación, los programas de redención de penas y su cómputo, garantizando al mismo tiempo el pleno acceso y la transparencia de los procedimientos que se establezcan;
- Garantice investigaciones y procedimientos judiciales rápidos, independientes, efectivos, imparciales, transparentes, exhaustivos y creíbles en los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, denuncias de tortura u otras formas de malos tratos y desapariciones en alta mar; detenga, procese y castigue a los responsables, incluidos los superiores jerárquicos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y proporcione a las víctimas plena reparación;
- Garantizar el cumplimiento efectivo de las reformas al COPP destinadas a reducir la detención preventiva, incluyendo el examen oportuno de las solicitudes presentadas y de los casos que calificarían para la aplicación del artículo 230 del COPP;
- Promover consultas públicas transparentes, amplias, inclusivas y significativas antes de la adopción de leyes, políticas o proyectos públicos;
- Garantice que la aplicación de la legislación sobre delitos motivados por el odio e incitación al odio cumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhiere al Plan de Acción de Rabat;
- Revisar la legislación sobre interceptación de comunicaciones y recopilación y uso de datos personales para garantizar el cumplimiento del derecho a la intimidad;
- Establecer un plan de regularización que permita a las emisoras de radio acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica, incluso mediante la participación efectiva de representantes del sector, organizaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y otros actores interesados;
- Establecer mecanismos para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de información pública de la sociedad civil;
- Garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos;
- Ampliar la cooperación con el ACNUDH con vistas a aplicar las recomendaciones basadas en los derechos humanos, incluidas las derivadas de mecanismos internacionales, como los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;
- Inste a las autoridades venezolanas a que, en virtud del principio de complementariedad, sigan cooperando con el OTP y demuestren su voluntad y capacidad para emprender las investigaciones y enjuiciamientos nacionales pertinentes de alcance suficiente, con miras a garantizar la debida rendición de cuentas de conformidad con las normas internacionales;
- Aprovechar la cooperación preexistente con el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OIT;
A los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional,
- Fomentar el apoyo al proceso de diálogo nacional y la aplicación de los acuerdos alcanzados, y levantar las sanciones sectoriales que agravan los problemas preexistentes y repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos de la población.
Lea el informe sobre “Situación de los derechos humanos en Venezuela” presentado por el Alto Comisionado, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 5 de julio de 2023
