Universitarios y sociedad civil, los más vulnerables ante la falta de Estado de Derecho
José Rangel – Equipo Aula Abierta
Venezuela sigue en el centro de debate desde el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En marzo de 2023, el Alto Comisionado, Volker Turk, y la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, reiteraron su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el cierre del espacio cívico contra los universitarios y la sociedad civil.
Para el profesor universitario, Carlos Lusverti, el problema estructural que padece Venezuela se debe a la falta de independencia del Poder Judicial que ha contribuido con las restricciones contra la libertad de expresión y amenazas contra las organizaciones civiles como el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines.
“Desde 2021, el Alto Comisionado de la ONU mencionó la necesidad de un proceso de reforma judicial que restableciera garantías independientes del poder judicial y del debido proceso. Tanto el Alto Comisionado como la Misión Internacional Independiente, saben que el problema es la falta de independencia del Poder Judicial y en Venezuela no toman en consideración las recomendaciones de organizaciones que defienden los derechos humanos”, explicó Lusverti durante una entrevista en Aula Abierta Radio el pasado 23 de marzo.
La ONG Aula Abierta, junto a centros y organismos de derechos humanos universitarios venezolanos, documentaron que al menos 339 estudiantes universitarios y 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente durante las protestas de 2017 debido a su rol crítico contra el gobierno.
La ONG evaluó los casos icónicos tomados como muestra por la Fact-Finding Mission (Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela) en sus dos primeros informes de 2020 y 2021. Aula Abierta encontró que los estudiantes universitarios fueron las principales víctimas de detenciones arbitrarias en el 47,8% de los casos documentados en el informe de 2020 y el 13,5% de los casos documentados en 2021, ejecuciones extrajudiciales, en el 45% de los casos documentados en 2020 y el 50% de los documentados en 2021 y desapariciones forzadas, en el 25% de los casos documentados en 2020; también tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el 53% de los casos documentados en 2020.
Violaciones que se convierten en crímenes de lesa humanidad
Sobre la relevancia de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, la profesora universitaria, Andrea Santacruz, resaltó que los últimos informes han servido como información garante que ha sido publicada por el propio fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
Según el artículo 2 del Estatuto de Roma debe establecerse una cooperación entre las Naciones Unidas y la CPI. La información dada por la Misión Internacional Independiente mantiene su enfoque desde el derecho internacional y sostiene los argumentos que muestran que las violaciones de derechos humanos en Venezuela alcanzaron el umbral de crímenes de lesa humanidad, explica la integrante de la ONG Civilis DDHH.
En el primer informe de 2020, la Misión identificó una política contra las personas opositoras y sus familiares por parte del Estado venezolano desde las protestas de 2017. En este ámbito, la persecución se dio contra aquellos que manifestaban contra las políticas del gobierno, incluyendo sus familiares. Las víctimas han sido encarceladas, torturadas e incluso, asesinadas.
Cuando la CPI inició la investigación a Venezuela, indicó que contaba con elementos sustentables y fuertes que evidenciaban crímenes de lesa humanidad desde abril de 2017 sobre cuatro actos como violación sexual, torturas, encarcelamiento y persecución. Sin embargo, no excluye ningún otro acto establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, donde figuran los asesinatos, argumento que también solicitan las víctimas para que sean investigados.
